El Gobierno foral cuestiona los estudios de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) con los que se miden los movimientos de la ladera norte de Yesa. Lo hace oficialmente medio año después de que sus propios técnicos de tres departamentos distintos (Medio Ambiente, Economía y el área de Protección Civil del departamento de Interior) hayan analizado pormenorizadamente cada parámetro que mide el riesgo de movimiento del terreno en los análisis de la CHE, y después de que esos mismos técnicos hayan confrontado sus conclusiones con los responsables del organismo estatal de aguas. Su diagnóstico final: “Siguen existiendo importantes incertidumbres en relación con la seguridad de la ladera, no quedando clara la situación actual después de las actuaciones de emergencia, ni las necesidades de nuevas obras complementarias en una ladera que la CHE ya considera estable, ni la eficacia de las nuevas obras anunciadas, que se podrá evaluar cuando la CHE presente el proyecto junto con estudios actualizados”.
En resumen, la CHE entiende que los movimientos de la ladera no entrañan riesgos y los técnicos del Gobierno foral entienden que la CHE minusvalora dicho riesgo. Pero, al tratarse de una obra de competencia estatal, el Gobierno foral no puede hacer más que limitarse a pedir al Estado que paralice las obras. Y, para que no sea una suspensión ‘sine die’, el Gobierno foral se compromete a financiar un estudio sobre la seguridad de la ladera que sea “independiente”, realizado por técnicos internacionales en riesgos geológicos y que pueda establecer un dictamen definitivo sobre la seguridad de las obras de recrecimiento del pantano. Aunque no hay una cuantía establecida, el Gobierno foral asegura que habrá en sus presupuestos para 2018 una partida específica para pagar este estudio.
Incremento de los costes
El dinero que el Gobierno foral destine a la elaboración de este estudio tendrá que sumarse a los más de 420 millones que han supuesto por el momento las obras de recrecimiento del embalse de Yesa, una cantidad que multiplica por cuatro el presupuesto inicial de licitación del año 2001, y a la que hay que añadir otros 23,6 millones con los que el Gobierno central debe indemnizar a los vecinos de las urbanizaciones Lasaitasuna y El Mirador de Yesa, que tuvieron que abandonar sus hogares en febrero del 2013 tras detectarse nuevas grietas en la ladera sobre las que se asienta la presa y en la que estaban estas casas.
Las grietas hicieron que las autoridades responsables decidieran que las viviendas no podían ubicarse en estas parcelas, por lo que se buscó a cerca de un centenar de vecinos una alternativa y se les tuvo que indemnizar. Sin embargo, tanto la CHE como el Gobierno central aseguraron que se habían limitado las grietas de la ladera y que no existía ya ningún peligro. Todo ello, a pesar de las nuevas grietas que siguieron apareciendo en los meses posteriores y a pesar también de los registros de movimiento que continuaron certificándose.
Frente a los numerosos informes de la CHE con los que sus técnicos han llegado a asegurar que los movimientos de la ladera habían desaparecido en la práctica, el seguimiento hecho por la comisión interdepartamental encargada por el Gobierno de Navarra arroja conclusiones diferentes. “La confluencia de distintos factores naturales y antrópicos arroja importantes incertidumbres sobre el estado de la seguridad del embalse y de la ladera”, entienden los técnicos del Gobierno. Al contrario que la CHE, dichos técnicos informan de que “la mayoría de estos condicionantes se encuentra del lado de la inseguridad”. Entre otros factores, citan los deslizamientos debidos a la geología de la zona, “la estimación errónea histórica de los parámetros geotécnicos” recogidos en los estudios de la CHE, o el hecho de que, en su opinión, el organismo estatal de aguas no defina “con precisión” el llamado “factor de seguridad” de la ladera derecha. Los estudios del organismo estatal sitúan este parámetro como “cercano a uno”, pero sin concretarlo, y los técnicos del Gobierno foral entienden que “mientras sea inferior a 1,25” no puede considerarse como “factor de seguridad”. Por esta razón, los técnicos del Gobierno cuestionan que se siga adelante con las obras complementarias de la ladera previstas como refuerzo para su estabilización.
Los técnicos del Gobierno admiten que “los parámetros de cálculo sismológico” de los estudios de la CHE “cumplen con la normativa sismo resistente” que estaba vigente cuando se redactó el proyecto, pero llaman la atención sobre el hecho de que dicha normativa ha evolucionado mucho y deja obsoletos los parámetros utilizados con respecto a la normativa actual y a los estudios históricos de la sismología de la zona.
Recomendaciones
Tras cuestionar las conclusiones de la CHE, los técnicos del Gobierno recomiendan elaborar una “auditoría de las obras de emergencia y revisión de lo proyectado, ejecutado y certificado”. También reclama nuevas evaluaciones independientes para fijar concretamente el factor de seguridad en la actualidad y una estimación de dicho factor en el caso de que deba producirse un llenado y vaciado rápido del embalse tras concluir las obras de recrecimiento. Por último, destacan que la CHE “debe estar en condiciones no sólo de garantizar la absoluta seguridad del proyecto, sino también de someter sus criterios y actuaciones al escrutinio de especialistas de reconocido prestigio a nivel mundial en materia de riesgos geológicos en a grandes obras hidráulicas”.
El geólogo de la Universidad de Zaragoza Antonio Casas, que ha colaborado con los técnicos del Gobierno en el análisis de los informes de la CHE, entiende que la única forma de minimizar el riesgo para la población es “bajar la cota del embalse hasta un volumen de unos 70 hectómetros cúbicos” y critica lo que denomina “parches” en la ladera, que en su opinión debían haberse sustituido por balsas laterales. En su opinión, “Yesa no debería llenarse nunca, porque es técnicamente imposible con unas mínimas garantías de seguridad”.