¿Niñas a los 16 años?
Si algo tienen en común los fundamentalismos religiosos y las ideologías ultraconservadoras es su empeño en controlar los cuerpos y las vidas de las mujeres, las adolescentes y las niñas. Cambian los discursos, las justificaciones y las formas de ejercer ese control, pero en el fondo comparten la misma idea patriarcal de que las mujeres no son plenamente capaces de decidir sobre sus propios cuerpos y sus vidas y que, por tanto, sus decisiones deben quedar subordinadas a una autoridad familiar, moral, religiosa o política que lo hará por ellas, especialmente cuando se trata de decidir sobre su sexualidad y su capacidad reproductiva.
Esa misma concepción es la que subyace en el debate que Alberto Núñez Feijóo pretende reabrir, si llega al Gobierno, sobre el derecho de las “niñas” de 16 años (como él las denomina) a interrumpir un embarazo sin autorización de sus progenitores. El líder del Partido Popular sostiene que lo correcto es que una adolescente comparta con sus padres una decisión que considera trascendente e irreversible y que estos tengan conocimiento de ella. Pero lo que no aclara es qué pretende cambiar de la legislación actual, que ya permite ese acompañamiento familiar sin convertirlo en una obligación ni condicionar la decisión de la adolescente a la voluntad de sus progenitores. Porque una cosa es defender que las familias conozcan y acompañen esa decisión y otra muy distinta es establecer por ley que deban ser informadas o que puedan intervenir en ella.
El planteamiento de Núñez Feijóo, envuelto en una aparente apelación al sentido común, deja así una pregunta fundamental sin respuesta: ¿qué ocurriría cuando una adolescente quisiera interrumpir su embarazo y sus progenitores se opusieran? Nadie discute la importancia de que las familias acompañen a sus hijas en decisiones tan importantes, pero acompañar no es decidir por ellas, y escucharlas no puede significar que su opinión solo cuente cuando coincide con la de sus progenitores. Conviene recordar, además, que cuando la reforma del PP de 2015 impuso el consentimiento de los representantes legales, apenas el 12% de las chicas de 16 y 17 años que abortaban lo hacía sin conocimiento de sus progenitores. Entre las razones para no comunicárselo figuraban situaciones de violencia intrafamiliar, amenazas, desarraigo o desamparo.
Precisamente de eso trata la norma actual, de reconocer y proteger también a esas adolescentes como sujetos de derechos con capacidad de decidir, porque no todas viven en familias que las protegen y respetan sus decisiones. Entre 2015 y 2023, con la legislación del PP, la exigencia de consentimiento parental no eliminó las situaciones de vulnerabilidad que afrontaban estas adolescentes. Al contrario, las dejaba ante alternativas especialmente difíciles como ocultar el embarazo, retrasar la atención sanitaria o buscar vías para interrumpirlo al margen de las garantías legales y sanitarias. Por eso, antes de volver a plantear este debate envenenado, habría que preguntarse qué protección efectiva ofrece a una adolescente que no puede acudir a su familia obligarla a “informar” de que quiere abortar cuando hacerlo puede significar violencia o incluso ser expulsadas de su casa.
Por eso resulta más que cuestionable que Feijóo quiera reabrir un debate que nadie plantea comparando abortar con hacerse un tatuaje o sacarse el carné de conducir. Ni la maternidad ni la interrupción de un embarazo se parecen a nada de eso. Acompañar a una adolescente de 16 años en una decisión vital no es sustituir su voluntad por la de sus progenitores, y hacerlo desde la presunción de que, por su edad y por ser mujer, otras personas están más capacitadas para decidir responde a una lógica adultocéntrica y machista. Una lógica, además, contradictoria si se considera a una chica de 16 años lo bastante madura para asumir una maternidad, ¿por qué no para decidir si quiere continuar su embarazo?
Por último, una reflexión sobre la mirada que hace que el líder del Partido Popular llame “niñas” a chicas adolescentes de 16 años cuando habla de sus embarazos; porque la edad importa, y mucho, cuando hablamos de sexualidad y de derechos. No es lo mismo una niña que una adolescente de 16 años, y con esa forma de nombrarlas Feijóo desdibuja las diferencias entre infancia y adolescencia en un ámbito especialmente sensible, y al hacerlo contribuye a presentar como incapaces de decidir sobre su sexualidad a unas chicas a las que la ley ya reconoce, en esa edad, autonomía reproductiva y capacidad para prestar su consentimiento sexual. No resulta nada acertado desdibujar esa diferencia entre etapas evolutivas muy dispares para cuestionar la capacidad que tienen estas jóvenes para decidir por sí mismas sobre sus relaciones sexuales y el momento de decidir ser madres. Es más, resulta, hasta algo inquietante.