El Senado, Trump y la casa de los valientes
La tremenda capacidad que han desarrollado los senadores del partido Republicano para tragar sapos (de un tamaño que ya se aproxima al de las ovejas churras) por miedo a llevarle la contraria al señor de la oscuridad de Mordor-A-Lago quedó reflejada de nuevo el sábado de la semana pasada cuando, a escondidas, con nocturnidad y alevosía, votaron a favor de confirmar a Todd Blanche, el infame abogado personal de Donald Trump, como fiscal general del Estado.
La votación se produjo pasados 17 minutos de las 4 de la madrugada, mientras todo el país roncaba a compás y, para cuando los estadounidenses saltaron de la cama (temprano, prontito, como las gallinas, porque en Estados Unidos la gente cree a ciencia cierta que a quien no madruga no le ayuda aquí ni Dios), sus señorías habían partido ya de vacaciones.
Cinco semanitas, cinco, de veraneo con paga incluida (algo inédito para la mayoría de los estadounidenses) en las que van a poner tierra de por medio a sus votaciones y, luego ya, para cuando les toque volver al cole, otro tema habrá ocupado la atención mediática. Pero la confirmación de Blanche como fiscal general del Estado de Estados Unidos resulta demasiado grave para acatarla sin indignación.
Blanche viene a sustituir el hueco provocado por la caída en desgracia de su predecesora en el cargo, Pamela Jo Bondi, nombrada por Trump fiscal general del estado en febrero de 2025 como premio por haber ejercido con éxito la defensa durante su primer impeachment (proceso de destitución del presidente en las cortes) pero despedida fulminantemente en abril del 26.
A juzgar por cómo se desarrollaron los acontecimientos con Pam Bondi al frente del Ministerio de Justicia (en Estados Unidos la cartera de justicia y la fiscalía general recaen en la misma persona), Trump debió de formularle a su ministra dos peticiones muy concretas. Una: encontrar cualquier excusa legal para perseguir a quienes le habían obligado a ocupar delante de un juez el banquillo de los acusados. Dos: ocultar a las cortes cualquier documento que pudieran vincularle con Jeffrey Epstein o con su trama de tráfico sexual de menores. Bondi intentó cumplir el primero de los encargos inculpando a Letitia James (la fiscal general de Nueva York que investigo y llevó a juicio civil a Trump por fraude) y a James Comey (exdirector del FBI que lideró las investigaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y denunció públicamente la falta de ética del presidente), pero ninguno de los procesos prosperó por falta de pruebas sólidas o de sustento jurídico de los cargos presentados. Trump no se sintió demasiado feliz por ello, calificó la desestimación de las pruebas como un simple “tecnicismo legal” y presionó a Bondi en las redes para que fuese más agresiva pusiera toda la carne en el asador de una apelación que probase de forma contundente que Laetitia James y James Comey seguían siendo “culpables”: “No podemos retrasarlo más, está matando nuestra reputación. ¡¡¡SE DEBE HACER JUSTICIA AHORA!!!”.
Sin embargo, y a pesar del rapapolvo, el verdadero problema para la fiscal general del Estado empezó a surgir cuando dio síntomas de flaquear en el segundo encargo. En marzo de este año, después de que Bondi se limitara a entregar a las cortes documentos descalificados de la trama Epstein en los que se habían tachado los nombres de múltiples sospechosos al tiempo que se dejaban expuestas las identidades de algunas de las víctimas, la casa de representantes emitió una orden de comparecencia que obligaba a Bondi a dar cuentas al congreso, bajo juramento, sobre la presunta ocultación de información en los papeles de Epstein.
La presión llegaba desde tres altos cargos de su partido, el Republicano: la diputada de Georgia Marjorie Taylor Green, el diputado de Kentucky Thomas Massie y el senador de Misuri Eric Smith. Los tres eligieron ponerse del lado de las víctimas y exigieron a la fiscal general del estado que cumpliese la promesa electoral hecha por Donald Trump de descalificar todos y cada uno de los documentos de la trama. Prometer hasta meter puesto que, en abril, para evitar a toda costa que el testimonio de Bondi se produjese, Trump la destituyó de forma tajante. En redes la agradeció los servicios prestados, en la vida real la arrojó al mismo contenedor de usar y tirar al que previamente había botado a otros leales destronados como el vicepresidente Mike Pence, la embajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley o la Barbie policía Kristi Noem.
Caída la fiscal, ding dong the witch is dead, el munchkin llamado a sustituirla fue su segundo de a bordo, Todd Blanche, que había ascendido hasta el número dos del ministerio de Justicia en reconocimiento a su trabajo como abogado personal del ciudadano Trump. Fue Todd quien llevó a cabo la defensa de Donald en el juicio por 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con el pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio. El objetivo era que Stormy no revelase a los medios la relación extramatrimonial que el candidato a presidente en 2016 había mantenido con ella mientras su tercera esposa, Melania, le aguardaba en casa con el bebé Baron en sus brazos. Blanche era también el hombre que Bondi había insinuado en el senado que estaba detrás de las tachaduras del informe Epstein. Lo cierto es que, cuando menos, sobre Blanche se cernían serias sospechas de haberse encargado de comprar el silencio de Ghislaine Maxwell, compañera sentimental de Jeffrey Epstein. Condenada a 20 años de prisión por reclutar a chicas menores de edad con la intención de prostituirlas con personajes ricos y famosos, la Maxwell había solicitado un indulto presidencial. Trump envió a Blanche, en julio de 2025, a entrevistarse con ella.
