La colaboradora de Ayuso, su hermana y su pareja ingresaron más de 200.000 euros del empresario de la trama

Pedro Águeda

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La familia Millán Arroyo incorporó a sus vidas en el año 2008 a un empresario de nombre Francisco Vicente Roselló Baldó. Por aquel entonces, esa familia de Arroyomolinos tenía una peculiaridad: Ana, la hermana mayor, que conocía de antes a Roselló, ya era concejala del pueblo. A partir de ese año, tanto la edil, como el joven con el que llevaba algo más de un año conviviendo, y su hermana Beatriz, trabajadora social, empezaron a ingresar distintas cantidades de Roselló por distintos conceptos. El empresario también tenía su particularidad: sus empresas eran contratadas por la Concejalía de Ana Millán.

El juez investiga si una colaboradora de Ayuso disfrazó la mordida de un empresario como el pago de un alquiler

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En 2019, Ana Millán Arroyo se convirtió en alcaldesa de Arroyomolinos, la localidad madrileña que más ha crecido en los últimos años. Desde hace un mes y medio es, además, número 3 del PP de Madrid. Su amiga Isabel Díaz Ayuso ha confiado en ella para el decisivo puesto de vicesecretaria de Organización, pese a conocer que la relación de Millán y el empresario Roselló les valía a ambos una imputación por corrupción en un juzgado de Navalcarnero: tanto la alcaldesa como su hermana habían ingresado dinero de las empresas del empresario imputado, una por un alquiler bajo sospecha, y la otra, contratada por dos de sus sociedades. 

elDiario.es desveló este miércoles un nuevo oficio de la Guardia Civil que suma un beneficiario más de la familia Millán, en este caso de su rama política. Se trata de la pareja sentimental de Ana Millán, el empresario hostelero Juan Pedro Santos Ceballos, con el que la número 3 del PP de Madrid convive desde 2007 y que obtuvo 37.578,04 euros de una UTE de empresas de Francisco Vicente Roselló. 

Entre el supuesto alquiler de un ático de la alcaldesa, los contratos a su hermana y los servicios a Roselló prestados por el compañero de la regidora, las sociedades del empresario imputado han supuesto a la familia unos ingresos de 214.638,45 euros entre 2008 y 2016, según el cálculo realizado por elDiario.es a partir de los datos recabados por la Guardia Civil de los bancos y de la Agencia Tributaria. 

Entre las propiedades de Ana Millán Arroyo se encuentra un ático en la Plaza Mayor de Arroyomolinos que en 2008 le alquiló Francisco Roselló. Los 853,79 euros que le abonaba mensualmente, más 60 euros de gastos de comunidad reúnen dos características: equivalen a la hipoteca que estaba pagando la entonces concejala de Juventud y suponen aproximadamente el doble del precio de mercado en ese momento de un inmueble de esas características, tal y como demuestran los importes que pagaron los siguientes inquilinos.

Millán y Roselló explicaron en el juzgado el 22 de abril pasado, donde declararon en calidad de investigados, que acordaron un alquiler con derecho a compra, lo que elevaba el precio de la renta, porque el empresario lo veía como una inversión, pese a que finalmente rechazó quedarse con el inmueble. Durante el tiempo que su empresa Neverland pagaba a Millán, él se lo alquilaba a un empleado por 500 euros, es decir, perdiendo dinero. 

En total fueron 44.462,67 euros de pagos del empresario por el alquiler entre el 3 de noviembre de 2008 y el 13 de julio de 2012, más otros 6.642 euros que abonó de una vez también en 2012 y que la Guardia Civil no logra atribuir a un concepto claro, aunque tiene claro que Millán destinó también a pagar su hipoteca. Más de 50.000 euros para un ático que Millán compró por 180.000 euros, adelantando 50.000 y endeudándose en los 130.000 restantes.

Hasta aquí podría tratarse de una relación habitual entre arrendador y arrendatario si no fuera porque Roselló facturó 621.949,95 euros a la Concejalía de Juventud que dirigía Millán entre los años 2006 y 2011. En palabras del Grupo 3 de Delitos Económicos de la UCO: “Resulta llamativo que Ana Belén Milán Arroyo, durante el periodo en el que ostentó el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Arroyomolinos (2003-2014), percibiese ingresos de una mercantil receptora de ingresos del Consistorio (desde 2006)”. La alcaldesa, con dos años cotizados únicamente en el sector privado, había comenzado su carrera en el Consistorio en 2003.

Francisco Vicente Roselló Baldó es un empresario que tiene cuatro empresas dedicadas al ocio y la formación de niños y jóvenes y a la organización de eventos y espectáculos en general. En un reciente escrito de su defensa, Roselló asegura que el porcentaje de facturación al Ayuntamiento de sus cuatro empresas en el periodo investigado fluctúa entre el 0,83 y el 2,15% del total ingresado por las mismas por su actividad en ese lapso de tiempo. 

