Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos el Gobierno de Navarra ha reconocido a otras siete personas como víctimas de la violencia policial en aplicación de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Con ellas son ya 101 las víctimas policiales confirmadas merced a esta ley foral.
Según ha informado el colectivo Egiaren garaia da, conformado por la Red de Personas Torturadas de Navarra y Egiari Zor, la siete personas reconocidas ahora fueron víctimas de tortura entre los años 1973 y 2002. Se trata de Iñaki Beorlegui Recalde, torturado por la Brigada Político Social en 1973; Amparo Arangoa Satrustegi, torturada por la Guardia Civil en 1976; Purificación Galarza Ochoa, torturada por la Guardia Civil en 1979; Javier Pérez de Obanos Oyarbide, torturado por la Policía Nacional en 1981 y 1987; Pedro De Miguel Caballero, torturado por la Guardia Civil en 1994 y por la Policía Nacional en 2004; Ane Buitron Zazpe, torturada por la Guardia Civil en 1995; y Mikel Soto Nolasco, torturado por la Guardia Civil en 2002.
Ambas entidades han valorado “positivamente” las resoluciones del Gobierno foral. “Resultan útiles para visibilizar el impacto que la violencia del Estado ha tenido en nuestro territorio y consideramos que deben servir para seguir sacando a la luz las graves vulneraciones de derechos humanos provocadas por el Estado en Nafarroa y el conjunto de Euskal Herria”, han añadido.
Una de las primeras víctimas reconocidas por el Gobierno navarro fue Mikel Zabalza, el joven que fue torturado hasta la muerte por la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo, y del que hace pocos días se cumplieron 40 años de su desaparición. “Seguimos animando a todas aquellas personas que hayan sufrido violencia política por parte del Estado en Navarra a presentar sus solicitudes de reconocimiento y reiteramos nuestra predisposición a ayudar a toda persona que así lo requiera en la realización de las tramitaciones”, han explicado desde las dos entidades.
La ley navarra, además del reconocimiento, recoge para las personas que sean declaradas víctimas el derecho a recibir indemnizaciones. En concreto, se fija un máximo de 250.000 euros en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica. Son las mismas cuantías que recibe cualquier víctima del terrorismo reconocida por el Estado. En 2024 la comisión reconoció una indemnización total a las víctimas de 1.243.000 euros.
La recoge que estas indemnizaciones “son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos de otros organismos, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo” de la ley foral.
Somos diferentes. elDiario.es es el único medio escrito generalista en España con edición propia en Navarra. Hazte socio y apoya el periodismo cercano y a nuestra redacción en la Plaza del Castillo. Más información en el teléfono 848 451 633. También puedes seguirnos en en X, en Facebook, en Telegram, en nuestro canal de noticias por WhastsApp y ahora también nos puedes encontrar en Bluesky. Puedes seguirnos aquí.