La Fundación Diagrama y Emilio del Río “comparten abogado”

“Me reitero y no pido disculpas por decir la verdad, no voy a mirar para otro lado”. De esta forma ha respondido el presidente del Partido Riojano, Miguel González de Legarra a la Fundacion Diagrama encargada de gestionar el centro de menores Virgen de Valvanera.

El próximo 31 de marzo tendrá lugar el acto de conciliación previo a la querella que Diagrama tiene previsto interponer contra González de Legarra. En dicho acto de conciliación, Diagrama exige al regionalista una rectificación pública. Pero lejos de aceptar, González de Legarra ha asegurado que no va a pedir “disculpas por decir la verdad, no voy a mirar hacia otro lado”.

A través de la demanda del acto de conciliación, el regionalista ha podido conocer que el abogado de la Fundación Diagrama es el mismo abogado personal del consejero de Presidencia, Emilio del Río. Sabiendo que Emilio del Río y la Fundación Diagrama comparten abogado, “empieza a tener sentido que el Gobierno de La Rioja, lejos de intentar solucionar una situación irregular, se dedique a defender y premiar a quienes la han provocado y están imputados”.

En la demanda, la Fundacion Diagrama acusa a González de Legarra de haber hecho falsas acusaciones de delitos. Pero según apunta “no especifica cuáles de mis acusaciones considera falsas o qué supuestos delitos considera que no se han cometido”. El escrito de la Fundación Diagrama dice textualmente “ante la gravedad de los hechos publicados y dado que la mayor parte de los mismos no son ciertos…”. Afirmación que llama la atención del regionalista porque según interpreta “la propia Fundación Diagrama no puede desmentir ni negar la veracidad de algunos de los hechos públicos por mi parte”.

La lectura que el regionalista hace del escrito de la Fundación Diagrama es que “ella misma no puede negar el uso de grilletes, ni la existencia ni utilización de celdas de castigo, ni la imputación de la directora y subdirector, ni que los menores son observados desnudos, ni que por su mala actuación han sido cancelados otros contratos de gestión de centros, ni la existencia de denuncias públicas por tratos denigrantes o vejaciones, ni que han sido condenados por los tribunales por hechos muy graves”.

Por todas estas razones, el presidente del PR+ ha exigido la apertura de una “investigación clara y transparente”. Con esta investigación, González de Legarra quiere saber si los jóvenes, con problemas o sin ellos, están en buenas manos, si la gestión y privatización de servicios por parte del Gobierno regional se lleva a cabo por entidades privadas competentes o no, o si las adjudicaciones se realizan con otros intereses particulares para que “otras personas sin escrúpulos vivan a cuerpo de rey a costa de millones de euros de todos los riojanos”. Una investigación “inexcusable”, más aún cuando el propio Gobierno regional se ha personado en la causa como acusación contra los dos directivos imputados.