El pasado mes de febrero, María Teresa Gómez Herrera recibía en su domicilio una orden de lanzamiento. Provenía de la Dirección General de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Madrid y disponía que el 28 de marzo a las 10.00, representantes de la Junta de Compensación concurrirían para el efectivo cumplimiento del desalojo de esta vecina del Sector 1 de la Cañada Real Galiana.
Después de varias semanas de angustia desde la llegada de la notificación, Roberto Alonso, abogado del caso, decidió interponer un recurso para la suspensión del lanzamiento. Como consecuencia, el viernes pasado, el Ayuntamiento informaba a la afectada del aplazamiento del desalojo hasta la resolución del mismo. Teresa y su familia recibieron la noticia con alegría, este martes no la echarán de su casa, pero la pugna continúa abierta.
El abogado asegura que “los intereses son bestiales” por parte del gobierno municipal. “No me quieren notificar el proyecto de reparcelación porque en el momento que me notifiquen saben que voy a parar todo el desarrollo de El Cañaveral”, señala. Teresa es la única que ha resistido al desarrollo urbanístico de este barrio, ubicado en el distrito de Vicálvaro y creado en 2017. Roberto tiene claro que no van a salirse con la suya. “Yo no tengo nada que perder”, advierte.
Desde el área de Desarrollo Urbano llevan varios años reclamando la parcela en la que se ubica la casa de la vecina por ser una zona verde de titularidad municipal. La negativa de Teresa para abandonar su hogar ha desatado una batalla legal con el Consistorio que ha llegado al máximo órgano del poder judicial en la Comunidad de Madrid.
Hace poco más de un año, en enero de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictaminó en una sentencia que el proyecto de reparcelación de El Cañaveral, por el que quieren desalojar a la vecina, fue ilegal. Teresa y su abogado frenaron las intenciones del Ayuntamiento alegando que, en su día, no fue debidamente informada del proyecto y que estas acciones vulneraban sus derechos.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid, también dio la razón a Teresa en 2021, anulando la resolución recurrida por la vecina en la que el Ayuntamiento le ofrecía 86.506,74 euros como indemnización por abandonar su vivienda. A estas alturas, tras varias victorias en los tribunales, resulta una obviedad que Teresa no quiere irse de su casa, pero el gobierno municipal continúa insistiendo para alcanzar su objetivo.
Cuando la vecina y su abogado ganaron ante los tribunales, el Ayuntamiento alegó que no tenía previsto llevar a cabo ninguna obra en este espacio, por lo que calificaron como “no urgente” el desalojo. Sin embargo, desde hace varios meses, han iniciado acciones legales para echar a Teresa de su domicilio cuanto antes.
En noviembre, antes de recibir la orden de lanzamiento prevista para este martes, ya pidieron a la vecina que abandonase su casa en el plazo de diez días. No lo hizo y recurrió de nuevo antes los tribunales. Con la sentencia ganada ante el TSJM, el abogado del caso no entiende por qué continúan intentando echarla, sabiendo que no va a irse de forma voluntaria. Desde el área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento aseguran que “el procedimiento seguido en este caso es el habitual y se ha notificado todo según la legislación”.
Sin embargo, esta última notificación de desalojo hizo saltar todas las alarmas. El abogado temía que se cometiera un “delito de prevaricación urbanística” accediendo a la vivienda de Teresa sin la orden judicial pertinente. “El juzgado ha desautorizado en dos ocasiones la entrada en el domicilio, por mucho derecho que tengan como administración no pueden acceder”, explica Roberto Alonso en conversación con Somos Madrid.
En la orden de lanzamiento, a la que este periódico ha tenido acceso, la Dirección General de Gestión Urbanística indica que los organismos presentes “habrán de concurrir al acto con los medios materiales y humanos para el efectivo cumplimiento de esta resolución”. Este planteamiento puede llevar a equívocos, ya que lo que disponía este documento es el lanzamiento de Teresa, es decir, un desalojo voluntario y no forzado.
