Las propuestas de Sarkozy agitan Francia

Francia ha puesto en marcha en las últimas semanas su plan para desmantelar varios campamentos ilegales de gitanos y expulsar a sus países de origen a los ciudadanos que residían en territorio francés de manera irregular. Aunque la medida está en parte en sintonía con la política mantenida por Nicolas Sarkozy, tanto en su época como Ministro del Interior como en su actual cargo de Presidente francés en relación a la inmigración irregular, la decisión de expulsar a casi 700 rumanos y búlgaros ha generado bastante expectación. Por una parte porque se trata de una repatriación masiva de ciudadanos comunitarios y, por otra, porque asociaciones, partidos políticos y organismos internacionales ponen en entredicho la legitimidad de esta medida en términos de derechos humanos.

El Ejecutivo francés justifica esta política en términos de seguridad, pero la oposición y una parte de los medios de comunicación creen que bajo estas medidas subyacen razones electoralistas. De esta forma se puede entrever cuál será la tónica dominante de la política de Sarkozy en el tiempo que le separa de las próximas elecciones presidenciales, que tendrán lugar en 2012, y cuya organización parece haberse convertido en un objetivo prioritario después de la derrota de su partido, la Unión por un Movimiento Democrático (UMP), en las regionales de marzo.

Medidas de seguridad

A finales de julio, el Ministro del Interior francés, Brice Hortefeux, anunció la decisión de desmantelar alrededor de 300 campamentos ilegales de gitanos en territorio francés en un plazo de tres meses y de expulsar a la población de origen rumano y búlgaro que viviera en Francia en situación irregular. Desde aquel anuncio, hace tres semanas, ya se ha confirmado el desmantelamiento de 40 de esos campamentos y la expulsión de más de 200 gitanos rumanos. El retorno a su país se ha producido, según el Gobierno francés, de manera voluntaria, y han contado con una ayuda de 300 euros por adulto y 100 por niño, además de los costes de los vuelos.

El anuncio de esta expulsión se produjo tras una reunión extraordinaria que el presidente Sarkozy organizó con varios miembros del Ejecutivo tras los incidentes que ocurrieron en Francia en el fin de semana del 17 y el 18 de julio. En aquel momento, varios jóvenes de etnia gitana y la policía se enfrentaron en la localidad de Saint-Aignan durante las protestas de los primeros tras la muerte de un chico de 22 años, también gitano, por un tiro de la policía durante una persecución.

Pocos días después llegó una nueva propuesta de Sarkozy en materia de inmigración, justificada con razones de seguridad. Fue en un discurso en la ciudad de Grenoble, donde el mismo fin de semana de julio se produjeron hechos similares a los de Saint-Aignan. En esta ocasión, un joven de 27 años, Karim Bouboda, resultó muerto a manos de la policía, que según la versión oficial disparó en defensa propia, tras haber robado en un casino. A este suceso le siguieron igualmente varios actos de violencia callejera: coches quemados y comercios destrozados en Villeneuve, el barrio donde residía el joven. Sarkozy dedicó en este acto, en principio destinado a nombrar al nuevo prefecto de Isère (departamento del que es capital Grenoble), un lugar destacado a los cambios que estaba dispuesto a realizar en materia migratoria.

Allí mostró su insatisfacción con los resultados de la política de integración francesa de la que dijo sentirse sin embargo “muy orgulloso” y que hasta ahora había funcionado pero que “ya no lo hace”. Criticó el hecho de que niños y jóvenes de origen extranjero de tercera generación “se sientan menos franceses que su padres o sus abuelos” y dijo que se revisarían las condiciones de las ayudas a inmigrantes porque “una situación irregular no puede conferir más derechos que una situación regular y legal”. Finalmente hizo uno de los anuncios que más contestaciones ha tenido, que se retiraría la nacionalidad francesa a quienes cometan algún delito contra la fuerzas del orden. “La nacionalidad francesa se merece [...] hay que ser digno de ello” dijo, y “podrá ser retirada a toda persona de origen extranjero que atente voluntariamente contra la vida de un funcionario de policía, un militar de la gendarmería u otra persona depositaria de autoridad pública”.

