Navarra romperá el contrato del túnel de Belate que adjudicó a Acciona, Osés y Servinabar por 76 millones
Tras los informes jurídicos que han paralizado el pago del sobrecoste de 8,3 millones de la obra para el desdoblamiento del túnel de Belate, el Gobierno de Navarra ha decidido que la única salida posible al entuerto que ha generado varias crisis entre los socios es la de romper el contrato de la obra y volver a abrir el proceso de licitación. Así lo ha anunciado este miércoles la presidenta, María Chivite, en el Parlamento foral.
“No vamos a pagar ni un euro que no esté perfectamente justificado y acreditado como necesario”, ha solemnizado la presidenta navarra en una comparecencia parlamentaria solictada por UPN, principal partido de la oposición y el que denunció las obras de este túnel ante la Guardia Civil.
El de Belate es el contrato más elevado adjudicado por su Ejecutivo a las empresas que investiga el juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno por corrupción. Recayó por 76 millones de euros en Acciona, la local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%, pero fue excluida de la UTE al saltar el presunto caso de corrupción.
Al poco de empezarse las obras, las empresas de la UTE anunciaron un sobrecoste de 8,3 millones de euros que justificaban por razones técnicas y de proyecto. El Departamento de Cohesión Territorial, del que depende Obras Públicas, lo tramitó como un modificado, pero a la hora de abonarlo, un informe de la Intervención General lo echó para atrás al considerar que no estaba debidamente justificado. Este hecho se cobró el cargo del director general Pedro López Vera tras una importante crisis entre los socios del Gobierno.
Pero los trabajos de ese modificado ya se habían ejecutado en la obra, por lo que el Gobierno de Navarra ha estado estudiando estos meses fórmulas para abonar a las empresas de la UTE esos 8,3 millones de euros. La vía elegida fue la del enriquecimiento injusto, pero de nuevo ha sido rechazada, esta vez por la asesoría jurídica.
Ahora, y tras no encontrar otra solución, el Ejecutivo ha decidido resolver el contrato “por desistimiento expreso de las partes” para así poder abrir una nueva licitación, que la obra “continúe” y cumplir “los plazos de la Comisión Europea”, que amenazó a Navarra a cerrar la carretera N-121-A, la que une Pamplona con Francia a través de Irún por incumplir la normativa de túneles al no estar desdoblados.
“No podemos mantener indefinidamente una situación contractual en la que existen trabajos pendientes, una modificación contractual que hoy no puede desplegar los efectos pretendidos y una necesidad evidente de dar una salida jurídica a la relación entre la Administración y la actual empresa contratista”, ha añadido el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Javier Remírez.
El portavoz del Ejecutivo también ha avanzado que lo “esperable” es que ahora se produzca un “periodo de transición” en la obra, donde la maquinaria lleva semanas parada. “Creemos que todas y todos los presentes aquí hoy entenderán que es mucho más responsable afrontar esa transición de manera ordenada que tratar de mantener una situación contractual que no ofrece una salida segura, ha apostillado.
Por su parte, el consejero de Cohesión Territorial ha informado que la actual adjudicataria del contrato ha completado un 56% de la obra y que se le han abonado ya 38 millones de euros. Según ha añadido, la UTE ha ejecutado trabajos por valor de 9 millones de euros no incluidos en el contrato y que no han sido abonados.
“Se quería satisfacer a Servinabar”
La oposición ha criticado con dureza la decisión tomada por el Gobierno de Chivite. El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha asegurado que volver a licitar la obra “constata el fracaso de una gestión de este Gobierno que no es limpia” y le ha preguntado a la presidenta cuánto dinero va a costar y si alguien va a asumir responsabilidades.
El portavoz regionalista ha afirmado que el Gobierno de Navarra ha estado “al servicio de presuntos corruptos” en la gestión de esta obra. “Tenemos la convicción de que no se trata de ineptitud, se trataba de satisfacer a las empresas de la UTE, entre las que estaba Servinabar”, ha añadido. Chivite le ha respondido que el Gobierno “podría haber levantado el reparo suspensivo” pero que no lo hizo porque habría “añadido un foco interesado” a la obra.
“Su tesis de que había un pacto oculto para pagar se cae con tres hechos: el reparo suspensivo que no se ha levantado; el informe jurídico; y que las obras se están haciendo, no se ha pagado por nada que no se haya hecho”, ha defendido.
Los socios del PSN en el Gobierno de Navarra, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, así como EH Bildu, socio presupuestario, han mostrado su preocupación por el retraso que porovocará una nueva licitación en las obras y han pedido “un análisis sosegado” sobre la gestión de la obra y su adjudicación.