De forma previa a la paralización del desalojo, fuentes municipales indicaron a Somos Madrid que si la vecina no abandonaba voluntariamente en el día y hora fijados, los representantes de la Junta de Compensación presentes y la Policía seguirían el proceso que marca la legalidad. “Levantarán acta y, a continuación, se solicitará la correspondiente autorización judicial de entrada en el domicilio”, con ello, aseguraban que no se accederían en ningún caso a la vivienda sin que la vecina lo permitiera.
En el documento que notifica la suspensión del lanzamiento, la Dirección General de Gestión Urbanística aclara que “el acceso al domicilio de la interesada únicamente podrá realizarse con consentimiento expreso de la misma o, en su defecto, mediante autorización judicial de entrada en domicilio”.
El Ayuntamiento se acoge a que invitan a Teresa a abandonar su casa y no la obligan, e incluso hacen hincapié en que “la señora recibe una indemnización”, algo que ya fue rechazado por la vecina y que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid anuló. El abogado del caso considera que con estos movimientos “quieren meter miedo” y advierte: “No van a poder entrar porque yo me voy a negar”.
Última superviviente de un proyecto de especulación urbanística
Teresa es la única de sus vecinos que no se ha rendido ante los mecanismos de convicción del Ayuntamiento. Se niega a abandonar su vivienda, ubicada en una parcela que está dentro del ámbito de actuación urbanística de El Cañaveral. Al no recibir en su momento la notificación personal del proyecto de reparcelación no pueden efectuar el desalojo.
“Están intentando por todos los medios no notificarme”, señala el abogado del caso. A pesar de que ganaron antes los tribunales, Teresa sigue sin recibir notificación alguna sobre el proyecto de reparcelación. Roberto considera que lo único que consiguen con todo esto es ganar tiempo y “que no recurra el proyecto”. Además, el abogado insiste en que el único propósito del Ayuntamiento es conseguir que abandone, “después ya pedirán perdón o le darán una indemnización”.
El desarrollo de El Cañaveral ha podido seguir adelante a pesar de que Teresa continúe en su vivienda. Los intereses del Ayuntamiento solo tienen que ver con la culminación de este proyecto urbanístico. De hecho, el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, aseveró ante los medios en enero del año pasado que “el Ayuntamiento siempre estará apoyando a los vecinos de El Cañaveral” y que el desarrollo, las obras y los proyectos de urbanización seguirán adelante en cualquier caso.
En aquel momento, Fuentes también trasladó a la prensa que “la vivienda dentro del planeamiento urbanístico es zona verde de titularidad municipal” y por entonces no resultaba “urgente y necesario” proceder al desalojo, puesto que no estaba previsto llevar a cabo ninguna obra específica en esa zona. Ahora, parece que el Ayuntamiento ha cambiado de parecer y el representante legal de la vecina no entiende la repentina insistencia. “Todo esto tendría sentido si no se hubiesen mandado dos notificaciones anteriores en la que decían que teníamos 10 días para irnos y no hubiésemos ganado”, señala el abogado.
A pesar de que hace poco más de un año el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, trasladó su respeto a la resolución judicial y aseguró que se respetarían los derechos de la vecina, Teresa ha hecho frente a otro revés que ha esquivado por muy poco. “Quieren echarla por todos los medios, es la sexta vez que lo intentan” cuenta el abogado de la vecina. Son conscientes de que el gobierno municipal no se dará por vencido, pero no piensan achantarse.
El caso, además de llegar a los tribunales, se trató en la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid. El concejal socialista, Pedro Barrero, preguntó qué mecanismos pensaban adoptar desde el área de Urbanismo ante la sentencia del TSJM sobre el proyecto de reparcelación. Un año después, el concejal considera que “deberían de dar solución y cumplir con la sentencia para que llegue a buen puerto la reparcelación de El Cañaveral”. Además, Barrero asegura que el proyecto “no está bien hecho” y que “el Ayuntamiento no ha cumplido escrupulosamente con todo lo que ha pasado”.
Teresa y Roberto tienen claro que no se van a rendir ante “los mecanismos de especulación urbanística de los organismos municipales”. Por el momento, han conseguido dejar en un intento frustrado el desalojo previsto para este martes. Cuando se resuelva el recurso y el proceso continúe, volverán a hacer frente a la Junta de Compensación y a la Policía. Insisten una vez más: “No nos vamos a ir”.