Unos días más tarde, Hortefeux añadió la posibilidad de ampliar este castigo a quienes cometan poligamia o ablación, o actúen de manera fraudulenta al pedir prestaciones sociales. Muchas asociaciones pro derechos humanos han denunciado esta medida (que está pendiente de debate en la Asamblea Nacional en septiembre), aludiendo a que no se puede diferenciar entre dos tipos de franceses, los nacidos en Francia y los que no, y condenarlos de manera diferente por un mismo hecho según el baremo de su lugar de nacimiento.

El Código Civil francés dispone que la nacionalidad francesa la posean aquellos niños nacidos en Francia de al menos un padre francés, o por filiación. En el caso de niños nacidos en suelo francés de ambos padres extranjeros, la obtendría al alcanzar la mayoría de edad, demostrando haber cumplido unos plazos mínimos de residencia en el país. En esta disposición también manifestó Sarkozy su deseo de realizar modificaciones, negándole la disponibilidad automática de nacionalidad si hubiera cometido algún delito durante su minoría de edad. Hasta ahora, los casos donde está contemplada la opción de retirar la nacionalidad francesa a personas de origen extranjero es si éstas cometieran un atentado contra los intereses fundamentales de la nación, un acto de terrorismo o si realizara “para otro Estado actos incompatibles con la calidad de francés y perjudiciales para Francia”, así como por no residir en Francia o por rechazo voluntario, entre otros motivos.

¿Por qué estas declaraciones?

Francia, tradicionalmente país de acogida de inmigrantes, dispone desde hace tiempo de una política migratoria que incluye cuotas de entrada y regulaciones sobre las condiciones de estancia y de concesión de visados para los extranjeros que deseen vivir en el país. Además, la normativa europea (Rumanía y Bulgaria pertenecen a la Unión Europea desde 2007) permite la libre circulación de personas dentro de los Estados miembros, y la residencia en otro país con una duración de hasta seis meses. Después de este tiempo es obligatorio tener algún contrato de trabajo o estar estudiando o en alguna situación especial.

En su etapa

como Ministro del Interior (2005-2007), Sarkozy puso en marcha un plan para promover la “inmigración selectiva y no una inmigración sufrida”, por el que se establecerían cuotas de trabajadores según las necesidades francesas en cada momento y se controlarían las condiciones de los matrimonios multiétnicos, entre otros. Al ser elegido Presidente de la República en 2007 y organizar su nuevo Ejecutivo se creó el ministerio de la Inmigración, la Integración, la Identidad Nacional y el Co-desarrollo, cartera ostentada entonces por el actual ministro del Interior, Brice Hortefeux, y no exento de polémica desde un principio

Independientemente de esto, Francia, como muchos países europeos, procede regularmente a las repatriaciones de los inmigrantes que residen de manera irregular dentro de sus fronteras. Por eso, si la nueva medida adoptada por Sarkozy ha generado tanta polémica no ha sido por suponer una ruptura con la política migratoria mantenida hasta ahora. Una razón sería que existe la sospecha de que se puedan estar violando derechos humanos durante los desmantelamientos.

Por otra parte, los deseos de seguridad del Gobierno podrían ir acompañados del riesgo de crear imágenes estereotipadas de las minorías al asimilarlas con la delincuencia y la inseguridad, y de fomentar el racismo, como ha denunciado la ONU. De estas minorías, una importante proporción seguirá residiendo en suelo francés, de manera regular, y tendrán que sufrir las consecuencias de tal estigmatización.

Una última razón para poner en duda las verdaderas intenciones del gobierno francés en materia de inmigración sería su carácter electoralista. Analistas, medios de comunicación y oposición han interpretado estos últimos movimientos como una forma de reconquistar al electorado de derecha más radical. El pasado mes de marzo el resultado de las elecciones regionales, en las que el UMP fue vencedor en una sola región de las 26 que componen Francia, dejó una importante preocupación en el seno del partido de Sarkozy, que inmediatamente se planteó como uno de sus objetivos prioritarios prepararse para las elecciones presidenciales de 2012.

