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La caradura no cura

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A veces uno tiene la sensación de que la política ha olvidado lo esencial. Que algunos responsables públicos viven tan pendientes del titular o de la foto, que ya no distinguen entre la apariencia y la verdad. Pero cuando hablamos de salud, de vidas humanas, la verdad no es una opción, se convierte claramente en una obligación moral.

Por eso, lo que está ocurriendo estos días con los programas de cribado de cáncer no puede pasar desapercibido. No estamos ante un fallo informático, ni ante una descoordinación técnica. Lo que el Partido Popular ha hecho al negarse a facilitar al Ministerio de Sanidad los datos de los cribados de cáncer -de mama, de colon y de cérvix- es una nueva decisión política, profundamente irresponsable, que les retrata exactamente como lo que son: unos dirigentes que, si se han caracterizado por algo en la gestión sanitaria es por convertir en cadáveres el saqueo de los recursos públicos.

Porque no estamos ante una cuestión burocrática. Negar esos datos significa que nadie puede evaluar si los programas funcionan, si llegan a toda la población o si hay retrasos en las pruebas. Significa que la ciudadanía pierde el derecho a saber si el sistema sanitario está haciendo lo que promete: detectar a tiempo, actuar con eficacia y garantizar la igualdad. Negar esos datos al Ministerio es negar el derecho de cada enfermo a saber, a exigir calidad, a tener la misma protección que cualquier otro ciudadano, viva donde viva.

La Asociación Española Contra el Cáncer lo ha dicho con una claridad que debería avergonzar a cualquiera: “Los datos del cáncer no son de los partidos ni de las consejerías. Son de los pacientes.” Y negar esos datos no es proteger una competencia autonómica, es negar un derecho humano básico, el de saber y exigir calidad en la atención sanitaria.

Y es que, cuando un gobierno oculta información, no está defendiendo su imagen, está rompiendo el contrato de confianza entre los ciudadanos y su sistema público de salud. Esa opacidad no es un detalle administrativo, es una forma de debilitar lo público para abrir la puerta a lo privado. Porque sin datos no hay control, y sin control, el negocio crece.

Y aquí, en La Rioja, esa estrategia nacional del PP tiene su reflejo más previsible. Nuestra consejera de Sanidad, María Martín, ha vuelto a ponerse del lado de su partido, y no del lado de los riojanos. Mientras habla de “gestión eficaz”, se limita a seguir al pie de la letra el manual de Génova: viajar, posar para la foto -eso sí, siempre con una sonrisa- y luego dar un plantón institucional. Así…, como aparentando dignidad, pero demostrando tener muy poquita vergüenza.

Porque lo que hizo María Martín el viernes pasado en Zaragoza fue, simplemente, insoportable desde el punto de vista político y moral. No defendió a los enfermos de cáncer de esta tierra, ni a los profesionales sanitarios, ni a los ciudadanos que reclaman transparencia. Se preocupó solamente de obedecer consignas partidistas.

Y no lo hizo sola, porque es evidente que contaba con el permiso y la complacencia del presidente Gonzalo Capellán, ese dirigente que intenta presentarse cada día como un “verso suelto”, como alguien distinto, “moderado”, que “pone por delante los intereses de La Rioja antes que los del PP”. Pero la realidad es bien distinta, porque cuando llega la hora de la verdad, cuando hay que elegir entre defender a los riojanos u obedecer a su partido, Capellán siempre elige obedecer. Y lo hace incluso cuando esa obediencia significa dar la espalda a los enfermos de cáncer de su propia comunidad. Decir que uno defiende La Rioja mientras acata las órdenes de un partido que decide ocultar datos sanitarios es, sencillamente, hipocresía política en estado puro. 

Y Capellán ya no puede seguir escondiéndose detrás de esa máscara de moderación porque lo del viernes en Zaragoza fue el colmo del cinismo. Los consejeros del PP se levantaron de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en una maniobra orquestada desde Génova. Se marcharon para desviar la atención del escándalo de los fallos en los cribados de cáncer en Andalucía. Y, mientras tanto, dejaron sobre la mesa la distribución de dos millones de euros destinados precisamente a programas de detección precoz.

Eso no es dignidad. Eso es una falta de respeto a los ciudadanos y una crueldad política que solo puede explicarse desde el cálculo partidista. Porque cuando los datos no se comparten, cuando la información se manipula o se maquilla, la consecuencia es siempre la misma: el sistema público se debilita. Y ese debilitamiento se traduce en más esperas, en más desigualdades, en una mayor dependencia de la sanidad privada. Y quizá aquí esté la clave de todo. Cuando no hay transparencia, cuando no hay control, crece el negocio de unos pocos. Y esa opacidad no es casual, es el terreno donde germina el interés privado en el que tan a gusto se mueve el PP.

Yo no sé si en Génova son conscientes del daño que hacen con estas decisiones. Pero sí sé que aquí, en La Rioja, hay muchas personas que ya no confían. Que ven cómo su Gobierno maquilla cifras, externaliza servicios y esconde datos. Que sienten que la transparencia se ha convertido en una palabra vacía.

Pero la transparencia no es un lujo, es una obligación democrática. Y negarla, además de injusto, es indecente. Porque no se puede tapar con ruedas de prensa el miedo o la angustia de quien teme que su diagnóstico se haya retrasado. No se puede esconder detrás de un titular la desconfianza de quien siente que su salud depende del calendario político.

El cáncer no espera. No entiende de excusas técnicas ni de guerras internas. Mientras los responsables del PP se dedican a proteger su imagen, hay personas que no pueden permitirse el lujo de esperar a que la verdad llegue en diferido mientras llega una cita, una llamada, un resultado. Y esa espera -que para quien no la vive puede parecer una anécdota burocrática- es, para muchos, una angustia que se mide en días, en semanas, en noches sin dormir.

Por eso hoy quiero insistir en que esto no va de ideologías. Va de decir la verdad. De defender el derecho de los ciudadanos a saber qué está pasando. De entender que en política sanitaria no se puede jugar con la confianza ni con la esperanza de la gente.

La caradura -Sra. consejera de Sanidad-, por más que se adorne con discursos falsos, con sonrisas fingidas o con una ensayada dignidad, no cura. Solo la verdad ayuda.