El Gobierno de Ayuso recurrirá ante el Tribunal Supremo el Real Decreto que obliga a las comunidades a acoger a menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros. Lo ha anunciado este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión del Consejo autonómico, donde ha calificado la última norma aprobada por el Gobierno en esta materia como un “nuevo peaje a los partidos independentistas”, debido a la exención de Catalunya y Euskadi a la hora de recibir a estos jóvenes. La fórmula empleada por la norma para calcular el esfuerzo que debe realizar cada comunidad, que tiene en cuenta la capacidad ordinaria, el número de menores que ya acoge, la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, la dispersión o la situación de ciudad fronteriza o insularidad, les deja fuera de la obligación de momento. Aun así, Catalunya recibirá voluntariamente a 31 menores en esta primera derivación de 3.000 menores.
El recurso judicial de este Real Decreto, que el Ejecutivo madrileño considera como una vulneración de competencias autonómicas, lo presentará la Comunidad de Madrid, a la espera de posibles impugnaciones por parte de más comunidades gobernadas por el PP. El primer recurso lo interpuso el Ejecutivo de Ayuso junto a otras diez autonomías ante el Tribunal Constitucional por “invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, falta de justificación de urgencia y utilizar un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas”. La decisión del Constitucional acerca del recurso contra el Real Decreto-ley del 18 de marzo no se conocerá hasta finales de año.
El segundo recurso del Gobierno de Ayuso lo presentó en solitario ante el Tribunal Supremo el pasado 30 de julio contra la normativa estatal que regula las medidas a adoptar en situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada desde Canarias.
En la rueda de prensa de este miércoles, el consejero de Presidencia ha insistido en que considera que el criterio establecido por la nueva norma, una fórmula matemática que establece un ratio de acogidas por número de habitantes, es “arbitrario, opaco y discriminatorio” porque, cree, los centros madrileños de acogida están “completamente saturados”. “No hay más plazas”, ha sentenciado el consejero, que cree que “habría que ampliar la red” para acoger a más menores y que el centro de Pozuelo, de titularidad estatal, “no cumple las condiciones necesarias” para ello.
Además, ha repetido el discurso ultra del “efecto llamada” que consideran que provocan las medidas de este real decreto, aprobado tras la exigencia de la justicia al Gobierno central para solucionar la situación de estos jóvenes migrantes y que la propia dirección del PP le ha reprochado. “Entendemos que no es constitucional y que no es la solución a ningún problema”, ha añadido el consejero.
Frente a las críticas del Gobierno central por la diferencia de actitud de Ayuso entre la acogida de menores ucranianos y las trabas que pone a la de menores africanos, ha asegurado que “este es el juego que trata de hacer la izquierda cuando no tiene argumentos”. A pesar de que ha insisitido en las competencias autonómicas sobre protección de menores, el gobierno regional ha reprochado a Sánchez que “no ha adoptado ni una medida de política migratoria que frene el caos migratorio” y que “todos estos menores se acogen sin los recursos del Gobierno central”.