En esas mismas elecciones de marzo pudo observarse la remontada del Frente Nacional (FN), partido de extrema derecha al que Sarkozy había dado por muerto tras las presidenciales de 2007 en las que resultó elegido. Para este partido la cuestión de la inmigración es uno de sus principales caballos de batalla, por lo que Sarkozy estaría buscando en los votantes del FN un nuevo apoyo.

La motivación electoralista es un factor importante a tener en cuenta. La expulsión de 700 gitanos llega en un momento en el que la popularidad del Presidente de la República está en mínimos históricos (alrededor del 34%, según algunos sondeos) y cuando el principal partido de la oposición, el Partido Socialista (PS) está fortaleciéndose. Además, la UMP ha tenido que enfrentarse recientemente a un escándalo de posible corrupción del que ha salido muy perjudicado, en el que se acusa al Ministro de Trabajo, Éric Woerth, de haber recibido financiación ilegal para su partido de la multimillonaria heredera de L’Oréal, Liliane Bettencourt, y haber cometido conflicto de intereses durante su tiempo como Ministro de Presupuesto.

Apoyo ciudadano

Con las recientes expulsiones y con la propuesta de modificar las condiciones que permitan retirar la nacionalidad francesa se han puesto sobre la mesa varios temas sensibles, capaces de agitar la agenda política francesa de manera importante. No se puede decir que se haya producido un cambio trascendental en el tratamiento de la cuestión de la inmigración en Francia. De hecho, a finales del año pasado el Ministro de la Inmigración, la Identidad Nacional y el Desarrollo Solidario, Éric Besson, lanzó un gran debate sobre la cuestión de “qué es ser francés y la aportación de la inmigración a la identidad nacional”, que estuvo acompañado por las polémicas sobre la regulación del uso del burka y el niqab en espacios públicos.

Esto no excluye, no obstante, que no haya habido un “cambio de tono” en la política migratoria de Sarkozy, como hacía notar en un especial sobre esta cuestión Le Monde. El diario comparaba las diferencias entre las declaraciones del presidente en Grenoble y los valores que parecía defender durante su campaña presidencial en 2006, cuando consideraba importante integrar a la población inmigrante y exaltaba la disposición de Francia a “hacer esfuerzos para integrar a los que vienen de fuera” y “dar más a los que tienen menos”.

Las expulsiones que se están llevando a cabo no representan más que una acción rutinaria regulada por las leyes vigentes sobre inmigración, rodeadas, eso sí, de una especial atención mediática. La política migratoria de Sarkozy no ha sufrido por el momento ninguna modificación visible, y toda la polémica se ha centrado en declaraciones sobre las intenciones del Presidente. Las propuestas sobre la retirada de la nacionalidad deberán pasar primero por el trámite parlamentario correspondiente, por lo que su posible entrada en vigor no parece, por el momento, inminente.

Que estas expulsiones vayan a tener los efectos deseados es difícil de decir aún. En términos políticos, las medidas anunciadas parecen haber tenido una buena acogida. Al menos así lo indicaba una encuesta publicada por Le Figaro en la que decía que el 79% de los entrevistados (94% en el caso de los votantes de derechas) apoyaba el desmantelamiento de los campamentos de gitanos y más del 70% estaría a favor de la retirada de la nacionalidad francesa en casos de delincuencia.

De esta manera, lo que sí que estaría consiguiendo Sarkozy sería centrar la atención de la opinión pública en torno a un tema recurrente en cualquier campaña electoral y capaz de movilizar al electorado. Sin embargo, no se debe olvidar que hasta las próximas elecciones presidenciales quedan casi dos años, tiempo en el que aún pueden ocurrir muchos cambios en Francia y en el que se podrán comprobar los resultados de las actuales acciones del gobierno.