La judicatura como violencia institucional
Empecemos con una pregunta retórica: ¿qué debemos pensar cuando seis de cada diez violencias institucionales machistas señalan a la judicatura como principal caldo de cultivo? La respuesta es clara: el Estado, en sus distintos mecanismos, puede reproducir, o incluso agudizar, las formas de violencia que dice perseguir. El escalofriante Informe anual de violencias institucionales machistas en el Estado español, realizado con 139 casos por el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM), retrata una violencia institucional que no es un fallo aislado o un sesgo personal sino, como subrayan sus autoras, déficits sistémicos: prácticas que normalizan la parcialidad, restringen recursos y, en palabras de Violeta Assiego, asesora del Informe, apartan la voz de las víctimas y convierten la experiencia de abuso en una madeja de trámites burocráticos.
Cuando, en plena sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el magistrado David Maman Benchimol, titular de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid número 8, acusa a las madres de “comer el coco” a hijos e hijas para justificar la ruptura familiar, se pone en funcionamiento la tentación que todo sistema tiene de despolitizar la violencia: convertirla en una cuestión de comportamiento individual y de culpas personales de las denunciantes, en lugar de analizar las estructuras que la favorecen. Ese señalamiento de lo supuestamente personal deja sin responsabilidad al componente estructural: el incumplimiento reiterado de las obligaciones institucionales del Estado. Si un juez de violencia machista se expresa así en un lugar así solo cabe exigir respuestas claras a la pregunta inicial.
El hecho de que la violencia institucional sea revictimizante en el 94% de los casos no solo es un dato lamentable, sino además el indicador de una ingeniería oficial que, cuando se activa ante una denuncia, genera más daño en demasiadas ocasiones. Si la respuesta del sistema es reparar menos, obstaculizar el acceso a la justicia o silenciar la voz de las víctimas, estamos ante un proceso de autoprotección institucional que, en su lógica, favorece el statu quo de poder que cree quien manda en casa.
El Informe, con su mirada interseccional, añade capas de discriminación: migrantes, racializadas, mujeres en situación irregular. El mensaje es diáfano y doloroso: la violencia institucional no opera en el vacío de la identidad de género; se entrelaza con clase, raza y estatus migratorio. Sin esa lectura, cualquier intento de reforma se queda en medidas cosméticas. Y aquí aparece la necesidad de una mirada triple, como propone Violeta Assiego: de género, interseccionalidad y un enfoque que sitúe a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, no como apéndices de la violencia contra las mujeres.
La dimensión infantil es especialmente indignante: 44 casos que impactan en 93 menores, con frecuencia a través de centros de tutela o de la supuesta red de protección. Si la violencia contra las madres ya es una violencia de género, la violencia contra la infancia es la violencia de un vínculo esencial que nos sostiene como sociedad: cuando una niña o un niño ven frustradas sus salvaguardas, cuando se normalizan respuestas que invisibilizan sus sufrimientos, estamos asistiendo no solo a una violación de derechos, sino a una ruptura generacional de confianza en las instituciones.
El poder judicial, como cualquier poder, debe rendir cuentas. Su tarea debe centrarse en reformas estructurales y formativas, para las que no basta con capacitar a jueces y policías: hace falta transformar criterios y protocolos que hoy permiten la naturalización de sesgos. La judicatura debe incorporar guías de actuación interseccional, protocolos de protección de la infancia y mecanismos de control externo que obliguen a dar respuestas rápidas y demostrables. El poder judicial debe garantizar derechos y una reparación efectiva, que el derecho a la reparación, a un recurso efectivo y a la seguridad de la víctima no sean papel mojado, sino que se traduzcan en tiempos de respuesta, en acceso real a servicios jurídicos, psicológicos y sociales, y en salvaguardas que eviten la revictimización. El poder judicial debe enfocarse en la infancia y la interseccionalidad: la infancia no es una fase pasiva dentro de una historia de violencia, porque los niños y las niñas son sujeto de derechos, con agencia y con necesidades propias. El sistema debe crear rutas específicas para protegerlos y escucharlos y reconocer que sus experiencias se entretejen con las de sus madres y sus familias.
Es inaceptable que alguien con autoridad hable de que una parte del problema es “neutro” o “técnico”. La neutralidad, en contextos de violencia estructural, no es inocua; es, en esencia, una forma de complicidad con el statu quo. Si la justicia quiere tener legitimidad ante quienes han vivido el horror, debe mostrar que no solo sanciona a los culpables, sino que transforma las condiciones que permiten que se produzca el daño. Porque la pregunta no es si hay casos aislados de error, sino si el sistema, en su conjunto y de forma sostenida, transforma la violencia institucional en una excepción. Y la respuesta, hoy por hoy, es que la violencia institucional machista es un problema estructural que exige medidas estructurales, con mirada interseccional y, sobre todo, con la voz de las víctimas como guía de la reforma. Si no, estaremos condenadas a un horrible círculo vicioso, en el que la justicia, en vez de ser refugio, se convierte en un escenario más de violencia.