La Fiscalía alerta de “una cierta masificación” de reclusos en la cárcel de Pamplona
El titular de la Fiscalía superior navarra, Jaime Goyena, alerta en la memoria de 2025 de la institución que en el último año se ha detectado una “cierta masificación” de reclusos en el centro penitenciario de Pamplona, que han pasado de los 406 de 2024 a los 457. La cárcel de la capital navarra tiene una capacidad total de 1.008 plazas, pero el ministerio fiscal apunta que en la actualidad solo se encuentran ocupados cuatro de los diez módulos disponibles. Los sindicatos añaden que se debe a una falta de personal funcionario.
Según los datos de la Fiscalía recogidos en su memoria, la cárcel de Pamplona en 2025 solo tenía ocupados cuatro módulos con capacidad para 144 internos (uno de mujeres), así como la enfermería, y el departamento de ingresos. “La convivencia en algún módulo empieza a resentirse”, sostiene el fiscal general, que indica que los módulos 3 y 4, los dedicados a los presos preventivos y penados principalmente, se encuentran masificados con 130 y 127 internos respectivamente, mientras que el módulo 2 asegura que está “saturado”.
“Aunque la capacidad de estos módulos es de 144 internos, dos por celda, la experiencia demuestra que, en los módulos con más de 100 internos, el mantenimiento del buen orden regimental resulta más complejo, debido a la tensión diaria que surge de la competencia entre los internos por el acceso a servicios como el disfrute del gimnasio, reparto de alimentos, y la asignación de celdas con internos afines”, apunta.
Añade además que no está “en las previsiones de la Secretaria General de Instituciones penitenciarias la apertura de módulos nuevos” ante la escasez de funcionarios, que lamenta “se da incluso respecto de la población reclusa ya existente.
Desde el sindicato ACAIP señalan que la falta de personal funcionario se extiende al resto de España porque no se están pudiendo cubrir todas las bajas por jubilaciones que se están registrando. Añaden que en próximas fechas se celebrará una OPE con la que se cubrirán más de mil plazas en todo el país, pero que todavía no serán suficientes. “La ganancia neta está siendo muy baja”, apunta Joaquín Leyva, portavoz de este sindicato.
Más señalamientos que fiscales
En la misma memoria, de 82 páginas, la Fiscalía también refleja que “uno de los mayores problemas” a los que se enfrenta en el día a día “es el elevado número de señalamientos de vistas y juicios” en los que el órgano estatal tiene que intervenir. “En ocasiones, es mayor el número de señalamientos que el de Fiscales disponibles”, se queja el fiscal general en el documento, y apunta sobre todo a los Juzgados de Primera Instancia de Pamplona en los que se celebran “numerosos señalamientos para un único juicio o una vista” del Fiscal, “en lugar de concentrar todos esos señalamientos en una única jornada”. Este funcionamiento deriva en que, si “el primer juicio ha durado más de lo previsto”, el Fiscal llegue con “retraso” a segunda vista si esta se celebra en otro juzgado.
“Esta situación no solo acarrea una deficiente gestión de recursos humanos, sino que, además, contraviene lo dispuesto en el artículo 182.4.5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil” y el “Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial”, expresan.
Preocupación por el aumento de denuncias a menores de edad
El fiscal general, Jaime Goyena, también muestra su preocupación por el aumento de denuncias a menores. “En las denuncias tramitadas como Diligencias Preliminares aparecen como denunciados un total de 1.108 menores de edad” en 2025, refleja la Fiscalía navarra, alertando del “elevado número de denuncias penales que se han tramitado durante este año, incrementándose prácticamente en todos los tipos de delitos (salvo en los delitos contra el orden público)”. “Es preocupante”, califican.
En especial, ponen el foco en “las denuncias por delito de acoso escolar, en particular a través de redes sociales”, que además de incrementarse es frecuente que los perpetren “ menores de 14 años, que son inimputables”.
En este apartado, también plasman como “creciente” los delitos contra la seguridad vial por parte de menores, “la mayor parte de las veces por conducir vehículos a motor o ciclomotores careciendo del preceptivo permiso de conducir”. Además, este delito suele cometerse “en concurso con otros delitos”, y plasma de ejemplo el caso de un menor que “condujo el automóvil que acababa de sustraer a un familiar, a la espeluznante velocidad de 231 km/hora, con el añadido de que, una vez interceptado por los agentes policiales, el menor se dio a la fuga”.
Petición de reforma del delito de hurto cuando es un móvil
Para concluir, en las “propuestas de reformas legislativas” el Ministerio Fiscal insta a modificar el artículo 234, que regula la “sanción prevista para el hurto (prisión de 6 a 18 meses, en su modalidad básica)”, puesto que “en numerosas ocasiones, ese hurto tiene por objeto el teléfono móvil”. En este sentido, han considerado que al perjuicio de “la pérdida patrimonial”, base en la que se apoya la calificación (que incluso califica como delito leve si el teléfono tiene un valor inferior a 400 euros), se le suma la extracción de un dispositivo “que ha terminado por convertirse en la auténtica piedra angular de la identidad digital de la persona”.
“Dicho dispositivo almacena información muy sensible, como son los datos de Identificación Personal (números de teléfono, correos electrónicos y documentos de identidad digitales), Datos financieros, Datos biométricos y de salud (huellas dactilares, reconocimiento facial, registros de actividad física o salud personal), Geolocalización (rastreo en tiempo real mediante señales de GPS y antenas de telefonía, que permiten reconstruir historiales de movimiento), así como Comunicaciones y Archivos (mensajes de texto, imágenes, vídeos e historiales de navegación)”, describe la Fiscalía para justificar “la gravedad del perjuicio” que supone la “sustracción de un teléfono”.
Por ello, “se propone como reforma legislativa” dicho artículo del Código Penal, “en el sentido de que el hurto de un teléfono móvil o un dispositivo electrónico semejante (tableta, ordenador personal, etc.) tenga siempre la consideración de delito menos grave, con independencia del valor material del dispositivo hurtado”.
Los delitos cae un 5%
En cuanto a las cifras, en la memoria se recoge que en 2025 los delitos penales “se incoaron un total de 31.381 Diligencias Previas” (inicio de investigaciones) lo que supone un 5% menos que en 2024, cuando se registraron 33.029. De esas diligencias, “incoaron un total de 2.749 Procedimientos Abreviados”, que causa avanza hacia la acusación y, eventualmente, el juicio. “Lo que supone un incremento de 8,1% respecto de los 2.544 incoados en 2024”.
Algunos de los datos desglosados que llaman la atención en la “evolución de la criminalidad” son los homicidios, registrándose un 125% más (9 respecto a 4 del 2024). Los procedimientos por “delitos contra la libertad sexual” han aumentado un 4,6%, un incremento que “contrasta con la importante disminución en el número de violaciones (agresión sexual con penetración vaginal, anal o bucal) pues de las 73 del año 2024 se ha pasado a las 31 de 2025 (-57,5%)”, refleja el Ministerio Fiscal navarro en la memoria. “Por el contrario, respecto de las agresiones sexuales cometidas sobre menores de 16 años, estas han pasado de las 88 del año 2024, a las 110 del año 2025 (+20%)”.
Respecto los “delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral cometidos por autoridad y funcionario público”, que han aumentado un 21,1% en 2025 respecto al año anterior. Desglosado, se reflejan dos delitos por tortura (frente a los 7 de 2024) y 5 por delitos contra la integridad moral cometidos por funcionario público, un 400% más respecto al único registrado el año anterior.