Hacienda no somos todos

Su caso ha saltado a los medios de comunicación a través de una carta al director en diversos periódicos. La historia es, desgraciadamente, conocida entre muchos jóvenes que se han animado a comprar una vivienda, pidiendo un préstamo con ayuda de sus padres y que, en el camino, han tenido que aprender términos farragosos más propios de una oposición a notarías que de un simple contrato de compraventa.

Es el caso de una joven logroñesa, que prefiere reservar su identidad ya que su caso está en proceso judicial, para evitar posibles represalias. Hace cuatro años, esta joven ayudada económicamente por sus padres quienes les proporcionaron una pequeña cantidad de dinero para acceder a una vivienda, compró un piso “de 40 metros cuadrados” en Logroño. A través de la entidad bancaria con la que suscribió la hipoteca contrató un servicio de gestoría para que le asesorase en los pasos a seguir a la hora de escriturar la vivienda.

Esa misma gestoría le aconsejó que acudiera a la Delegación de Hacienda del Gobierno de La Rioja para declarar la donación económica que había recibido de sus padres por la cual pagó el IVA correspondiente.

Los tres, sus padres y ella, acudieron al notario para que diera fe del proceso y supervisara el proceso de compra, por sus servicios el Notario cobró la friolera de 3.000 euros.

Y así se convirtió en propietaria de su primera vivienda aunque tendría que pagar la hipoteca de su piso hasta 2047. Como muchos jóvenes riojanos y españoles.

La pesadilla comenzó hace unos meses. En octubre del año pasado, la joven recibe una carta de Hacienda de La Rioja reclamándole 10.000 euros en concepto del impuesto de Transmisión ya que, según se indicaba en la misiva, en la compra de su vivienda no correspondía pagar el IVA sino este impuesto, además de los intereses de cuatro años de demora, a pagar en un mes.

La joven propietaria, todavía sin llegar a creérselo del todo, acudió a la Delegación de Hacienda de La Rioja con la carta buscando una explicación. “Les dije que yo ya había pagado mis impuestos y que el notario en ningún momento me había advertido de la necesidad de pagar este otro impuesto de transmisiones y la respuesta literal de la funcionaria es que el notario no tenía por qué saber las cosas, que los notarios se limitaban a firmar y que nosotros, los compradores, deberíamos estar informados”, comenta la joven.

Ante tal contestación, la propietaria decide contratar un asesor fiscal para intentar solucionar el asunto. El mismo asesor le informa que se trata de un conflicto de intereses entre el Gobierno autonómico y el central: de la recaudación del impuesto del IVA se encarga el Gobierno central y del Impuesto de Transmisiones, el gobierno autonómico.

“Como el Gobierno de La Rioja necesita recaudar dinero por donde sea está peinando todas las escrituras para ver dónde encuentra fallos, errores... etc”. De hecho, los propios funcionarios de Delegación central de Hacienda le confirman esto; el Gobierno riojano trata de recaudar dinero por todos los medios y le dijeron que lo único que podía hacer es acudir al promotor de sus vivienda y reclamarle el IVA y éste a su vez hacerlo al Gobierno central y que, mientras tanto, adelantase los 10.000 euros.

Descartada esta posibilidad, su asesor fiscal consigue encontrar una ley tributaria que le avala por la que un bien inmueble no puede estar sujeto a dos impuestos diferentes por lo que el proceso se paraliza y está actualmente en estudio.

Y UNA MULTA DE 3.000 EUROS

“En febrero de este año me llega otra carta de Hacienda” relata la joven, “pensaba que era la respuesta a este proceso, pero mi sorpresa es que me encuentro dos cartas de pago de 3.000 euros en concepto de una multa por no reflejar en las escrituras la donación económica que me habían hecho mis padres a pesar de haberla declarada en Hacienda”.

Con la carta en la mano, la propietaria acude de nuevo a Hacienda de La Rioja y le recuerda que ella ya declaró y pagó la donación de sus padres. “La respuesta de uno de los funcionarios es que la ley era así y que no me molestara en recurrir porque iba a terminar pagando”.

A fuerza de insistir, la joven es recibida por un alto funcionario de Tributos de la Consejería de Hacienda que “se echó las manos a la cabeza y me confirmó que si no hubiera acudido a Hacienda a declarar la donación, nadie se hubiera enterado y por consiguiente, no me hubieran reclamado la multa por no reflejarla en las escrituras”.

En total 13.000 euros con sus correspondientes intereses de 4 años, el tiempo que ha tardado la Consejería en darse cuenta de los supuestos errores judiciales.

Los tres mil euros lo ha desembolsado a la espera de tomar una decisión si iniciar un proceso judicial. “Mi asesor me dice que como ya hace cuatro años declaré la donación esto es una prueba de que hay buena fe y que tenemos las de ganar, pero también depende del juez y tendría que pagar 1.200 euros para contratar un abogado y un procurador y pagar las costas del juicio si lo pierdo”.

La joven también se muestra muy molesta con el papel del notario que en ningún momento les advirtió de la normativa legal y de los procesos que debían constar en las escrituras. “Si ves en tu despacho a una persona menor de 35 años con sus padres que le han avalado para comprar la vivienda es de cajón que le han ayudado económicamente, lo mínimo era preguntar”.

El pasado viernes recibió una llamada de la Defensora del Pueblo, María Bueyo Díez, a la que había acudido hace unos días. Este mismo lunes tiene una reunión con ella para estudiar su caso.

“Quiero que mi caso anima a más gente a hablar porque me consta que esto también le ha pasado a más personas” asegura la joven propietaria, “yo no estoy denunciado nada, me estoy quejando de una forma de recaudar a punta de pistola”.