Todos esperan sus explicaciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid afronta este miércoles su última oportunidad para esclarecer las dudas que rodean a su máster y al modo en que pudo obtenerlo en la Universidad Rey Juan Carlos. La oposición, que ha forzado su comparecencia en pleno extraordinario, aguarda la cita como el punto de inflexión que determinará sus acciones políticas. Nadie ha dado aún un paso en firme a la espera de unas explicaciones sobre las que, a medida que pasan los días, hay menos expectativas y más preguntas sin responder.
Cifuentes prepara la que tal vez sea la comparecencia más complicada de la legislatura en su despacho y mantendrá al menos hasta mañana el cerrojazo informativo decretado en esta crisis política. Este martes, la presidenta también ha evitado salir a dar la rueda de prensa tras el consejo de Gobierno semanal “por respeto parlamentario”. Tras el pleno, su equipo prevé que responda a las preguntas de los periodistas tras trece días sin ofrecer una rueda de prensa aunque todavía no hay convocatoria oficial ni más detalles.
Sobre la mesa muchas preguntas para un formato parlamentario encorsetado en turnos cerrados sin dúplicas, salvo la reservada para la presidenta, que hablará 15 minutos y después podrá responder a la oposición en una última intervención de diez. La cita la abrirán PSOE y Podemos con una pequeña intervención repartida de cinco minutos que les corresponden como grupos solicitantes del pleno ad hoc para esta cuestión, el primero convocado en estas circunstancias en la historia parlamentaria de la Comunidad de Madrid.
Cifuentes es la protagonista del primer pleno extraordinario forzado por la oposición para que hable exclusivamente de un tema sobre el que no puede delegar en ninguno de sus consejeros, como permite el reglamento. Esta circunstancia no tiene precedentes. Primero, por la antigua interpretación de estas normas de la cámara con informes de los servicios jurídicos de la etapa de Esperanza Aguirre; y, sobre todo, por las sucesivas mayorías absolutas del PP en la Asamblea, que bloqueaban cualquier intento de los partidos de la oposición.
Una hora y quince minutos que darán o no respuesta a las “lagunas” y “contradicciones” generadas en estas semanas en torno a su versión de los hechos y los documentos aportados para probar que cursó el máster de forma regular. ¿Fue a las clases del máster? ¿Hizo los exámenes? Los alumnos aseguran no haberla visto nunca. ¿Cómo se pudo presentar si no tenía aprobadas todas las asignaturas? ¿Por qué si había aprobado el TFM en julio de 2012, se vuelve a matricular en noviembre de 2012? ¿Cómo pudo defender el trabajo ante el tribunal mientras recibía a la selección? ¿Por qué los documentos presentados como prueba por Cifuentes no están compulsados ni tienen sello? Unas preguntas que este miércoles se ven sacudidas por las informaciones que revelan que el acta que presentó la presidenta como prueba de su máster tiene dos firmas falsificadas.
Pese a todas estas incógnitas, el Gobierno madrileño y el PP lo dan todo por aclarado y se escudan para no dar más explicaciones en que “nada sirve” a la oposición, que “solo quiere estirar el chicle”. También el presidente Mariano Rajoy, que prevé que la presidenta regional reitere “las mismas explicaciones porque no se puede aportar nada nuevo y que ve la cita como ”una buena ocasión“ para acabar con una polémica que considera ”estéril“.
Nadie quiere aclarar por el momento si Cifuentes aportará nueva documentación para probar su versión, aunque fuentes de su equipo confirman que han solicitado más papeles a la Universidad Rey Juan Carlos, inmersa en un proceso de investigación que ha llegado a cotas de la Conferencia de Rectores.
La llave de Ciudadanos
Para la oposición, la documentación presentada tiene una nula capacidad probatoria. “Creo que Cifuentes no dice la verdad”, ha dicho este martes el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Su partido, que sostiene a Cifuentes en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, apunta a la dimisión “si se demuestra que ha cometido un delito”. “Si no lo hace, se lo pediremos nosotros. Yo espero no tener que llegar a eso”, dijo el portavoz Ignacio Aguado este lunes.
Los 17 diputados de Ciudadanos, el grupo minoritario pero llave para que las leyes y las propuestas del Gobierno salgan adelante, están en el ojo del huracán. El partido apura su estrategia y públicamente evita anticiparse, pero sí sugiere la “vía murciana” como un “antecedente” que podría volverse a jugar con Cifuentes si las explicaciones del miércoles no resultan convincentes. Esto es, retirar el apoyo y presionar hasta la caída con la amenaza de apoyar una moción de censura, cuya puerta ya ha abierto el PSOE con el aval de Pedro Sánchez.
Algunos dirigentes socialistas prevén que la maniobra Ciudadanos sea presionar la salida de Cifuentes y que haya un recambio del PP, apoyado por ellos, cuyo resultado sea un rival más débil para 2019. “Ciudadanos no quiere un cambio, quiere un recambio. La estrategia de Ciudadanos es buena. Pueden pretender que Cifuentes se vaya para que el PP tenga que poner a alguien con un perfil más bajo e Ignacio Aguado gane perfil”, dice un dirigente del PSOE-M.
Los socialistas también han encontrado cierto protagonismo en esta crisis con la referencia a una moción de censura que contaría con el apoyo de Podemos si hay “acuerdo programático”. Con eso no bastaría, no obstante. Aquí también la abstención de Ciudadanos sería decisiva, lo que les da la carta para apretar las tuercas a sus socios de investidura con quienes, dicen, “los puentes están rotos”.
En estas semanas, las comunicaciones entre Aguado y Cifuentes han sido inexistentes, un silencio “sospechoso”, según el portavoz de la formación naranja, que ha ido apuntalando duras declaraciones en estos días previos a la gran cita.
La oposición también señala a la universidad, a quien el Gobierno responsabiliza de aclarar las dudas que queden. “Las incógnitas han sido contestadas por la presidenta y si queda alguna, lo terminará de aclarar. De todas formas, muchas no corresponde a la presidenta aclararlas, sino a la propia universidad”.
La URJC intentó salir del paso el mismo día que eldiario.es publicó la primera información sobre el máster, la que acredita que dos notas se cambiaron de no presentadas a notable en 2014. La versión con la que quisieron dar por zanjado el asunto, la misma a la que se refirió Cifuentes 24 horas después de dar otra a este medio, es que esa modificación era producto de un “error de transcripción”. No fue suficiente. Unos días después, la universidad tuvo que anunciar la apertura de un procedimiento de información reservada en el que participan dos observadores externos designados por la CRUE por la “repercusión social” que ha adquirido el tema.
Cifuentes, lo quiera o no, no puede huir mucho más de este problema, que podría acompañarla hasta las elecciones. La lista de lo que viene no acaba con el pleno del miércoles. Pendiente de resolución está la investigación interna de la universidad, que empezará a citar a los investigados en abril, y la de la Fiscalía, tras admitir una denuncia por falsedad documental.
Muchos frentes abiertos que se suman a otros tantos que ha ido amontonando en la legislatura. El caso del máster falsificado ha irrumpido en un mal momento para la presidenta: a la espera de que Anticorrupción decida sobre su imputación por Púnica, señalada por el imputado Francisco Granados como conocedora de la las campañas en B del partido, protagonista de una foto poco agradable en la comisión de investigación de la financiación irregular y nada respaldada por una gestión exenta de grandes logros demostrables.