El Ayuntamiento de Madrid cerró 323 pisos turísticos ilegales en el año 2025 e impuso 3,5 millones de euros en multas
El Gobierno de Almeida saca pecho de las cifras de su plan para intentar reducir el enorme número de viviendas turísticas ilegales que operan actualmente en Madrid. Según cifras oficiales de la Agencia de Actividades, durante el año pasado este organismo municipal logró que 323 viviendas de uso turístico ilegales volvieran a destinarse al uso residencial. La cifra es ligeramente superior a las 293 clausuradas en 2024, informan las mismas fuentes.
Estas actuaciones forman parte del informe de gestión de la Agencia, que será aprobado este jueves en la reunión de su Consejo Rector. También incluye que las viviendas turísticas inspeccionadas fueron 1.526 el año pasado (casi el triple que las 567 del año 2024) y que de todas ellas se detectaron hasta 1.351 pisos turísticos ilegales.
En cuanto a las sanciones, se impusieron hasta 117 multas por la implantación y desarrollo de un uso incompatible con la ordenación urbanística, derivado del ejercicio de la actividad de vivienda de uso turístico sin la preceptiva licencia. La cifra también es mayor que el año anterior, aunque en este caso lo interesante es la cuantía de las multas.
Las sanciones suman 3,5 millones de euros: una por valor de 60.000 euros, siete por valor de 20.000 euros y 110 de 30.000 euros cada una, en aplicación del régimen sancionador de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Al menos dos de estas multas han sido tumbadas por la justicia, según varias sentencias del pasado mes de febrero.
Aparte de estas cifras, se impusieron además 144 multas coercitivas de entre 1.000 y 3.000 euros. La aplicación de estas últimas no han presentado problemas legales.
El informe señala que la actuación frente a las Viviendas de Uso Turístico irregulares es global, al iniciarse “con el cese de las viviendas que no cumplen con la legalidad y continúa con la imposición de multas coercitivas y sanciones, cuya tramitación ha tenido como resultado un elevado porcentaje de restablecimiento de la legalidad, al cesar el uso turístico en las viviendas”.