Vivir en el campo, pagar en Madrid
Tengo que admitir que ayer, cuando me encontré con un vídeo de Albert Rivera que se había hecho viral, recordé las cosas buenas que nos trajo durante el tiempo que estuvo en la escena pública. Rivera, con independencia de la afinidad que podamos tener cada uno con él, era uno de esos políticos con poco filtro, que casi parece que se les escapa por la boca lo que están pensando. En estos tiempos de luz de gas, de medias verdades y mentiras completas, es refrescante encontrarse con un político que dice delante del micrófono lo que diría detrás.
Cosas como esta:
“Tú tienes pueblos muy pequeñitos a una hora de Madrid, o menos. Tú puedes estar viviendo en medio del campo, con un alquiler o una propiedad más económica, con una calidad de vida espectacular, con una calidad medioambiental espectacular y con escuelas iguales o a veces mejores que las de Madrid. Y la realidad es que tú puedes trabajar tres o cuatro días a la semana, porque te lo permite el teletrabajo, o ser un nómada digital, y puedes tener una agenda de reuniones en Madrid una vez a la semana. Y eso no te hace vivir en Madrid, ni pagar impuestos, ni pagar alquileres en Madrid”.
Los partidos que están por seguir inflando el precio de la vivienda piensan lo mismo que Rivera, solo que no lo dicen. Pero en privado, a menudo, repiten que “vivir en el centro de una ciudad no es obligatorio”, que tiene sentido que la gente a la que mejor le va sea la que viva donde quiera y que si alguien “no quiere pagar el precio de la vivienda, se puede ir a la periferia (o al campo)”.
Pero lo que me llama la atención es que Rivera pone el dedo, no sé si por despiste, en el reverso tenebroso de su propio argumento, una idea que no se escucha jamás en las ondas, por más que el debate de la vivienda dé muchas vueltas y que haya tanta gente obsesionada con los distintos tipos de “expolio fiscal”:
Y es que si vivir en el centro de las ciudades no es obligatorio, si lo esperable es que quien no pueda pagar un piso en Madrid se vaya a vivir a Bollullos de Arriba, ¿cómo puede ser que sea obligatorio pagar los impuestos que financian los servicios públicos que se prestan en las grandes ciudades, aunque no se viva en ellas?
Y es que aunque tú no vivas en Madrid, pagas impuestos en Madrid. La carga impositiva asociada a los bienes inmobiliarios —el IBI, las tasas de basuras— representa menos del 5% de toda la recaudación fiscal. Y, sin embargo, las ciudades reciben la mayor parte de la inversión del Estado: la que financia y mantiene las carreteras, las infraestructuras de transporte, las universidades, los grandes hospitales, los polos industriales, sumada a la seguridad, la limpieza, el saneamiento, la protección civil y contra incendios, etc.
Por su parte, la gente que vive en la periferia o en “medio del campo” tiene que hacer frente al coste –en tiempo y en dinero– de desplazarse a la ciudad para disfrutar de estos servicios. Y aun así paga el mismo tipo de IVA y de IRPF que un urbanita. Más aún, quienes viven de alquiler en las ciudades, pagan un dineral a sus caseros por las viviendas que les permiten acceder a esos servicios.
Las ciudades son, en esencia, inmensos proyectos de inversión que pagamos entre todos, pero que luego solo capitalizan los propietarios de las viviendas.
El extremo más disparatado de este fenómeno es el siguiente: existen en España una serie de fondos de inversión inmobiliaria que poseen decenas de miles de viviendas en alquiler en distintas ciudades. Los impuestos que pagamos entre todos los españoles sostienen los servicios sin los cuales esas viviendas no valdrían absolutamente nada. Pero esos fondos, que apenas generan un puñado de puestos de trabajo, disfrutan de unas bonificaciones de entre el 40% y el 99% del impuesto de sociedades. La consecuencia es que pagan una parte minúscula, irrisoria, de lo que cuesta sostener una ciudad mientras se llevan crudas las rentas del alquiler —en ocasiones a terceros países—, como si los arrendatarios y los contribuyentes españoles fuéramos vacas que se pueden ordeñar. Esto es un robo. Un expolio con todas las letras.
Lo único sensato sería que las licencias de vivienda, que son un permiso para habitar en una ciudad, solo estuvieran disponibles para los contribuyentes. Igual que los carnets de conducir. Igual que las licencias de farmacia o las de marisqueo. Y en este sentido iba la proposición de ley que ha presentado esta semana el grupo de Sumar con el apoyo de Esquerra, Bildu, Podemos y el BNG, y que no ha pasado el filtro para ser tomada en consideración por el conjunto de la cámara: reservaba la compra de vivienda residencial a las personas físicas y la prohibía a empresas y fondos.
Tomemos nota del sentido del voto. PP, Vox y Junts votaron en contra. PSOE y PNV —inexplicablemente— se abstuvieron. Y es que cuando llega la hora de la verdad, no está muy claro de qué lado están algunos partidos con el tema de la vivienda. Y parece que todavía queda demasiada gente convencida de que lo que tenemos que hacer es irnos a vivir al campo, pero sin dejar de pagarles la vida a los que se pueden quedar en Madrid.