La causa contra Zapatero cuestiona sus negocios privados en el extranjero
La causa de la Audiencia Nacional en la que está imputado José Luis Rodríguez Zapatero ha alcanzado una nueva dimensión después del último informe policial aportado al juez José Luis Calama. El atestado, al que ha tenido acceso elDiario.es, pone la lupa sobre los negocios del expresidente del Gobierno en Latinoamérica y le acusa de cobrar 200.000 euros a cambio de usar su influencia en favor de una empresa en Bolivia. Se trata de sospechas que van más allá de su supuesta relación con el rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra en España y sus supuestos trabajos de consultoría para Análisis Relevante, la sociedad del empresario que pagó cientos de miles de euros tanto a él como a sus hijas.
La tesis del juez Calama es que esos pagos de Análisis Relevante eran facturas simuladas para canalizar los fondos que cobraba la trama a compañías con intereses en obtener ayudas públicas o favores, como Plus Ultra. En su declaración ante el juez, Zapatero defendió que hay un trabajo real detrás; tanto suyo, que realizaba informes de consultoría; como de sus hijas, que se encargaban de maquetarlos. Sin embargo, el último atestado policial aportado al sumario ahonda en la tesis de que el expresidente camuflaba bajo falsos contratos de asesoría supuestas gestiones con “altas esferas políticas”.
En este caso, la UDEF le acusa de haber cobrado 200.000 euros del conglomerado peruano Grupo Gloria, propietario de Soboce, una cementera boliviana que había sido condenada a pagar más de 100 millones de dólares a otra empresa por competencia desleal. Esos 200.000 euros habrían llegado a Zapatero a través de la “sociedad interpuesta” Focus Social Research, de origen peruano, con quien firmó un contrato de consultoría. Pero el atestado sostiene que el expresidente no hizo trabajo de asesoría alguno, sino que se desplazó a Bolivia en septiembre de 2024 para reunirse “con altas esferas políticas” del país.
Los investigadores se basan, para ello, en el contenido de las agendas del expresidente que los agentes se llevaron de su despacho el pasado mayo y de los mensajes incautados a su secretaria Gertrudis Alcázar, también imputada. Esos mensajes apuntan a que negociaba facturas, borradores de contrato y pagos con una directiva del Grupo Gloria y con otra intermediaria, la exembajadora boliviana Carmen Almendras; y que agendó reuniones con mandatarios del país tras mantener conversaciones con ambas.
La UDEF concluye que estos hechos son una prueba más de que “aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional”, Zapatero se dedicaría al “ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”.
En el entorno del expresidente defienden que ese trabajo fue “una actividad de consultoría legal por completo”, y que además no tiene nada que ver con el objeto de la causa abierta en la Audiencia Nacional, centrada en si influyó en el rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra, algo que ha negado de forma reiterada. “Sería inaceptable hacer una investigación prospectiva de la tarea profesional del expresidente”, denuncian estas fuentes al entender que este nuevo informe se nutre de mensajes con su secretaria que nada tienen que ver con el préstamo a la aerolínea.
La sospecha de los investigadores, sin embargo, es que ese contrato escondía un mecanismo para vehicular los pagos por ejercer su influencia sobre el entonces presidente boliviano Luis Arce y otras autoridades y solucionar el litigio millonario que afectaba a la empresa cementera. En febrero de 2025, unos meses después de la visita de Zapatero, el Tribunal Supremo de Bolivia condenó a la cementera a pagar 107 millones de dólares a la empresa rival. Pero tres meses después, otro tribunal dejó sin efecto la orden de pago. En la actualidad, el Tribunal Constitucional está pendiente de confirmar o revocar ese amparo.
La Policía no acusa directamente a Zapatero de haber conseguido que los tribunales de Bolivia dieran la razón a esta empresa de la que cobraba, pero sí superponen ambos hechos de forma cronológica. “Se desprende que Zapatero solicita la intermediación del presidente Arce ante el Procurador General, si bien la intermediación la haría directamente el ministro Siles por indicación del propio Arce”. Luis Arce fue presidente de Bolivia entre noviembre de 2020 y noviembre de 2025, pocos meses después de esa supuesta intermediación. César Siles, por su parte, fue ministro de Justicia de Bolivia hasta su dimisión en junio de ese año.
Las agendas íntegras de Zapatero
El último informe de la UDEF aportado al procedimiento tiene dos fuentes principales, según citan los propios investigadores: las agendas de Zapatero correspondientes a los años 2024 y 2025 y las conversaciones de WhatsApp y correo electrónico que su secretaria mantuvo tanto con sus contactos en Latinoamérica como con el propio expresidente. El entorno del expresidente del Gobierno ha mostrado su malestar en las últimas horas por la aportación íntegra de esas agendas y conversaciones al procedimiento, y su posterior publicación, sin que haya existido un expurgo previo por parte de la UDEF. Desde el PSOE también han cargado contra esa difusión porque son, en su mayoría, mensajes privados: “Utilizar una investigación para exponer aspectos de la vida privada ajenos al procedimiento genera indefensión y desborda los límites que deben proteger cualquier actuación judicial”.
La documentación aportada al sumario por la unidad policial en forma de anexos revela, por ejemplo, que Zapatero reaccionó a la detención el pasado diciembre de su amigo Julio Martínez Martínez, el empresario que le pagó a través de Análisis Relevante 490.780 euros a Zapatero y 239.755 a la empresa de sus hijas entre 2020 y 2024. Los mensajes muestran que a partir de entonces empezó a recopilar información sobre su actividad profesional como consultor, así como sobre las conferencias y cursos en los que había participado desde 2020. “¿De cuánto es la primera factura de AR?”, preguntó a su secretaria en alusión a Análisis Relevante cinco días después de la detención del empresario.
Las agendas y conversaciones recogen información relacionada con sus trabajos en Bolivia, pero su aportación en bruto al procedimiento ha dejado al descubierto todas y cada una de sus citas de 2024 y 2025 así como conversaciones privadas con su secretaria sobre la actualidad política, gestiones sobre transportes y la salud de familiares.
El contenido de estos documentos revela sus relaciones con grandes empresarios españoles: Ángel Escribano (Indra), Carlos Torres (BBVA) o Mario Ruiz-Tagle (Iberdrola), entre muchos otros. Y también figuran reuniones con otros políticos, no solo del PSOE, como Irene Montero, Pablo Bustinduy y Yolanda Díaz.
El caso que investiga a Zapatero avanza en la Audiencia Nacional y el juez Calama ha puesto en marcha varias diligencias clave para las próximas semanas. El empresario Julio Martínez Martínez está llamado a declarar el próximo 21 de julio en calidad de investigado. Además, el juez también ha imputado a Alba y Laura, las hijas del expresidente, y a la secretaria Gertrudis Alcázar.
El informe de la UDEF recién incorporado al proceso sobre los negocios de Zapatero en Bolivia fue redactado el 22 de junio, varios días después de que el expresidente compareciera como investigado ante el juez Calama. A lo largo del interrogatorio el magistrado intentó preguntar al político por este contrato con Focus Social Research, pero Zapatero se negó a contestar: “No voy a decir nada más de esto. Tengo un contrato de asesoramiento y ya está”, afirmó.
El avance de las pesquisas determinará si el instructor pone en marcha más diligencias sobre los negocios internacionales de Zapatero no relacionados con Plus Ultra ni con Análisis Relevante y su amigo Julio Martínez Martínez.