Fernández Díaz ha señalado, en declaraciones a los medios durante una visita a zonas afectadas por inundaciones en Buñuel, que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como el comité político del Consejo de Europa y ahora la Audiencia Nacional han dictaminado que la política penitenciara de España “no sólo es legal sino que es acorde con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, algo que me satisface”.
Después de que la Audiencia Nacional haya denegado el acercamiento de 30 presos de ETA, el ministro ha destacado que ha quedado ratificado que “la política de dispersión penitenciaria no sólo es legal sino que en absoluto viola los derechos humanos de los presos ni de sus familiares”.
Además, ha destacado que se trata de una medida que aplica el Gobierno “en el contexto de una política antiterrorista” y ha afirmado que “la política de dispersión tiene su mayor aliado en ETA”.
Así, ha argumentado que “si ETA desapareciera y anunciara su disolución, no tendríamos que aplicar con carácter general la política de dispersión penitenciaria, porque trae causa de la pertenencia a una organización terrorista”. “En manos de ETA y sus presos está el tomar la decisión para que terminemos con la política de dispersión, mientras tanto, vamos a seguir aplicando la política de dispersión”, ha afirmado.