Ghislaine estaba entonces detenida en la prisión federal de Tallahassee, Florida. La sacaron de la cárcel, la condujeron a los juzgados y, tras una conversación a puerta cerrada, el fiscal general adjunto ofreció a la prensa la transcripción de algunos fragmentos de la conversación, grabada por él mismo, en los que Maxwell exculpaba a Trump de cualquier delito relacionado con la trama. A cambio, Ghislaine, a quien Trump dijo que le deseaba “lo mejor”, fue trasladada a un centro de mínima seguridad en Byran, Texas, donde la conceden tiempo libre para ir al gimnasio y puede elegir menú a la carta cada día.
Con aquella maniobra, Todd Blanche probó mantener una lealtad al presidente que superaba límites “nunca vistos con anterioridad” y se convirtió en el consigliere personal de Donald Trump. Aun así, arrojada Bondi al cubo de los desperdicios, Trump le hizo pasar a su abogado una nueva prueba de fuego antes de proponer su candidatura a regir la fiscalía general del estado: que le consiguiese inmunidad fiscal permanente. Dicho y hecho: en calidad de ministro de Justicia interino, en mayo de 2026 Blanche se sacó de la manga un decreto que prohibía de forma permanente al ministerio de Hacienda (IRS) inspeccionar o auditar cualquier declaración de la renta de Donald J. Trump o de los miembros de su familia.
Además, haciendo gala de un fervoroso deseo de mostrar su lealtad sin condiciones, Blanche se atrevió a ir mucho más lejos. El mismo día anunció que, como paquete regalo del decreto de inmunidad fiscal, se ordenaba la creación de un fondo de dinero público por valor de 1.776 millones (nótese la connotación patriotera de la cifra que coincide con el año en que las 13 colonias declararon su independencia) para compensar a los aliados de Trump que hubiesen resultado perjudicados durante el gobierno de Biden (incluidos, por supuesto, los golpistas que asaltaron con violencia el Congreso en enero de 2021 previamente indultados por Trump).
Pasada la prueba del algodón, en junio Trump movió ficha y propuso a su alfil como candidato a fiscal general del estado. Correspondía al senado confirmar aquella nominación. Otro sapo a tragar por los senadores Republicanos, sabedores de que las credenciales de Blanche no resultan medidas fáciles de justificar ante unos electores que, en menos de noventa días, tienen que decidir si les “votan” o les “botan” en las elecciones de medio mandato. Por tanto, no fue de extrañar que enseguida surgieran algunas voces de alarma dentro del partido. Las primeras fueron las de las senadoras Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska quienes, una vez más, mostraron que las mujeres con cargos públicos son las que se enfrentan a Donald Trump con más agallas. Luego las secundaron dos caballeros: un senador de Texas, John Corny, y uno de Carolina del Norte, Thom Tillis. Ambos expresaron su negativa a aceptar como fiscal a un tipo dispuesto a dotarle de inmunidad fiscal al presidente y de crear un fondo con dinero público para pagar a golpistas. Pero, ay, amigo, en cuanto Blanche se avino por escrito (ya veremos lo que dura la tinta en el papel) a renunciar a la creación del fondo, los senadores se olvidaron de Epstein y de la inmunidad fiscal y prometieron votar a su favor. A Todd le salían los números para ser elegido: yahoo! (que viene a sustituir en inglés al ¡yupi! español de toda la vida) Pero hete aquí que alzó la voz el senador Bill Cassidy, interpretando el papel de llanero solitario de Luisiana. “Quietos, paraos”, vino a decir el Republicano, pregonando a los cuatro vientos que la inmunidad fiscal para los Trump resultaba “totalmente” indefendible. Sin el apoyo de Cassidy, Blanche se quedaba a un voto de proclamarse vencedor. El viernes 7 de agosto, día anunciado para la votación, muchos nos fuimos a la cama con cierto alivio.
Pero ocurrió un milagro y, en la madrugada del sábado 8, mientras dormíamos, Cassidy cambió de opinión. Se debió de prender una zarza o alguien le puso un llama-cuelga al móvil, pero el caso es que cambió del “Nay” al “Yea” basándose en este sorprendente razonamiento: ratificado como fiscal general del estado, Blanche gozaría de mayor independencia en sus decisiones que si permanecía de aspirante al cargo pendiente de agradar a la Casa Blanca. Chúpate esa. A parte de los 47 votos negativos de la bancada Demócrata, al final en las filas Republicanas solo aguantaron firmes Susan Collins y Lisa Murkowski; así que, a las 4 horas y 17 minutos de la mañana del 8 de agosto, tras conseguir 50 votos favorables en el senado, Todd Wallace Blanche se convirtió en el nuevo fiscal general del estado de Estados Unidos y la oficina encargada de defender el estado de derecho pasaba a convertirse en el bufete privado del abogado de Donald Trump.
A partir de ahora, como en el chiste en que un grupo le cantaba “Feliz en tu día” a una anciana moribunda y, llegado el verso final (“y que cumplas muchos más”), se veían obligados a mirar al suelo y a cambiar la letra por un “lala, lala, lalalá”, los 50 senadores que han hecho posible el ascenso de Blanche a la cúspide de la justicia estadounidense, cada vez que escuchen al final de su himno nacional la frase que se refiere a Estados Unidos como la “casa de los valientes” (home of the brave) van a tener que apretar mucho los labios y mirar con disimulo hacia el techo.