Cuando se cumple un año de que las asociaciones de vecinos de Centro denunciaran en masa la actividad ilegal de decenas de viviendas y apartamentos turísticos en Madrid, el Ayuntamiento empieza a tomar medidas contra estos establecimientos que operan por miles al margen de la normativa en el corazón de la ciudad. De momento ha anunciado el cese de actividad a 70 de ellos.
Esta sanción tiene lugar después de varios meses de visitas de los inspectores municipales, que iniciaron operaciones en diciembre para comprobar si en los alojamientos denunciados se estaba o no llevando a cabo una actividad turística. Se han levantado ya 467 expedientes administrativos (en agosto de 2017 la cifra se elevaba a 153). La mayoría se encuentran en el distrito Centro (339) mientras que los distritos de Moncloa (56), Chamberí (37) y Salamanca (10) acumulan el resto de denuncias, informa el Ayuntamiento en nota de prensa.
Las sanciones están llegando desde la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid, dependiente del Área de Desarrollo Urbano Sostenible. De los 467 expedientes administrativos abiertos por las denuncias recibidas, 151 expedientes se refieren a viviendas de uso turístico mientras que el número de apartamentos turísticos expedientados asciende a 316.
Trabas de la Comunidad de Madrid a las sanciones
Trabas de la Comunidad de Madrid a las sanciones
El Ayuntamiento informa de que en parte de alojamientos se ha abierto inspección pero no se han iniciado las sanciones porque “no se ha podido verificar el uso turístico que se esté haciendo” y debe pedir un informe a la Comunidad de Madrid, preguntando: “si el alojamiento denunciado se encuentra inscrito en la Dirección General de Turismo así como su referencia de inscripción” y otros datos adicionales.
El Ayuntamiento practica estas inspecciones dentro de sus competencias de disciplina urbanística. Es la vía que ha encontrado para intentar frenar un fenómeno responsable en parte de las enormes subidas de alquileres experimentadas en Madrid durante los últimos dos años. Además, en las próximas semanas aprobará una norma para intentar ilegalizar el 95% de las viviendas que a día de hoy se alquilan por Airbnb en la capital. Lo hace después de acusar a la Comunidad de Madrid de dejación de funciones a la hora de inspeccionar estas viviendas turísticas, ya que la regulación hostelera está entre las competencias del gobierno que dirige Ángel Garrido.