Mientras los dos principales portavoces del PP sobre el ecocidio del Mar Menor –– a saber, el lenguaraz consejero Luengo y ese chico que preside en San Esteban–– continúan con su ceremonia de la confusión centrando toda su argumentación en el agua que baja por la rambla de El Albujón y más recientemente en la falsa responsabilidad general, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) parece haberse caído súbitamente del guindo y promete que actuará para que el vertido cero (agrícola) sea realidad dentro de dos años.
Por partes. Lo de los dos primeros no es o no debería ser sorpresa, habida cuenta de que continúan, como dignos sucesores, el guión que en su día escribieron y realizaron el expresidente Valcárcel y su fiel escudero Antonio Cerdá, aquel que achacó a las cremas solares de los bañistas la contaminación de la albufera. Negando la evidencia, vamos.
Lo de la segunda sí es sorpresa. Pues no puede menos que chocar que la institución encargada, junto a la Consejería regional del ramo, de velar por la limpieza de todas las aguas de la cuenca segureña se haya dado cuenta ahora de que tiene que actuar para controlar los malhechos de determinados agricultores y agroindustrias. ¿Y qué ha hecho durante los últimos 25 años?
Del común es más que sabido lo que ha pasado con la laguna y cuál es la forma de evitar que siga pasando. Tan recientemente como el 30 de octubre lo volvió a repetir in extenso y por enésima vez la ecologista Julia Martínez, haciendo un repaso a la cercana historia y demostrando, una vez más, que lo de los últimos meses se estaba viendo venir. Por ejemplo, y sin ir más lejos, desde aquella crisis ambiental de la invasión de medusas en los años noventa del siglo pasado que el inefable Cerdá se tomaba poco menos que a broma.
Y Martínez, como otros muchos, recuerda que la única solución es disminuir la presión agrícola general sobre la laguna. O sea, disminuir la superficie regable en todo el Campo de Cartagena. Mientras, otros eruditos, como el catedrático Ángel Pérez Ruzafa, presidente de la Academia de Ciencias de la Región desde junio, se empeñan en actuar tal que comadronas de las políticas del PP sobre el Mar Menor.
De los que hablábamos al principio, unos y otros se empeñan parejamente en conseguir que esos agricultores y agroindustrias llamados a declarar sigan siendo 'indeterminados'. Y, sin embargo, las actuaciones del fiscal Díaz Manzanera y del juez Ángel Garrote ponen negro sobre blanco que están bien determinados casi todos, por no decir todos, los presuntos-inocentes-mientras-no-se-demuestre-lo-contrario que deben rendir cuentas por lo que han hecho con el agua de riego y que ha terminado, de momento, con el ecocidio del Mar Menor. Porque no hay otra palabra mejor que esa para describir lo sucedido en la laguna salada, como muy bien explicó en su momento Eduardo Salazar.
Y lo que era de dominio del común, vino a ser corroborado en diciembre de 2017, como ya publicamos aquí en octubre, por el fiscal jefe Díaz Manzanera con su denuncia contra 37 personas y empresas agrícolas por la degradación del Mar Menor. Entre esos 37 que figuran en el escrito del ministerio público hay, además de 11 políticos y funcionarios, 14 empresas agroindustriales. A saber: Acosam s.l.; Agrícola Almazara s.l.; Agropecuaria La Cerca s.l.; Sociedad Cooperativa Copemoga; Agrícola Erica s.l.; Agrícola Palmasol s.l.; El Chincholero s.a.; Inagrup s.l.; Ciky Oro s.l; Vanda Agropecuaria s.l.; G`S España s.l.; GS España Internacional; Fortezza Rame s.l.; Insal Electricidad y Automáticos.
Junto a estas catorce firmas, están los 12 agricultores también investigados, es decir lo que antes era 'imputados': Mariano Albaladejo Martínez; Aquilino Albaladejo Martínez; José Garre Garre; Gregorio Garre Garre; Juan Pedro López Reinaldos; Roque Madrid Pérez; Juan Marín Soto; Francisco Miguel Ruiz Almagro; Ángel Sánchez Fructuoso; Isidro Soto Pedreño; Bernardino Vidal Garre; y Francisco Javier Vilches Matillas.
Pero, incluso antes de que el Juzgado de Instrucción 5, el de Garrote, fuera reforzado hace unos días con otro juez dada la magnitud del caso, el magistrado convocó en noviembre a otros 53 agricultores y agroindustriales a declarar como presuntos inocentes, pero en tanto que investigados (antes 'imputados', vuelvo a recordar).
Y esos últimos iniciaron sus declaraciones judiciales el lunes nueve de diciembre; a saber, por orden de comparecencia: Agrotomy s.l.; Mariano Galindo Roca; Nicolás Jara García; Agrícola Hermanos Hernanpe s.l.; Isidro Hernández Pedreño; José Martínez e Hijos s.l.; Francisco José Martínez Pérez; Explotaciones Agrarias Hermanos García s.l.; Juan Gracia Castejón; Agromanija 2000; Juan García Solana; José Ros Vera; Santiago Meroño León; Agrícola El Molino de la Mina c.b.; Manuel Giménez Pérez; Explotaciones Agrarias Cantarranas; Santiago Pérez Martínez; José María León Inglés; Agrícolas Hermanos Alcaraz s.l.; Alcaraz Pedreño Hermanos s.l.; Epifanio Alcaraz Saura; José Alcaraz Saura; Gregorio Garre García; Invemel s.l.; Agrícola El Hondo s.l.; Salvador Conesa López; José Cánovas Villaescusa; Gialgivi s.l.u.; Dolores Huéscar Martónez; Alfonso Jiménez Vivo; Agrícola La Rambleta; María Saura López; Salvador Meroño Roca; Agromaines s.l.; Roberto Sánchez Fernández; Rosa Ana Madrid Romero; Agrícolas Cano s.l.; José Antonio García Pérez; Antonio Miguel León García; Ecológicas La Pinilla s.l.; Andrés Corbacho Rabal; Andrés Mercader Hernández; Exportasol s.l.; Pozos Camacho s.l.; Manuel Meroño Cegarra; Mariano Sánchez Olmos; José Domingo Pérez Romero; José Antonio León Armero; Agrícola Los Rizaos s.l.; Teodoro Vera Albaladejo; y Fulgencio Conesa Marín.
De manera que, diga lo que diga ese chico que se sienta en San Esteban, a lo mejor resulta que entre tanto presunto-inocente-mientras-no-se-demuestre-lo-contrario ––79 son los reseñados más arriba–– hay también algún responsable del ecocidio. Y, por tanto, a lo peor ocurre que las responsabilidades no son tan generales, sino muy, pero que muy particulares. Por hoy, vale. Pronto, más.
