Piden doce años de cárcel y una indemnización de un millón de euros por estafa

El Fiscal solicita una pena total de 12 años de prisión así como una indemnización “conjunta y solidaria” de más de un millón de euros para dos personas acusadas de un delito continuado de estafa al aprovecharse de sus cargos y su credibilidad para desarrollar diferentes ventas de inmuebles “con el fin de obtener beneficios económicos a costa del patrimonio ajeno”.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados, a quienes les une una relación de pareja, “puestos de común y previo acuerdo en la acción”, se sirvieron de la credibilidad de la acusada, que ostentó el cargo de decana del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, para entablar un círculo de amistades con profesionales del colegio, “labrándose ante ellos de una reputación ficticia como psicóloga de diferentes empresas”.

Además, también admitía ser propietaria de una red inmobiliaria con la que se dedicaba a la compraventa, promoción y construcción de terrenos o inmuebles industriales, comerciales o para viviendas protegidas, subvencionadas o de carácter privado y alquileres de toda clase así como de otra mercantil que tenía como fin asesorar y realizar inversiones, siendo el otro acusado, el único socio de ambas mercantiles y su administrador único.

Valiéndose de estos cargos, la acusada aprovechó su condición para trabar amistad con diferentes personas a las que, tras ganarse su confianza, proponía adquirir inmuebles mediante subastas, comprar varios pisos o prometer “suculentos beneficios” a base de una serie de operaciones inmobiliarias.

Además también se aprovechó de su condición para que las víctimas invirtieran en subastas públicas, en negocios inmobiliarios o compras de inmuebles.

Cuando las víctimas les entregaban su dinero, los acusados, “en ejecución del plan que habían concebido, integraban en su patrimonio la cantidad total así obtenida” sin ningún tipo de contraprestación a sus víctimas mientras que ellas, cuando intentaban cobrar los cheques que les habían entregado a los acusados, no lo conseguían y siempre les eran devueltos.

Del escrito del Fiscal se desprenden, al menos, diez actuaciones con estos fines que superaron el millón de euros.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa por lo que procede imponer a cada uno la pena de seis años de prisión. Además, por responsabilidad civil deberán indemnizar a las víctimas con más de 1.300.000 euros.