La concejala de Vox, Maite Arnedo, ha denunciado ante la Fiscalía al Ayuntamiento de Calahorra al ver “prevaricación” en su falta de actuación ante una reclamación.
Tal y como ha informado Vox en nota de prensa, “la denuncia apunta a que no se trata de un simple descuido administrativo, sino de una decisión deliberada” fruto de un “pacto”.
Ha relatado cómo el Ayuntamiento de Calahorra aprobó un decreto por el que “se ordenaba expresamente” la reclamación judicial de una deuda superior a 23.000 euros derivada de los servicios prestados en la Residencia Municipal San Lázaro.
Sin embargo, las acciones legales no se ejercitaron en tiempo y forma, “comprometiendo así la recuperación de ese dinero que pertenece a todos los calagurritanos”.
“Lejos de tratarse de un error”, Vox denuncia que “todo apunta a un pacto oculto entre responsables políticos y técnicos municipales, encaminado a frenar la reclamación para proteger intereses particulares y asegurar apoyos políticos en votaciones clave del Pleno”.
Esta situación, a juicio de VOX, podría encajar claramente en un supuesto de prevaricación por omisión deliberada de obligaciones legales.
“Es indignante que a cualquier ciudadano no se le escape ni una tasa de basuras o un recibo de agua sin reclamar, pero cuando la deuda viene de un concejal parece que al Ayuntamiento se le olvida”, ha denunciado la portavoz de Vox, Maite Arnedo.
La denuncia también pone de relieve “las enormes dificultades encontradas por la oposición para acceder a la documentación del expediente”.
Así, ha indicado este partido, durante meses se sucedieron dilaciones, negativas y bloqueos injustificados, que sólo se resolvieron tras insistentes reclamaciones, dejando en evidencia la opacidad del actual equipo de gobierno.
VOX ha advertido de que este comportamiento no solo vulnera el derecho de acceso a la información de los concejales, sino que además constituye una estrategia consciente para ocultar a la ciudadanía una gestión irregular y perjudicial para el patrimonio municipal.
Reclama a la Fiscalía que depure responsabilidades, tanto políticas como técnicas, y que determine si la inacción del Ayuntamiento constituye un delito de prevaricación u otros ilícitos penales.