“Hoy tener un empleo no es garantía de salir de la pobreza”

Asistimos a un mercado de trabajo muy diferente al de antes de la crisis, marcado por altas tasas de paro, pero también por salarios bajos, temporalidad y precariedad, lo que ha generado el surgimiento del fenómeno de pobreza laboral. De ello habló el secretario confederal de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en la jornada ‘Trabajo, crisis y nueva pobreza’ organizada por el sindicato en los cursos de verano de la Universidad de La Rioja.

¿Ha cambiado mucho el mercado de trabajo como consecuencia de la crisis?

Sí, hay tendencias que ya estaban presentes en la sociedad española en el mercado de trabajo, pero se han acelerado muchas de ellas con la gestión que se ha realizado de la crisis, sobre todo al impulso de las reformas laborales, la del año 2012 y también la de 2010. Esto está dejando una secuela, aparte del desempleo -que tiene un riesgo de cronificación importante en España- está dejando una brecha de género muy evidente. La proliferación de la contratación a tiempo parcial forzada, sobre todo, está haciendo estragos en el empleo femenino en nuestro país. Casi el 90% de las personas que acceden a un contrato parcial son mujeres.

Además, hay una figura, la del trabajador nómada, que rota de una empresa y de un empleo a otro y muchas veces sale de esa situación para ir al desempleo sin generar prestaciones, que es otra de las características de esta situación, además del paro de larga duración, con personas desempleadas en su mayoría con escasa cualificación. Y luego está el fenómeno de la migración hacia el exterior, que es, en muchos casos, la única puerta al empleo que encuentra la gente más joven.

La precariedad en el trabajo está provocando que haya gente pobre con un empleo.

Nosotros venimos hablando de la pobreza laboral hace años. Hoy ya tener un empleo no es garantía de salir de la pobreza o de no caer en ella. Este era un fenómeno típico del franquismo: las precarísimas condiciones de trabajo que tenía la mayoría de la gente habían extendido la pobreza laboral. Esto había desaparecido con la democracia y con el proceso de modernización de este país, pero ahora está muy presente y hay millones de trabajadores y, sobre todo, de trabajadoras que tienen esa condición. Sobre todo está asociada a las modalidades de contratación precarias y a un proceso de devaluación salarial, que se ha producido no precisamente en los colectivos más cubiertos por la negociación colectiva, sino en aquellos a los que la reforma laboral ha dejado sin protección.

Además, la devaluación salarial afecta más a los que menos ganan.

Efectivamente, no hay más que asomarse a las estadísticas y a la evaluación de los salarios. Los directivos en las empresas del Ibex35 han visto mejoradas sus retribuciones y las capas medias de trabajadores cualificados han perdido entre el 7 y el 8 % en sus retribuciones, también en el empleo público, pero ha sido precisamente la franja de personas menos cualificadas con empleos más precarios en el sector servicios, fundamentalmente, quienes han visto devaluados sus salarios hasta niveles de menos 40% con respecto a las retribuciones en esos mismos sectores antes del inicio de la crisis.

¿Cuáles deberían ser las prioridades del nuevo Parlamento y el nuevo Gobierno? ¿Qué hay que hacer urgentemente?

Hay prioridades derivadas de una forma muy insolidaria de gestionar la crisis económica. España necesita de un plan de choque para la activación de la economía y eso necesita recursos y mover la demanda interna, que en un 60% depende de la capacidad de consumo de las familias españolas, lo que son salarios, pensiones y prestaciones sociales. También es necesario luchar contra la pobreza y contra las desigualdades.

El inicio del camino debe además contar con una reforma fiscal, sin ingresos públicos no hay posibilidades de afrontar eso y necesitamos al mismo tiempo una negociación para conseguir un calendario de consolidación fiscal distinto y más flexible en el tiempo, para que el crecimiento que experimente la economía española no se lo lleve la gatera de la exigencia de consolidación fiscal. Hay que reducir el déficit y la deuda pero en un tiempo adecuado y no precisamente en el momento más duro de necesidad en materia de empleo, pobreza y de desigualdad, que España no está en condiciones de afrontar, como no lo está Portugal o no lo estaba Grecia.

¿Qué pasará si seguimos en la misma línea?

Sería dramático que la sociedad española no aprovechase la oportunidad que ha tenido más clara en diciembre, más difusa en junio, para producir un cambio, que pasa por alinear la economía con las necesidades de las personas. Los gobiernos tienen que saber que de nada sirve el crecimiento económico si todo sus beneficios van destinados a mejorar las rentas de una franja muy reducida de la población, mientras mantienen a la mayoría en una situación de pobreza. Yo creo que hay mimbres parlamentarios suficientes para un gobierno de cambio, para forzar un cambio en las políticas económicas y en la orientación de las políticas sociales.

Recientemente conocíamos que Rajoy ha retirado 8.700 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. ¿Las pensiones corren peligro?

Las pensiones teóricamente están garantizadas por la Constitución española, pero la Seguridad Social de aquí al año 2040 necesita cuatro puntos adicionales de PIB, de ingresos, si no es así, no quedará otra alternativa que recortar el gasto y debilitar las pensiones. No son 40.000 millones de euros de hoy para mañana, hay un espacio temporal suficiente para ir haciendo correcciones, por ejemplo, llevando el salario mínimo interprofesional a 800 euros al año que viene, como nosotros proponemos, y probablemente buscando en los impuestos generales la parte necesaria para cubrir todas las contingencias no contributivas de la Seguridad Social. Se hizo un esfuerzo en los años anteriores, desde 1996, y ahora hay que completarlo.

Todas estas medidas, que si se espera al último minuto serían durísimas, si se hacen en los próximos 15 o 20 años son asumibles y darían la solidez necesaria a nuestro sistema de pensiones para garantizar al menos la calidad que tienen las pensiones hoy.