La Policía es la que manda
No va a haber elecciones anticipadas. Al menos en lo que queda de año. Porque la única persona que tiene poder constitucional para hacerlo, el presidente del Gobierno, no quiere tomar esa decisión. Y tiene motivos para ello por mucho ruido político que ensordezca al país. Cuenta con una mayoría de escaños en el Parlamento, su partido no presenta fisuras significativas, y los procesos judiciales abiertos contra miembros del PSOE no han pasado del plano de las acusaciones sin pruebas contundentes, por muy graves que estas sean.
No hay ninguna evidencia de que, respondiendo al llamamiento de José María Aznar –“quien pueda hacer, que haga”–, se haya organizado una trama de jueces, policías y medios de comunicación para hacer caer al Gobierno. Pero en los últimos tiempos hay cada vez más situaciones que hacen pensar que algo de eso puede haber. De ahí que no ceder a presiones espurias para acortar los plazos previstos constitucionalmente pueda también ser visto como un ejercicio de respeto y consolidación de la democracia.
El que, además, el rechazo a la disolución de las Cortes en estos momentos coincida con los intereses electorales del PSOE (que desearía completar la legislatura para mejorar su posición en los sondeos) no invalida ninguno de los argumentos anteriores. En democracia no se puede pedir a los socialistas, ni a nadie, que se suiciden electoralmente por motivos estéticos o supuestamente “morales”: esos adjetivos pueden ser válidos en otros ámbitos. Pero la moralidad en política tiene que ver con el cumplimiento de sus reglas, de la que los comportamientos honestos forman parten destacada.
Y en los textos presentados por el juez Calama y el juez Pedraz para actuar contra José Luis Rodríguez Zapatero y contra varios cuadros socialistas, respectivamente, no aparecen argumentos avalados por pruebas concluyentes de que uno y otros hayan tenido actuaciones que vulneren esos principios. Hay acusaciones, algunas gravísimas, relatos muy bien hilados de procederes delictivos, pero ninguna evidencia confirmada de que estos hayan tenido realmente lugar: tal y como están hoy los dos procesos con los que tratan de tumbar al Gobierno socialista, sería muy difícil que esas acusaciones pudieran salir adelante en el juicio oral.
Haría falta más. Y cabe pensar que la policía judicial, la Guardia Civil –que, según varios expertos, es la autora de ambos textos, siendo, según esas fuentes, limitada la contribución de los dos jueces instructores a los mismos–, tendrá que trabajar muy duro para enriquecer con pruebas lo que hasta ahora ha elaborado. Y no va a ser fácil, dado al punto de precisión y de detalle al que han llegado sus actas.
Más allá de eso, todo el asunto ha estado acompañado de una bacanal mediática, que en algún caso empezó casi al unísono que la revelación de los sumarios, haciendo pensar a más de uno que eso era más que una coincidencia. El protagonismo de los medios en el relato de lo que desde un primer momento estos mismos han calificado de “escándalo” es un dato fundamental de lo que está ocurriendo. La justicia ha saltado a la calle sometida a los designios del espectáculo y ni los jueces ni la Guardia Civil ha hecho nada por impedirlo.
Todo lo contrario. Fuentes de la investigación, necesariamente han tenido que ser ellas, han hecho llegar al gran público, y sin justificación alguna, detalles pertenecientes a la intimidad de los acusados –como las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho de Zapatero o, en un caso anterior, el interés que podía tener José Luis Ábalos en relacionarse con prostitutas–. Esas informaciones, impropias de un sumario judicial digno, han tenido enorme y reiterado éxito en unos medios cada vez más parecidos a la prensa del corazón más chabacana, pero que sin duda contribuyen a la formación de la opinión más popular.
La oposición de derechas, sobre todo el PP, no ha hecho sino sumarse a ese clima que por momentos tenía algo de linchamiento, sobre todo en el caso de un personaje tan respetable como José Luis Rodríguez Zapatero. Y de pedir lo que viene pidiendo desde hace casi tres años: elecciones anticipadas. Es cada vez más dramático el vacío político que se intuye detrás de esa exigencia única. Hasta el punto de que no es utópico pensar que si un día, de aquí a que lleguen las generales, la escandalera que es hoy la política se aplaca un tanto y en el debate público se abre espacio para hablar de lo que realmente importa, las perspectivas electorales pueden cambiar.