La Justicia anula varias multas de 30.000 euros a pisos turísticos de Madrid y tumba un argumento clave del Ayuntamiento
Hace casi dos años, el alcalde de Madrid anunció un plan de sanciones para evitar la proliferación de pisos turísticos sin licencia en la capital, que superaban las 13.200, según cálculos municipales. Almeida aseguró entonces que utilizaría la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para imponer sanciones de 30.001 euros en adelante a las Viviendas de Uso Turístico (VUT) que no tuvieran permiso municipal para ejercer este negocio.
Pero hace unos días el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le quitaba la razón con uno de los argumentos empleados para imponer estas cuantosas multas ante la falta de acceso independiente. En dos sentencias emitidas la semana pasada para sendos pisos en distintas zonas del centro de Madrid, estima los recursos de apelación de dos propietarios de alojamientos turísticos multados y declara nulas las sanciones.
El TSJM no cuestiona las irregularidades de la vivienda turística pero dictamina que el Ayuntamiento no puede sancionar la implantación de este uso utilizando la normativa autonómica citada, que permite multas mayores. La sentencia, a la que ha tenido acceso Somos Madrid, indica que esta actividad turística “podría ser constitutiva de una infracción administrativa, pero no de la tipificada en el artículo 204.3.b) de la Ley del Suelo”.
La Sala de los Contencioso-Administrativo estima la alegación de que la entrada independiente es un requisito para la implantación de la actividad, pero no un elemento sancionable en el desarrollo de la actividad. Es decir: puede impedir una licencia o dar lugar a otro tipo de infracción, pero no permite calificar el uso como “incompatible”.
El área de Urbanismo ha utilizado esta incompatibilidad para imponer multas de 30.001 euros y otras previstas en la Ley del Suelo para los reincidentes que llegaban a los 100.000 euros, con el objetivo de desincentivar la apertura de pisos turísticos ilegales hasta la llegada del Plan Reside, que aprobó el pasado mes de septiembre y que es la normativa actualmente en vigor. Según datos recientes de la concejalía que dirige Borja Carabante, el Ayuntamiento denunció el año pasado a 1.408 propietarios de VUT sin licencia municipal. De ellas, 323 volvieron al uso residencial “de forma voluntaria ante la apertura del procedimiento”.
Uno de los abogados que ha logrado esta victoria judicial asegura que el fallo puede abrir la puerta a que decaigan muchas multas impuestas por este motivo: “El Tribunal va al núcleo del problema y concluye que el tipo sancionador utilizado por el Ayuntamiento no encaja con los hechos”, explica a este periódico el letrado Javier Flores. No obstante, puntualiza: “No significa que todas las sanciones vayan a ser anuladas automáticamente, pero sí que la base jurídica utilizada de forma generalizada por el Ayuntamiento ha quedado seriamente cuestionada, y eso obliga a revisar muchos expedientes”.
La resolución, no obstante, aún no es firme ya que el Ayuntamiento de Madrid puede recurrir el caso ante el Supremo. De momento no ha indicado qué va a hacer y de momento las fuentes municipales contactadas por este periódico no emiten valoración sobre la sentencia.
De 30.001 a 1.000 euros y las dudas con el Plan Reside
La normativa municipal aplicada en los casos apelados prohibía abrir pisos de tipo Airbnb en edificios residenciales del centro de Madrid que no cuenten con acceso independiente al portal que usen los vecinos. Eso, en la práctica, inhabilitaba su funcionamiento más allá de los bajos o los primeros con entradas laterales, según la herramienta legal prevista en el Plan de Usos del Hospedaje, aprobado durante el final del mandato de Carmena y que Almeida utilizó hasta la llegada del citado Plan Reside. Pero las sanciones administrativas se reducían a los 1.000 euros, con posibilidad de elevarlas a 2.000 y 3.000 euros para los reincidentes. Fue entonces cuando Almeida anunció las multas de 30.001 euros basándose en la Ley del Suelo.
Ahora, el fallo judicial custiona también el Plan Reside, que muchos propietarios de pisos turísticos sin licencia han recurrido. La justicia aún no se ha pronunciado en este caso, pero es probable que los abogados añadan estas nuevas sentencias a sus alegaciones.
El letrado que ha ganado uno de los recursos aprovecha para calificar como un “delirio colectivo” en torno a la vivienda turística y rechaza que pequeños propietarios a los que defiende judicialmente sean “los culpables universales” de los problemas de acceso a la vivienda en la ciudad. “Las más de 300.000 viviendas vacías en Madrid, la ausencia de un parque público de vivienda suficiente, la falta de políticas estructurales sostenidas en el tiempo o la inseguridad jurídica del alquiler no son responsabilidad de quien alquila su vivienda a turistas”, sostiene, a la vez que reclama una “vivienda turística bien regulada y conforme a la ley” como “herramienta para distribuir los beneficios del turismo de forma más amplia”.