Gaztambide 37, manual de resistencia desde un barrio 'premium' de Madrid para inquilinos acorralados por fondos

Desde que un día llamaron a su puerta con una oferta de 10.000 euros a tocateja, la vida de Ángel ha dado un vuelco. Pero ahora el miedo a perder su casa se ha convertido en rabia. Más de un año después, comienza a verterla contra aquellos huéspedes. “El fondo de inversión Palau & Manfredi ha comprado el edificio y nos quiere echar a la calle”, denunciaba este domingo, arropado entre sus vecinos. En enero de 2025, un agente contratado por esta sociedad inmobiliaria se presentó en su domicilio, en el número 37 de la calle Gaztambide, donde alquila un piso con su pareja. La noticia les dejó a cuadros: la propietaria había fallecido y ahora los herederos querían vaciarlo. La idea era hacer reformas, exprimir el recurso y venderlo al mejor postor; así que, de día para otro, el bloque pasó a ser una gallina de los huevos de oro en uno de los barrios más cotizados de Madrid.

Desde entonces, los vecinos se han organizado para poner en marcha una campaña de denuncias en redes y, recientemente, una jornada de protesta. Fue este mismo domingo, 15 de marzo, cuando se movilizaron conjuntamente con el Sindicato de Inquilinas de Madrid para reclamar una reunión al fondo que gestiona actualmente la propiedad. En un comunicado, el órgano sindical pidió negociar nuevos contratos de alquiler “estables y asumibles” para los inquilinos. Para algunos, como es el caso de Ángel e Irene, su contrato no concluye hasta 2028, así que les ofrecieron los 10.000 euros por marcharse.

Si no accedían, la otra opción era cobrar unos 200 euros cada vez que la sociedad family office organizara una visita al piso --en el que aún son inquilinos-- en busca de potenciales compradores. Desde el Sindicato de Inquilinas sostienen que la empresa tiene en mente “reconvertir el bloque en pisos de lujo”, aunque de momento no se ha confirmado oficialmente nada parecido. A principios del año pasado, Ángel se topó con dos personas en el rellano que, según él, parecían inspeccionar el edificio. Ese día marcó un punto de inflexión.

Eran un hombre y una mujer. Ella se presentó como su abogada y les informó de que iban a efectuar obras en las instalaciones, instándoles a “tener en cuenta las molestias” que eso puede suponer en su día a día. Para estos inquilinos, aquella fue una táctica de acoso inmobiliario. Desde entonces, la presión sobre los vecinos se acentuó: burofaxes que anuncian la no renovación de contratos, visitas constantes de potenciales compradores, llamadas insistentes, ofertas económicas para marcharse antes de tiempo. Y, según su denuncia, algo más: cortes de suministros y obras que complican la vida diaria.

Su denuncia la recogieron desde la oposición política de Más Madrid. La portavoz municipal del distrito, Sara Ladra, también habla de “mobbing inmobiliario” para referirse a este tipo de práticas. En declaraciones a este periódico, la concejala de Chamberí, recuerda otros casos parecidos –algunos muy recientes“ como los que ocupan a vecinos de Tribulete, San Ifelfonso o General Lacy. ”Si nos quieren echar de nuestras casas, van a tener un problema“, resumieron los vecinos durante la protesta, a modo de reafirmación colectiva después de meses de incertidumbre piso a piso.

Uno de los rostros involuntarios de la reivindicación fue Carmen, que trabaja en uno de los locales que habrán de desalojar. Lleva ocho años y medio en una conocida pastelería de la calle, que terminaba su contrato este mismo año y será uno de los primeros espacios en desaparecer con la compra. Ella ha cumplido 41 y vive con su madre no muy lejos de allí, aunque ha de coger el metro para llegar a su puesto. Con el tiempo, se ha convertido en una cara conocida para algunos vecinos.

Comprar siempre en la misma panadería, ir a por dulces caseros o salir de los supermercados es lo que da calidad a un barrio. Y temo que este acabe perdiendo su esencia

“Carmen ha sido nuestra mejor red social”, proclamaba desde el balcón en uno de los pisos, megáfono en mano, una de las manifestantes este domingo. A pie de calle estaba Carmen, uniformada de blanco y sonrojada por los aplausos. “Ahora se queda en paro, así que queremos agradecerte todo lo que nos has ayudado. Si alguien puede pasar su currículum, agradeceremos que no se nos vaya de aquí”, concluía la vecina en su discurso dando paso a una cadena de aplausos y vítores. En diciembre, su jefe recibió otro burofax de la empresa advirtiendo de que deberían abandonar el edificio a finales de abril.

“Me siento agradecida de haber podido ayudarles o alegrarles si es que ha sido así. Pero al final, aunque solo sea un trabajo, duele por la gente a la que dejas atrás y también por la incertidumbre que llega”, revela Carmen días después, al otro lado del teléfono. “Esta es una zona muy buena y quieren aprovechar la situación, pero siento que estas situaciones son las que terminan por cargarse el pequeño comercio en los barrios”, sentencia la trabajadora, augurando que el ejemplo de Gaztambide puede repetirse en otros puntos de la ciudad: “Comprar siempre en la misma panadería, ir a por dulces caseros o salir de los supermercados es lo que le da calidad a un vecindario. Y temo que este acabe perdiendo su esencia”.

El de este bloque no es un caso aislado. Las organizaciones de inquilinos llevan tiempo alertando de una dinámica que se ha extendido por distintos barrios de Madrid: fondos de inversión que compran edificios enteros con contratos en vigor, comunican su intención de no renovarlos y despliegan distintas fórmulas de presión para acortar los plazos. En el caso de Palau & Manfredi, las vecinas aseguran que el mismo esquema se ha reproducido en otros inmuebles fuera de Madrid, como en Barcelona, donde el fondo posee otro edificio en el Eixample.

Por vivir en su piso, Ángel e Irene pagna 1.100 euros al mes sin contar gastos como luz, wi-fi, gas o agua. Son unos 80 metros cuadrados con tres habitaciones, dos de ellas más pequeñas y la tercera sin ventana. Creen que la maniobra incrementará el precio de la vivienda para equipararla al estatus del barrio. Así que la protesta del domingo se presentó como una llamada a la negociación, donde los vecinos solicitaron a la propiedad que respetara los contratos y no trate de expulsar a sus inquilinos de forma inminente. En el interior del portal, entre buzones y carteles improvisados, alguien ha escrito un mensaje que resume el momento: “Aquí vive gente”.