Un atentado contra los principios básicos
En la izquierda y en el PSOE hay quien quita importancia al escándalo de Leire Díaz. O quien cree que es todo un invento de la UCO y del juez Pedraz. Atavismos del izquierdismo radical –“el estado capitalista es siempre culpable– o ciegos oportunismos –”todo vale para defender a los míos“– impiden a veces el frío análisis de las cosas y convierten las opiniones en demagogia. Porque el citado escándalo es gravísimo. Porque lo que se ha contado hasta ahora de manera creíble es que el secretario de Organización del PSOE y Leire Díez montaron un entramado de relaciones en la que a miembros de la judicatura, de la Guardia Civil y del aparato del Estado se ofrecerían toda suerte de compensaciones a cambio de que favorecieran los intereses o la suerte procesal de destacados socialistas, empezando por Pedro Sánchez.
Parece ser, pero aún no está confirmado del todo, que esa trama fue descubierta en su fase de preparación, cuando aún no se había concretado en intercambio espurio alguno, pero sí cuando ya había realizado numerosos contactos con los fines citados. En definitiva, cuando ya era algo operativo.
Aparte de avanzar en lo hasta ahora descubierto –la trama trató de influir al menos en una docena de causas judiciales– y de probarlo adecuadamente, la investigación ahora se centra en descubrir si había otras personas implicadas en la misma –los investigados y los que estarían a punto de serlo superan la decena–. Y los rumores periodísticos, así como las consabidas acusaciones que el PP ha hecho desde el primer momento, apuntan al líder del partido a la cabeza de los mismos.
¿Cómo no iba a saber el secretario general del PSOE que su número dos estaba preparando algo tan formidable y contrario a la ley sin conocimiento de Pedro Sánchez? O ¿Cómo iba a atreverse Santos Cerdán a montar la trama sin autorización, expresa o indirecta, de su jefe? Son las preguntas en las que se sostiene la sospecha de la culpabilidad de Pedro Sánchez.
Será muy difícil obtener pruebas que lo inculpen a menos que Cerdán se decida a confesar algo al respecto. Y habrá que esperar un tiempo a que tanto el desarrollo de la causa como el devenir electoral del PSOE –las actitudes pueden cambiar bastante si los socialistas pierden las elecciones– aclaren el panorama respecto de las posibilidades de que eso ocurra.
Otra razón permite pensar que el juez Pedraz habría de evitar en un futuro previsible implicar a Pedro Sánchez: el hecho de que, si lo hiciera, la causa, y en particular, la eventual imputación del líder socialista, pasaría a ser competencia del Tribunal Supremo, dada la condición de aforado del imputado. Es decir, que Pedraz se quedaría sin caso. Y esa no parece ser su intención en estos momentos.
Pero en teoría habría un motivo adicional más: y es que todo se hubiera montado a espaldas de Sánchez, que los conjurados hubieran pensado en rematar sus tráficos sin conocimiento del líder del partido, para ofrecerle los resultados de sus gestiones sin que éste se hubiera enterado de nada hasta ese momento.
Es ésta una hipótesis que no se puede descartar, así como ninguna de las otras. Pero en el momento actual otras son las cuestiones que marcan el desarrollo del escándalo. Y, en primer lugar, la de comprobar, por parte del juez, si todos los extremos del informe de la UCO corresponden a la verdad o son interpretaciones subjetivas –por otra parte, bastante sesgadas en contra de los acusados– del organismo policial que ha llevado a cabo la investigación. La impresión de los periodistas que han estudiado a fondo el sumario y que conocen bien el caso, que no son muchos, es que el juez tendría que hacer no pocas correcciones del texto de la UCO. Pero que la versión final que las incluyera no modificaría el sentido sustancial de la acusación contra Santos Cerdán y Leire Díaz.
Que es gravísima. Mucho más que un episodio de corrupción económica. Porque se lo que se está hablando es de un atentado al funcionamiento legal del Estado, de la subversión de las obligaciones de los servidores públicos y del modo constitucional de aplicación de la ley. Es decir, un atentado contra principios básicos del estado de derecho. Que lo haya pretendido hacer alguien en el PSOE tras de lo que haya hecho sin ambages el PP, tal y como se está viendo ahora mismo en los tribunales, sugiere que la crisis del nuestro es mucho más profunda de lo que las apariencias podrían hacer pensar.
El todo vale se está abriendo paso para el discurrir de la política. Si hasta hace poco lo que escandalizaba era el uso de la mentira y del bulo como instrumento de acción, ahora es la corrupción de los servidores de la ley lo que empieza a asomar como práctica en los manejos del poder. Y eso es como para echarse a temblar.