La Fiscalía Anticorrupción reprocha al juez del caso Dina, Manuel García Castellón, que haya “cerrado en falso” la investigación “sin practicar una sola diligencia en la dirección” que le marcó la Sala de lo Penal cuando le obligó a devolver a Pablo Iglesias la condición de perjudicado. Esa instancia superior defiende, según recuerda el Ministerio Público, que “la principal hipótesis existente en la investigación es que la fuente de las publicaciones de Okdiario fuera la organización criminal de José Manuel Villarejo”.
Anticorrupción se pronuncia así en su recurso al auto de pase a procedimiento abreviado —el equivalente al procesamiento para delitos castigados con menos de nueve años de prisión— que el juez dictó el pasado 7 de octubre contra Villarejo y dos periodistas de la desaparecida Interviú y que acompañó de una exposición razonada al Tribunal Supremo para que citara como investigado a Iglesias y otros.
En su “descripción limitada de los hechos punibles”, dice Anticorrupción, el juez descarta los indicios de que fue Villarejo o algún miembro de su “organización criminal” quien entregó al medio que dirige Eduardo Inda, así como a El Confidencial y a El Mundo, información contenida en la tarjeta “presuntamente robada” a la excolaboradora de Iglesias.
“Una cosa es que la fuente por la que llegaran a dicho digital [Okdiario] los pantallazos pudiera derivar de Dina Bousselham, y otra muy distinta es que se pueda descartar a la organización criminal de Villarejo como fuente de dicho digital ni de los demás [El Mundo y El Confidencial], aspecto sobre el que incide especialmente la Sala”, aseguran los fiscales en su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.
La Fiscalía Anticorrupción se refiere a que Bousselham reconoció en mayo que ella había realizado pantallazos a los chats de Podemos entre los que se encontraban datos que luego fueron publicados y admitió que pudo haber enviado esos pantallazos a terceros. El juez concluye a partir de ahí que ese fue el camino por el que llegó la información a los medios que la publicaron y obvian, por ejemplo, los contactos que constan en el sumario entre el director de Okdiario y Villarejo durante los meses previos a que el digital comenzara a publicar informacioners procedentes de los chats, siete en aproximadamente una semana de julio de 2016, según detalla el escrito de Anticorrupción, cuyo contenido ha adelantado este sábado El Español.
Además, Anticorrupción destaca que el magistrado García-Castellón se haya desentendido de otra información contenida en la tarjeta del móvil, alguna de la cual también fue publicada, y que no figuraba en los pantallazos hechos por Dina. Se refiere a datos bancarios, otros mensajes de Whatsapp y Telegram e incluso fotografías íntimas.
“El juez limita el alcance de su resolución y de la exposición razonada a la difusión de las capturas de chat contenida en ese teléfono, cuando lo cierto es que las carpetas intervenidas a Villarejo existe mucha más información de Dina Bouuselham y de terceros, publicada y no publicada, y que exige continuar con dicha investigación”, escriben los fiscales.
Petición de que declare el jefe de la 'brigada política'
Anticorrupción considera que con este cierre “en falso” de la investigación el juez ha “cercenado los derechos de todas las partes”, tanto de los investigados como de las acusaciones. De los investigados porque los dos periodistas de Interviú declararon haber entregado la tarjeta de Bousselham atendiendo a un “requerimiento policial” de Villarejo y que éste aseguró que se la remitió al director adjunto operativo entonces, Eugenio Pino, por el “interés policial” que tenía la información que contenía. El comisario Pino está considerado el artífice de la brigada política y está imputado en la pieza del caso Villarejo que investiga el espionaje a Luis Bárcenas para destruir pruebas en su poder que pudieran perjudicar al partido popular.
Sin embargo, el juez García-Castellón ha evitado profundizar en esa línea de investigación, al igual que se negó a volver a citar a Dina Bousselham, como le pidió Anticorrupción, para esclarecer las “lagunas” en el testimonio del que era su marido, Ricardo Sa Ferreira, dice la Fiscalía. De Pino, Bousselham y Sa Ferreria solicita Anticorrupción en su escrito que se les llame a declarar. Además, la Fiscalía considera que el juez instructor ha ignorado la legítima aspiración de Iglesias y Bousselham de conocer “la supuesta finalidad policial del traspaso de la información del teléfono móvil”.
Los fiscales aseguran que la investigación estuvo detenida en el segundo semestre de 2019 y el principio de 2020 porque estaban pendientes informes policiales solicitados por el juez, pero que una vez se retomó, con la decaración en mayo de Bousselham, la instrucción ha estado únicamente dirigida por el juez a “los supuestos daños en la tarjeta telefónica y otros detlitos, todos los cuales se han considerado ajenos al objeto de la presente pieza por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal”.