Este jueves los 44 representantes elegidos tras la aprobación de la Ley de Personalidad Jurídica del Mar Menor se han reunido en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia (UMU) para escoger a los tres presidentes que ostentarán la tutoría de la laguna salada. Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho en la UMU y presidenta del Comité de representantes; Miguel Ángel Esteve, profesor de Ecología en la UMU y presidente del Comité Científico; y Mario Cervera, alcalde de Los Alcázares y presidente del Comité de Representantes, han sido designados para dar voz a la laguna. Además, el letrado Sergio Marco ha sido nombrado gestor de esta tutoría.
Vicente se ha mostrado “muy satisfecha” con el acto de elección de representantes: “Ha seguido la tónica que experimentó la Ley en el Congreso y el Senado. Todos los partidos se han puesto de acuerdo con nosotros”, ha celebrado la profesora de Filosofía del Derecho, quien también ha ejercido como abogada. Vicente fue galardonada en abril del año pasado con el Premio Medioambiental Goldman por impulsar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, finalmente, ha conseguido otorgar personalidad jurídica al Mar Menor, el único ecosistema europeo con derechos propios.
“Todo el conocimiento que estamos obteniendo deber servir para encontrar mejores soluciones que permitan reconstruir el ecosistema primigenio del Mar Menor, tal y como lo conocemos de nuestra infancia y juventud”, ha reclamado Esteve. Por su parte, el primer edil de Los Alcázares, quien ha estado desde el primer día muy comprometido con la obtención de firmas para que la laguna tuviera derechos, ha celebrado que la norma “es un ejemplo para España y Europa”.
“Lo primero que haré será ir a Hacienda para pedir el NIF al Mar Menor. Después ir a un banco y abrirle la cuenta bancaria”, ha explicado Marco, quien dará apoyo técnico a las presidencias y contará con la capacidad para ejecutar cobros y pagos.
El acto ha terminado con todos los asistentes cantando 'Sol y sal', una canción de Nunatak que se ha convertido en un himno al Mar Menor. Se han intercambiado abrazos y sonrisas entre los promotores de la ILP que dio a luz la ley: “¡Mar Menor vivo!”, “¡Derechos y justicia para el Mar Menor!”, han coreado.
Tres años después de la aprobación de la ley
Esta elección llega casi tres años después de la aprobación de esta norma de protección del Mar Menor. La normativa reconoce al Mar Menor y a su cuenca los derechos a la protección, conservación, mantenimiento y, en su caso, restauración, a cargo de los gobiernos y los habitantes ribereños. Además, del “derecho a existir como ecosistema y a evolucionar naturalmente”.
La ley también especifica que habrá tres comisiones, tal y como se recoge en el artículo 3: el comité de seguimiento, el científico y la comisión de representantes. El retraso en el nombramiento de esta última ya ha provocado un varapalo judicial en la defensa de la laguna salada. En febrero del año pasado la Audiencia Provincial de Murcia retiraba como parte perjudicada a las ONG y Ayuntamientos ribereños en una de las 39 causas en las que se dividió la segunda pieza del caso Topillo.
Inicialmente, el juez de Instrucción número 4 de Cartagena había ofrecido a asociaciones y consistorios presentarse como perjudicados. Pero el Alto Tribunal lo descartó en base a los artículos 3 y 6 de la Ley para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor, y concluyó que solo el Comité de Representantes previsto en esta normativa podría actuar en nombre de la laguna salada como perjudicado. Esto supuso que nadie pudo presentarse como parte perjudicada, y, por lo tanto, pedir una indemnización para el Mar Menor por los daños abordados en esta causa judicial.
Una sopa verda, una DANA y dos anoxias
La ley que dota de personalidad jurídica al Mar Menor nació de una Iniciativa Legislativa popular que consiguió en tan solo un año un total de 639.826 firmas, superando con creces las 500.000 necesarias. Los otros dos ejemplos mundiales de ecosistemas que han adquirido derechos propios han sido el río Atrato, en Colombia, cuya Corte Constitucional lo reconoció en 2016 como una entidad sujeta de derechos a la protección y conservación por parte del Estado y las comunidades étnicas, y el río Whanganí que, desde 2017, es reconocido por el gobierno de Nueva Zelanda como una persona jurídica, una demanda histórica de los indígenas maoríes que “se sienten en comunión con el río”.
Desde que en el verano de 2016 el Mar Menor se convirtiera en una sopa verde por la proliferación de algas, la laguna murciana ha sufrido la DANA de 2019 y las dos anoxias -falta de oxígeno en el agua - de 2019 y 2021 que llenaron sus orillas de peces y crustáceos muertos. El caso Topillo por el deterioro sufrido por la laguna “a consecuencia de los vertidos de la agricultura” se abrió en diciembre de 2017; por otra lado, la sociedad murciana se manifestó con grandes cifras de asistencia en varias ocasiones; y el 25 de noviembre de 2020 comenzó la recogida de firmas para dar personalidad jurídica a la laguna para poder defenderse de estos ecodicios.