El Tribunal Supremo ha decidido anular los ocho meses de cárcel que fueron impuestos a una alumna de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid por falsificar dos respuestas de un examen durante la revisión. Los jueces declaran probado que la aspirante a médico, efectivamente, aprovechó la revisión para cambiar dos respuestas que había fallado en el examen, pero añaden que esa hoja de respuestas no era un documento público oficial sino uno privado y anulan su condena. Que las respuestas hubieran sido cambiadas y falsificadas, dicen los jueces, “no convierte en oficial” una hoja de examen.
Los hechos, tal y como desveló elDiario.es, ocurrieron en mayo de 2019 durante un examen de 'Anatomía III' de Medicina en la UAM. La profesora a cargo de la prueba tuvo que separar a varios alumnos después de darse cuenta de que una de ellas estaba intentando copiar las respuestas de sus compañeros. Movida por sus sospechas, sacó una foto de las respuestas de la alumna y dos semanas después comprobó que algo no cuadraba: tras la revisión, dos respuestas que habían sido mal contestadas ahora estaban bien.
En una de ellas la alumna tenía que descartar parejas de arterias y estructuras irrigadas, y en la otra tenía que responder con “verdadero o falso” una pregunta sobre migraciones de neuroblastos. Tras la revisión, la acusada aprovechó para cambiar una de las respuestas en la primera pregunta y para cambiar un “falso” por un “verdadero” en la segunda. Los profesores se dieron cuenta y la UAM, con la que la alumna mantenía una relación conflictiva, decidió no conformarse con una sanción y acudió a los tribunales penales con una acusación de falsedad documental.
En un primer momento el pleito giró entre la tormentosa relación entre la alumna de Medicina y el centro universitario. Los tribunales madrileños firmaron para ella una condena de ocho meses de cárcel, junto con una multa de 1.440 euros, al entender que había incurrido en un delito de falsedad documental. Había suficientes testificales de profesores que demostraban su culpabilidad, dijo la Audiencia Provincial de Madrid, y sin embargo ninguna prueba que demuestre que actuaron por “animadversión” hacia ella o que la foto que hizo la profesora de su examen estuviera manipulada.
La condena de esta alumna, que podría haber llegado a implicar su ingreso en prisión si no hubiera pagado la multa, acaba de ser anulada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Los jueces, con Andrés Martínez Arrieta como ponente, mantienen como hecho probado que esta aspirante a médico manipuló dos respuestas de su examen de 'Anatomía III' aprovechando la revisión, pero afirman que eso no fue un delito: su hoja de examen, en ese momento, no era un documento oficial sino un documento privado sin consecuencias legales.
“No cualquier expresión documentada de un acto tiene la consideración de documento público u oficial”, explica el Supremo. Solo los documentos que expresan una “relación jurídica” de actos administrativos o civiles. Y el delito de falsedad documental protege el “interés general”. En este caso, zanjan los jueces, una hoja de respuestas, aunque sea “mendaz” con respuestas falsificadas, solo refleja una prueba académica: “No afecta, ni constituye ni acredita una relación jurídico procesal, sino tan solo el hecho de la realización de una prueba de examen”.
El centro universitario abrió un expediente, explican los jueces para deslizar que la vía sancionadora interna era el camino correcto, no la vía penal: “Desde ese control es donde la catedrática ha realizado fotos del examen, que se iba a corregir, para comprobar que efectivamente no se había producido ninguna alteración de ese examen. La constatación de su mendacidad es la que ha propiciado la incoación del expediente disciplinario tramitado en el ámbito universitario”.
Una relación conflictiva
El juicio celebrado hace varios años en un juzgado de lo penal de la calle Julián Camarillo de Madrid puso de manifiesto la relación conflictiva que existía entre la UAM, algunos de sus profesores y la alumna ahora exonerada de forma definitiva por el Tribunal Supremo. La acusada denunció sin éxito ante la Audiencia Provincial que la UAM mantenía “un expediente disciplinario con la intención de expulsarla” y que había “enemistades” contra ella “por haber denunciado la manipulación de los datos de sus notas en un curso anterior”.
Su recurso ante el Tribunal Supremo, presentado por el letrado segoviano Pablo Aragoneses González-Herrero, incidía en otro aspecto: la falsificación era verdad, pero no era un delito. Además, añadió, “dada la naturaleza burda y manifiesta de las alteraciones no pudo en ningún caso peligrar el bien jurídico”.
El resultado es una absolución firme de la alumna después de más de un lustro de proceso penal. La falsificación de sus dos respuestas, explica el Supremo, no trajo “un perjuicio para un tercero” como para ser considerado un delito.