Vergüenza Pública Oficial (VPO)
En Logroño hay miles de jóvenes que no pueden independizarse, parejas que retrasan su proyecto de vida porque no pueden pagar el alquiler y familias jóvenes que ven cómo su capacidad de ahorro es nula. En esta situación, las Viviendas de Protección Oficial deberían plantearse como una política seria y sobre todo, transparente para dar una opción a todas estas personas afectadas por el alto precio de la vivienda.
Y el ayuntamiento se burló de ellos.
Se burló de ellos primero por la falta de transparencia. A pesar de que se llamen Viviendas de Protección Oficial, el ayuntamiento ha permitido que sean las propias constructoras las que decidan a quién se adjudican, sin un baremo público ni claro, algo que subvierte la esencia misma de la VPO, por no hablar ya de la flagrante falta de transparencia en el proceso.
También se burlaron de nosotros, los jóvenes, pues nuestra generación tiene una profunda angustia vital derivada en gran medida a la imposibilidad de acceder a la compra de una vivienda en el mercado libre y las VPO son una de las pocas opciones viables que existen para acceder a una vivienda en propiedad. Y sin vivienda asequible, muchas personas se ven obligadas a seguir viviendo con sus padres, compartir piso hasta los 40 o a marcharse de nuestra tierra para ver si en otros lugares pueden prosperar, y eso es una desgracia.
La vivienda de protección oficial debe ser un motor de redistribución de la riqueza, un puente que permita a las clases trabajadoras y a los jóvenes acceder a un patrimonio y a una estabilidad económica y vital.
Sin embargo, el modelo propuesto por el PP en Logroño parece diseñado para una redistribución de los ciudadanos con menos recursos, hacia las arcas de las constructoras que ahora ostentan el poder de decidir quién es merecedor de una vivienda pública. Es un sistema que despoja a los más vulnerables de su derecho a la esperanza y lo convierte en una oportunidad de negocio para unos pocos.
Por eso nos duelen tanto las declaraciones de la concejala de Vivienda, Patricia Sáinz, que han sido la máxima expresión de esta gestión clasista y lamentable. Su afirmación de que la adjudicación “podría” haber sido a dedo es una muestra de una falta de respeto hacia los miles de logroñeses que esperan transparencia e igualdad ante la ley.
Esta frase ha encendido todas las alarmas. ¿Cómo podemos confiar en un proceso cuya máxima responsable admite, siquiera como posibilidad, la adjudicación “a dedo”? Esta declaración no es un desliz, es la revelación de una mentalidad que parece tolerar la arbitrariedad en la gestión de los recursos públicos para la construcción de viviendas.
Por su parte, el alcalde, Conrado Escobar, lejos de asumir la responsabilidad política y ofrecer explicaciones convincentes, ha optado por la descalificación. Calificar las críticas de la oposición y la preocupación ciudadana como “bulo, ruido y linchamiento” es una estrategia de escape intolerable.
No es ruido, señor alcalde, sino el grito de miles de familias y jóvenes que ven cómo se les niega una oportunidad justa de acceso a la vivienda. No es un linchamiento, es la exigencia de transparencia y justicia en un momento en que el precio del alquiler en
Logroño se dispara, con aumentos de doble dígito en el último año y sin pinta de detenerse.
La VPO no puede ser un coto privado de las constructoras ni un instrumento para el clientelismo político. Debe ser un pilar fundamental para garantizar el derecho a la vivienda, especialmente para nosotros, los jóvenes, que somos los más afectados por la precariedad laboral, la inestabilidad económica y los precios desorbitados del mercado. La ausencia de sorteos públicos, la opacidad en la adjudicación y la falta de control municipal son un ataque directo a nuestra esperanza y a nuestra capacidad de construir un futuro en Logroño.
La gestión de la vivienda protegida es una cuestión de justicia social, de futuro para nuestra ciudad. La confianza de los ciudadanos en sus instituciones se construye sobre la transparencia, la equidad y la responsabilidad. Cuando estos principios se ven comprometidos, la democracia misma se debilita.
Por todo ello, las declaraciones del equipo de gobierno demuestran una preocupante falta de sensibilidad y responsabilidad política, por ello exigimos la dimisión inmediata de Patricia Sáinz como concejala de Vivienda.
Su gestión y sus palabras han demostrado una incapacidad para liderar un área tan sensible y crucial para el bienestar de los logroñeses. Logroño merece una política de vivienda transparente, justa y que realmente proteja a quienes más lo necesitan, no a quienes ya tienen el poder y los privilegios.
Es hora de que el Ayuntamiento de Logroño recupere la función inicial de la VPO y no la convierta en una lotería amañada por intereses privados. No se burlen de nosotros.