Gómez cree que la reforma de las pensiones evitará la “quiebra” del sistema

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, afirma que la reforma de las pensiones evitará la quiebra del sistema en 15 años y considera “normal” que haya fuentes alternativas de financiación del sistema “a medio y largo plazo”.

En una entrevista al diario El Correo, asegura que el Gobierno central quería una reforma “ambiciosa”, que lograra despejar las “incertidumbres” en el medio y largo plazo sobre el sistema de pensiones y también quería que “fuera pactada y que tuviera un amplio respaldo parlamentario, el mayor si fuera posible”. “Y estamos en esos tres factores muy cerca del nivel óptimo. Por tanto, sí se parecen los cambios acordados con lo que planteábamos”, añade.

Gómez, que ha indicado que tanto el Gobierno como los sindicatos han hecho “concesiones” en la negociación, niega que la reforma esté alejada de la doctrina socialista y se acerque a una concepción neoliberal de la economía y explica que la tradición del discurso socialista es tener instituciones que “protejan a los más débiles, desde la cuna hasta la tumba, con educación gratuita, derecho a la vivienda, protección contra el desempleo, acceso a la sanidad y una pensión”.

En este sentido, asegura que lo que están haciendo es garantizar esta parte del capítulo de protección social “que caracterizó a los grandes consensos socialdemócratas de la postguerra mundial”. “El objetivo es consolidarlo porque ¿para qué sirve un sistema de pensiones de reparto que quebraría en quince años?”, se pregunta.

El titular de Trabajo dice que las previsiones apuntan a que se ahorrarán tres puntos de PIB en 2040 con la reforma, que es un “impacto importante, en unos cambios que serán plenamente efectivos a partir de 2027”.

Gómez indica que se está ante la mayor reforma de las pensiones de la historia democrática española y señala que es el único caso en Europa, salvo el de Suecia, en que se ha hecho por acuerdo, lo que configura un panorama “que no es el óptimo, pero se le parece mucho”.

El ministro señala que van a terminar la elaboración de un catálogo que fijará qué ocupaciones tienen más riesgos por el avance de la edad y que en un plazo de unos seis meses podría estar “muy avanzado”.

Preguntado por si se pedirá un esfuerzo de cotización a los beneficiados, asegura que puede haber cotización o coeficientes reductores más bajos por adelantar la jubilación, pero precisa que no han entrado todavía en ese capítulo.

VÍAS DE FINANCIACIÓN

Gómez manifiesta que esta reforma abre la puerta al análisis de una financiación complementaria, en el que “hablemos de que las prestaciones de carácter universal -no contributivas- sean asumidas por el Estado en un acuerdo razonable, a la vez que pueda haber esquemas de financiación complementaria del sistema público”.

“¿Por qué razón? Porque las cotizaciones sociales llevan muchos años asentadas entre el 9 y el 9,5 por ciento del PIB. Si en el futuro se va a gastar del 12 al 12,5 por ciento y las cotizaciones no se alteran -y no debemos elevarlas en términos de PIB-, lo normal es pensar que tendrá que haber fuentes de financiación alternativas en el medio y largo plazo. Esta es la reflexión que abrimos para después de 2027, porque hasta ese momento no se va a necesitar financiación complementaria”, añade.

El titular de Trabajo indica que el aumento del periodo de cómputo implica hacer más contributivo el sistema y también la jubilación a los 65 para los que tienen carreras más largas de cotización. A su juicio, lo mismo sucede al exigir más tiempo de afiliación para acceder a la jubilación parcial o anticipada. “Toda la reforma está hecha en esa dirección: la de una mejor relación entre la aportación hecha y la prestación que se recibe. La compra de una pensión se dificulta muchísimo”, precisa.

Gómez cree que no tiene sentido mantener los complementos de mínimos de los que se jubilen anticipadamente, aunque se mantendrán en el caso de lo que accedan a la prestación con 15 años de cotización.

“Y es que una novedad importante de la reforma es el retiro voluntario a partir de los 63 años, sin que se produzca un despido, con un coeficiente reductor, que será más pequeño cuanto más se haya cotizado”, apunta.

El ministro de Trabajo indica que esta medida tendrá poca incidencia en el régimen general, pero sí en el de autónomos, donde las bases de cotización mínimas están “muy extendidas”. Añade que este colectivo tendrá que mejorar su cotización para que sea “atractiva esta vía, lo cual fomentará, a su vez, una mayor contributividad del sistema”.

Por otra parte, respecto a las medidas relativas respecto al trabajo a tiempo parcial, asegura que es una “medida excepcional”, para este año, que persigue que “las empresas que comienzan a recuperarse y no se atreven a contratar, que lo hagan, sabiendo que en todo un año no pagarán cotizaciones sociales si tienen menos de 250 trabajadores”. “Se busca así adelantar decisiones de contratación. Más adelante incentivaremos el tránsito del contrato a tiempo parcial a indefinido o a jornada completa”, manifiesta.

Respecto a la negociación colectiva, asegura que pretenden que la regulación intermedia -pactos provinciales- “vaya desapareciendo”. “Debería ser el sector estatal el que prime, y, a lo sumo, el autonómico, pero con la perspectiva de que en la negociación en la empresa se cuantifique el salario, la jornada. El soporte teórico de esta doctrina indica que es mejor una negociación muy centralizada o muy descentralizada, tipo empresa, ya que los modelos intermedios no tienen tanto éxito”, apunta.

Por otra parte, afirma que está descartado acabar con la ultraactividad de los convenios porque España “no va a ser una excepción, y lo sería si no siguieran vigentes tras cumplir el plazo para el que fueron suscritos”.