Las filtraciones
El debate sobre las filtraciones de sumarios y de informes policiales, como el reciente caso del informe de la UDEF sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que ha llevado al juez Calama a abrir una investigación, toca una de las fibras más sensibles de la calidad democrática. La garantía procesal y la defensa del Estado de derecho frente a los poderes fácticos, las filtraciones de secretos sumariales no son meras “anécdotas periodísticas”, sino una patología grave del nuestro sistema judicial y de los medios.
El principio de presunción de inocencia es la mayor conquista de los ciudadanos frente al poder punitivo de las fuerzas de orden público del Estado y de los medios de comunicación y redes sociales. Cuando un informe policial no definitivo o un dato bajo secreto de sumario se filtra de manera selectiva a los medios, se activa de inmediato lo que se conoce como la “pena de telediario”. Se genera una condena social instantánea, un linchamiento público sin posibilidad de contradicción ni defensa legal. Para cuando llega el juicio real (si es que llega a haberlo, pues muchas de estas causas terminan archivadas), la reputación de la persona ya ha sido destruida de forma irreversible. La justicia lenta no es justicia, pero la justicia mediática es, directamente, una ejecución civil.
Preocupa profundamente cómo facciones (porque son facciones) dentro del propio aparato del Estado (sean elementos de las fuerzas de seguridad o de la judicatura), utilizan recursos públicos y su acceso a información privilegiada para intervenir en la agenda política. La filtración de datos personales o informes sesgados en momentos políticamente sensibles no busca la verdad ni la justicia, sino alterar tableros políticos, erosionar liderazgos e influir en la opinión pública de manera ilegítima. Estamos ante una forma de pervertir la separación de poderes: la policía y los juzgados deben investigar hechos bajo el imperio de la ley, no surtir de munición a los titulares de prensa para desgastar a adversarios políticos.
El secreto de sumario existe por dos razones: proteger el éxito de una investigación y garantizar que el investigado no sea juzgado en una plaza pública antes de poder defenderse ante un tribunal con todas las de la ley. Las filtraciones dinamitan ese equilibrio. Convierten el proceso judicial en un espectáculo de consumo masivo, donde el morbo y el sesgo partidista sustituyen a las pruebas empíricas y a un debate jurídico con rigor. El garantismo en un proceso penal es, por definición, una postura de izquierdas: es la protección del individuo, sea quien sea, frente a la arbitrariedad, el abuso de poder y los linchamientos de la masa espoleados por intereses mediáticos o corporativos.
Por todo esto, la decisión del magistrado de abrir una pieza separada para investigar el origen de la filtración no es un asunto más, sino un paso necesario para delimitar responsabilidades dentro de las propias instituciones del Estado y frenar esta deriva en la que llevamos desde que la izquierda sacó del gobierno al PP con una moción de censura a Rajoy. Asistimos a un momento donde la lucha política se traslada de las urnas y los parlamentos a los tribunales y los platós de televisión, debilitando las bases de la convivencia democrática.
Los Rajoy, Tellado, Muñoz, Bendodo, junto con los PJ Ramírez, I. Jiménez, AR y demás aves rapaces anidadas en muchos medios, han constituido una empresa especializada en construcción de patíbulos y cadalsos en plaza pública, y es penoso que solo un juez de entre miles, de un paso para tratar de evitarlo. Otra cosa será que lo consiga.
Algunos se alegran asistiendo a esos linchamientos, olvidando el poema de Martin Niemöller: “Primero vinieron por los comunistas, y yo no dije nada, porque yo no era comunista…