La UDEF acusa a Zapatero de cobrar 200.000 euros por ejercer su influencia política en Bolivia a favor de una empresa
La Policía Nacional ha remitido un informe al juez del caso Plus Ultra en el que acusa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de cobrar hasta 200.000 euros de un grupo empresarial peruano a cambio de interceder ante el gobierno de Bolivia, todo camuflado como un falso contrato de asesoría. La UDEF concluye que es una prueba más de que “aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”. En este caso, contactando con el entonces presidente boliviano Luis Arce para intermediar en un pleito en el que los tribunales acabaron dando la razón de forma provisional a la empresa.
Desde el entorno de Zapatero desmienten estas acusaciones y afirman que fue un trabajo “legal por completo” de consultoría que, además, no está relacionado con el objeto principal del caso: el rescate de Plus Ultra. Critican estas fuentes que se pueda poner en marcha una “investigación prospectiva” contra toda la actividad profesional del expresidente del Gobierno. También califican de “escándalo” que se hagan públicas “agendas y conversaciones privadas” de quien ostentó durante casi dos legislaturas la presidencia del Gobierno.
El juez José Luis Calama investiga desde la Audiencia Nacional si el expresidente del Gobierno influyó de alguna manera en el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia pero también sobre si ejerció como asesor de empresas, principalmente a través de la sociedad Análisis Relevante, cobrando dinero sin que existiera contrato de por medio y, según el juez, de forma irregular y por ejercer su influencia política. En su declaración, el expresidente socialista defendió que todos los trabajos por los que había cobrado habían sido efectivamente realizados y que en ningún caso influyó en ese rescate.
Este informe de la Policía Nacional recoge decenas de mensajes entre los colaboradores de Zapatero y representantes del Grupo Gloria para las gestiones que, supuestamente, el expresidente iba a hacer ante las autoridades de Bolivia a favor de esa empresa peruana. Un trabajo por el que, según la UDEF, cobró hasta 200.000 euros con un falso contrato de asesoría y a través de una empresa llamada Focus. El juez Calama le preguntó específicamente durante su interrogatorio en la Audiencia Nacional por el tipo de asesoramiento que había realizado para Focus Social Research, pero el expresidente se negó a concretarlo porque no había podido prepararse. “No voy a decir nada más de esto. Tengo un contrato de asesoramiento y ya está”, respondió.
Las conclusiones de la UDEF apuntan a que Zapatero “aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”, en este caso el Grupo Gloria. En este caso, fue remunerado según la Policía “simulando servicios de asesoría no prestados, creando contratos ad hoc para justificar dichos pagos”. Todo sucedió a lo largo del año 2024 y 2025.
Varios pleitos millonarios en Bolivia
Los agentes, que elaboraron este informe casi una semana después de la comparecencia de Zapatero en la Audiencia Nacional, repasan decenas de mensajes y correos electrónicos intervenidos a Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente en la calle Ferraz. La sospecha es que el contrato de asesoría que firmó el político con Focus Social Research escondía en realidad un mecanismo para vehicular los pagos por ejercer su influencia sobre las autoridades de Bolivia y solucionar un problema que tenía el grupo empresarial de origen peruano llamado Grupo Gloria, que tenía varios litigios millonarios pendientes de solución en La Paz.
Zapatero, siempre según la UDEF, no hizo un trabajo de asesoría sino que se desplazó a La Paz y a Sucre en septiembre de 2024 para reunirse “con altas esferas políticas” del país. Entre ellos el presidente de la nación, los ministros de Economía y Justicia o el Procurador General del Estado. El Grupo Lima, radicado en Perú y que abarca sectores desde la alimentación hasta el cemento o el transporte, se enfrentaba a acusaciones de competencia desleal en Bolivia a través de una de las empresas vinculadas, llamada Soboce.
La propia UDEF explica el recorrido del pleito contra esta empresa. En febrero de 2025, unos meses después de la visita de Zapatero, el Tribunal Supremo de Bolivia condenó a Soboce a pagar 107 millones de dólares a la empresa rival. Ya en mayo de 2025, sin embargo, otro tribunal dejó sin efecto la orden de pago y, en la actualidad, el Tribunal Constitucional de ese país está pendiente de confirmar o revocar ese amparo.
La Policía Nacional no acusa directamente a Zapatero de haber conseguido que los tribunales de Bolivia dieran la razón a esta empresa de la que cobraba, pero sí superponen ambos hechos de forma cronológica. “Se desprende que Zapatero solicita la intermediación del presidente Arce ante el Procurador General, si bien la intermediación la haría directamente el ministro Siles por indicación del propio Arce”. Luis Arce fue presidente de Bolivia desde 2020 hasta noviembre 2025, pocos meses después de esa supuesta intermediación. César Siles, por su parte, fue ministro de Justicia de Bolivia hasta su dimisión en junio de ese año.
Siles actualmente está acusado por la Fiscalía boliviana de corrupción al maniobrar contra una magistrada del Tribunal Supremo. Luis Arce también fue arrestado el pasado mes de diciembre bajo la acusación de participar en un desfalco del Fondo Indígena cuando era ministro de Economía con Evo Morales.