Como muchos ciudadanos, tengo dificultades con 'los números'. Pasé Economía en quinto de carrera gracias a los inestimables soplos de una compañerísima de clase y, bastante antes, fui aprobado por compasión en Matemáticas el último año que la cursé, a punto de cumplir catorce años. Mi historial en ese campo es más bien paupérrimo y vergonzante, por no decir vergonzoso. No obstante, como aprendí a discurrir —aunque a veces no lo parezca— gracias al latín, el griego, la historia y la literatura, llevo tiempo perplejo con las emanaciones oficiales del Banco de España, mayormente por boca de su señor gobernador, Pablo Hernández de Cos.
No me puedo enterar de mucho cuando la cosa va de guarismos puros y duros, pero las Humanidades me iniciaron en el aprendizaje de la explicación y desentrañamiento de actuaciones y actitudes. Desde detrás de ese cristal se contemplan las tomas de postura que viene repitiendo el cabeza visible de la gran institución supuestamente independiente que vela por que quienes dirigen las finanzas públicas no descontrolen y nos vayamos todos al barranco.
Así que al margen del novísimo escándalo protagonizado por varios altos funcionarios a las órdenes del jefe de ese único banco público español, los posicionamientos de su máximo dirigente vienen siendo cuanto menos chocantes desde hace bastantes meses, por su reiterado interés en oponerse dizque frontalmente a las propuestas del Gobierno.
En el último, hace apenas una semana, aprovechó una condecoración obtenida para expresar dudas para él más que razonables de que el maná venidero de los fondos bruselenses pueda ser aprovechado convenientemente en España. Por mucho que quisiera diluir el asunto repartiendo la advertencia crítica a todas las administraciones, a nadie se le escapa que esos dineros llegarán canalizados por el Gobierno del Estado y este será, consecuentemente, el máximo responsable de que se cubran o no los objetivos de revitalización económica.
Y es que el hombre lleva al menos desde marzo de 2019 ––antes de la formación del gobierno de coalición–– dando la vara. Se la daba al PSOE en su primera corta legislatura tras la era Rajoy, criticando los llamados “viernes sociales” con que los consejos de ministros post-PP iniciaron un tímido intento de empezar a revertir los desastres económicos para la población más desfavorecida derivados del austericidio ejecutado por aquel registrador de la Propiedad (ajena) en excedencia de quien casi nadie guarda recuerdo estimable.
Después, noviembre de 2020, cargó contra el proyecto de presupuestos para 2021 del gobierno de coalición porque, entre otras cosas, planteaban un “crecimiento generalizado” de nada menos que el 0,9% (¡¡¡) para los empleados públicos. Sector que, como todo el mundo sabe muy requetebién, había experimentado un alza disparatada de sus condiciones laborales y sociales durante el austericidio rajoyano (Dic 2011/ Jun 2018).
Después de lo cual, nuestro hombre al frente del llamado organismo regulador no cejó en su empeño, pues en junio de este mismo año aprovechó su posición supervisora para advertir seriamente de las nefastas consecuencias que para la economía pandémica tuvo la afortunadamente ya ejecutada subida del SMI en 2019 por parte del Gobierno socialcomunista; aunque este último epíteto es cosa del más arriba firmante.
El notoriamente joven y, sin embargo, suficientemente preparadísimo gobernador, que otra cosa no, pero de números sabe, estimó en junio pasado que ese aumento de los salarios más bajos incidió seriamente en la creación de empleo, cosa también más que sobradamente probada por la última EPA de este mes de octubre… aunque en sentido contrario al indicado por nuestro inefable jefe de los supuestamente mejores economistas del Estado español.
Visto lo cual ––y desde mi supina y probada ignorancia de guarismos, signos algebraicos, reglas económicas neoliberales y demás parámetros que a buen seguro domina profundamente el egregio Hernández de Cos––, me pregunto si no hubiera sido mejor que el Gobernador del Banco de España hubiera intentado, entre otras cosas obligatorias de su cargo, controlar solo un poquito a esa panda de economistas a sus órdenes que se están haciendo de oro irregularmente dando clases a unos cuantos que pretenden subirse legítimamente al carro de la élite financiera oficial, en la que, imagino, se debe cobrar bastante más que el triple del SMI bruto mensual: unos 950 euros mensuales.
Mi magra formación matemática no me alcanza para comprender la cifra que representa cuántas veces multiplican ese ingreso mínimo catorce veces al año los señoritos del organismo regulador. Vale.
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