Las propuestas de regeneración democrática anunciadas por la presidenta Cristina Cifuentes hace dos años siguen sin ver la luz. En enero de 2016, el Ejecutivo avanzó que aprobaría dos leyes, una para reformar el estatuto de autonomía que permitiría limitar los mandatos y suprimir los aforamientos; y otra de “regeneración democrática” que haría incompatible ser alcalde y diputado. Ambos proyectos ya están en la Asamblea de Madrid pero su tramitación no avanza y el PP tiene casi asumido que no saldrán adelante este legislatura.
La primera reforma requiere del apoyo de dos tercios de la cámara y “no salen los números”, afirman fuentes del grupo popular, que responsabilizan al PSOE de no querer sentarse a hablar. Este proyecto de ley, aprobado en mayo por el Gobierno, está enmendado a la totalidad por los socialistas y por Podemos pero esas enmiendas no se han debatido en pleno porque ningún grupo lo ha propuesto, de manera que la tramitación está estancada. El PP admite no lo hará hasta que no tenga “certeza” de que puede salir adelante por contar con los apoyos suficientes. En este caso no les vale con los 17 diputados de Ciudadanos.
La presidenta Cristina Cifuentes acusa a la oposición de “bloquear” sus propuestas, mientras los grupos argumentan que el Gobierno quiere sacar las leyes “como si tuvieran mayoría absoluta”. “El PP no ha asumido que está en minoría y lo que llama bloqueo es que no pueden sacar su ley como les da la gana”, apunta el diputado de Podemos Jacinto Morano.
PSOE y Podemos admiten que en ambas leyes hay reformas con las que están de acuerdo, pero no con todas, y han presentado textos alternativos en forma de proposiciones de ley. Dicen que quieren “consenso” previo para construir las leyes. “Hay que hacer regeneración democrática, política y social. El texto que presenta Cifuentes de reforma del estatuto de autonomía son tres folios con cuatro artículos”, apunta la diputada Pilar Llop. Podemos, por su parte, no está de acuerdo con la propuesta de “circunscripción electoral de la provincia”, indican desde el grupo.
Mientras, Ciudadanos, el socio de Cifuentes, está presentando propuestas de ley por su cuenta “al ver que los proyectos de ley no avanzan”, dicen fuentes del partido liderado por Ignacio Aguado. Una actitud que dice no entender el PP de Cifuentes.
El contenido de ambos proyectos de ley están incluidos en alguno de los puntos del acuerdo de investidura de PP y Ciudadanos que permitieron que Cristina Cifuentes llegara a la Puerta del Sol y sobre cuyo grado de cumplimiento hay discrepancias: apenas un 50% para unos, y la mayor parte para otros.
Los de Aguado recibieron con estupefacción, cuentan fuentes cercanas, el anuncio que hizo la presidenta el lunes sobre un pacto para la regeneración y por la transparencia. “Es lo que ya tenemos firmado”, dicen. Podemos piensa que es una “tomadura de pelo oportunista”, dos días después de conocerse que el Gobierno había “traspapelado” una providencia del juez que le daba vía libre para entregar a la oposición documentación del Canal de Isabel II relacionada con el caso Lezo. Y en el PSOE aseguran que están “encantados” de sentarse “a hablar de la regeneración pero lo que ha pasado estos días trasluce otro modelo”, en palabras del portavoz Ángel Gabilondo.
Apenas una semana antes el PP anunció que dejaba la comisión parlamentaria que investiga la corrupción. “Cómo puede hablar de regeneración cuando uno de los elementos esenciales son las comisiones de investigación, como mecanismo indispensable para transparencia institucional, y que el PP deja”, critican desde el PSOE.
Fuentes del grupo popular relacionan el anuncio del lunes de Cifuentes con que “parlamentariamente no hay manera con las posiciones de hoy de sacar las leyes adelante”. La aritmética en el Parlamento actual dista mucho de épocas en las que la mayoría absoluta otorgaba barra libre al PP para hacer cuanto quisiera en la Asamblea de Madrid.
“Para otras cosas sí tienen prisa”
La otra ley pendiente de aprobarse, que incluye el veto a ser alcalde o concejal a la vez que diputado, ha avanzado un poco más aunque también permanece en stand by a la espera que los grupos activen la ponencia, el paso previo para que empiece a discutirse en comisión. Y el PP tampoco quiere hacerse cargo. Podemos asegura que pidió por escrito que comenzara este proceso pero ninguno de los demás grupos quiso.
Fuentes socialistas afean a los populares que “para otras cosas sí tienen prisa”, como la aprobación de la ley del suelo. En este caso, el PP tomó la iniciativa para que las enmiendas a la totalidad de PSOE y Podemos se debatieran en pleno, una autorización que pasa por la Mesa de la cámara, donde los populares tienen mayoría. Ambas fueron tumbadas y el texto, muy criticado por la oposición, está ahora modificándose en comisión. Es, junto con la ley de universidades, una de las grandes banderas de Cifuentes para esta legislatura.
Esta situación de bloqueo empalma con un enfriamiento de las relaciones entre PP y Ciudadanos. “Que la llamáramos a comparecer la primera vez en la comisión de corrupción fue el principio del fin”, dicen fuentes del partido naranja, que sin embargo no ponen sobre la mesa romper el acuerdo de investidura. Y tampoco en la Puerta del Sol.
Tienen pendiente su reunión semestral para revisar el pacto pero la fecha no termina de fijarse “porque no está la cosa muy fluida”, apuntan desde Ciudadanos, centrados en vender a su electorado su capacidad de “ser llave” y “mejorar lo que propone Cifuentes”. El PP les necesita para que cualquiera de sus proyectos de legislatura fructifique, pese a admitir “discrepancias políticas” y escenificar algunos encontrozados con los de Aguado (el último, que son el “tonto útil de la izquierda”). Queda un año y medio para las elecciones y están, por a ambos les conviene, condenados a entenderse.