Hace dos meses el Ayuntamiento abrió expediente para resolver el contrato de Gespol

A principios del pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de Logroño abría un expediente para poder resolver el contrato de gestión del sistema Gespol 7 con la empresa adjudicataria Bilbomática.

Se trata del programa informático que permite gestionar la labor de seguridad y emergencias con un único sistema y que sólo unos meses antes había sido valorado de forma muy positiva.

Entonces el PSOE aseguraba que ese expediente se abría porque el programa no funcionaba y “se compró un churro”. Cuando se puso en marcha, planteaba el acceso a más de 30 bases de datos policiales. Fue en el año 2014 cuando se iniciaron los trámites para su contratación aunque no se implantó en la práctica hasta 2017. Según el calendario, debía estar a pleno rendimiento a mediados de este año 2018.

Lejos de eso, ahora el sistema Gespol está en el punto de mira y ha hecho que la UDEF haya intervenido esta mañana en el Ayuntamiento de Logroño para solicitar información, una vez saltado el escándalo en el que aparecen al menos cuarenta ayuntamiento de todo el país.

En su momento, el PSOE ya lamentó “la falta de información que se da no solo a los grupos, sino a los ciudadanos”. Apuntaban hace apenas unos meses que se informó a los grupos en una reunión en la que, por parte de los técnicos municipales, “se puso de manifiesto que el sistema ha tenido problemas desde el principio, problemas graves y constantes, que se han ido ampliando a medida que pasaba el tiempo”.

La UDEF entra en el Ayuntamiento de Logroño para solicitar información sobre el contrato del sistema Gespol

“Incluso, el director general de Política Interior dijo en este encuentro que otra de las razones por las que se abría expediente para resolver el contrato era porque las expectativas para el futuro eran malas. Y mientras, el concejal Miguel Sainz vendía las bondades del sistema, que era su 'niña bonita' de esta Legislatura”, ha dicho.

Además, ha apuntado que “ha habido otro problema añadido”, que es la falta de asistencia técnica por parte de la empresa adjudicataria ante cualquier problema, algo agravado porque “este producto en concreto se vendió a otra empresa”, con lo que la situación se vuelve más complicada “porque el contrato municipal sigue siendo con Bilbomática”.

Por todo ello, para Díez Cámara, “es una chapuza, con un concejal ocultando información; con pérdida de dinero público, porque el contrato se firmó por 44.000 euros IVA incluido; y con horas ocupadas por los funcionarios municipales para meter datos en el sistema”.