Asimismo, defiende la legalidad de las adjudicaciones y, en la línea de Millán o la propia Isabel Díaz Ayuso, el empresario asegura que su imputación y la de la alcaldesa responden a “meros motivos políticos de terceros con una total carencia de principios morales y éticos, con una publicidad agresiva y constante con falta de objetividad, sin adecuarse a la verdad”, lo que le está causando “unos graves perjuicios económicos y de reputación”. 

A la Guardia Civil le resulta “de interés” que en el correo electrónico interceptado por el nuevo equipo de Gobierno en 2015, y que dio origen al caso, Ana Millán “en ningún momento haga alusión a que los pagos obedezcan al pago de un alquiler, sino simplemente a la obligación de Neverland Eventos SL [sociedad de Roselló] de satisfacer la cuota hipotecaria y comunidad de una vivienda”. 

Los informes de la Guardia Civil se detienen en la figura de Beatriz Millán Arroyo, hermana de la alcaldesa y en el hecho de que fuera contratada por las empresas de Roselló en 2008, año del inicio de los pagos a la alcaldesa por el ático. Ana Millán dijo en el juzgado que su hermana superó un proceso de selección para un trabajo acorde a su formación de trabajadora social y Roselló añadió que él no supo en un principio de esa contratación porque en aquel momento sus empresas funcionaban a pleno rendimiento y tenía una gran cantidad de empleados y volumen de negocio. 

La UCO ha requerido información a la Agencia Tributaria en este sentido y ha encontrado que Beatriz Millán Arroyo comenzó a cobrar en 2008 de dos sociedades de Roselló, GE Escuelas Urbanas y Fundación GE Social. Compaginó los ingresos de ambas de tal manera que entre el citado 2008 y 2016 cobró de la primera 93.861,88 euros y de la segunda, solo entre 2008 y 2010, 34.093, 86 euros, según declaró a Hacienda. Un total de 127.955,74 euros en esos ocho años. 

En sus primeros informes del caso, los agentes de la UCO dieron con un hallazgo que les hizo pensar que podía estar relacionado con el caso. Ana Millán ingresó entre 2008 y 2017 un total de 52.950 euros metálico en el banco en distintas y repetidas visitas a su ventanilla. Ella le dijo al juez que su pareja, Juan Pedro Santos Ceballos, con quien convive desde 2007, trabaja en la “hostelería” y “el mundo de la noche” y que le entregaba a dinero en metálico para los gastos comunes. 

La Guardia Civil ha descubierto que a los pocos meses de irse a vivir con Ana Millán, en 2008, Santos Ceballos comenzó a trabajar para una UTE de empresas de Francisco Vicente Roselló Baldó, encargos por los que declaró 37.578,04 euros en tres años en concepto de “rendimientos del trabajo y de actividades económicas”. Como los pagos por el alquiler o los contratos de la hermana de la alcaldesa, los ingresos de la pareja de Millán procedentes de Roselló arrancan en 2008. La UCO ya ha solicitado al juez diligencias para esclarecer la relación comercial del novio de Millán y el empresario imputado.

La familia Millán Arroyo incorporó a sus vidas en el año 2008 a un empresario de nombre Francisco Vicente Roselló Baldó. Por aquel entonces, esa familia de Arroyomolinos tenía una peculiaridad: Ana, la hermana mayor, que conocía de antes a Roselló, ya era concejala del pueblo. A partir de ese año, tanto la edil, como el joven con el que llevaba algo más de un año conviviendo, y su hermana Beatriz, trabajadora social, empezaron a ingresar distintas cantidades de Roselló por distintos conceptos. El empresario también tenía su particularidad: sus empresas eran contratadas por la Concejalía de Ana Millán.

El juez investiga si una colaboradora de Ayuso disfrazó la mordida de un empresario como el pago de un alquiler

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En 2019, Ana Millán Arroyo se convirtió en alcaldesa de Arroyomolinos, la localidad madrileña que más ha crecido en los últimos años. Desde hace un mes y medio es, además, número 3 del PP de Madrid. Su amiga Isabel Díaz Ayuso ha confiado en ella para el decisivo puesto de vicesecretaria de Organización, pese a conocer que la relación de Millán y el empresario Roselló les valía a ambos una imputación por corrupción en un juzgado de Navalcarnero: tanto la alcaldesa como su hermana habían ingresado dinero de las empresas del empresario imputado, una por un alquiler bajo sospecha, y la otra, contratada por dos de sus sociedades. 

elDiario.es desveló este miércoles un nuevo oficio de la Guardia Civil que suma un beneficiario más de la familia Millán, en este caso de su rama política. Se trata de la pareja sentimental de Ana Millán, el empresario hostelero Juan Pedro Santos Ceballos, con el que la número 3 del PP de Madrid convive desde 2007 y que obtuvo 37.578,04 euros de una UTE de empresas de Francisco Vicente Roselló. 

Entre el supuesto alquiler de un ático de la alcaldesa, los contratos a su hermana y los servicios a Roselló prestados por el compañero de la regidora, las sociedades del empresario imputado han supuesto a la familia unos ingresos de 214.638,45 euros entre 2008 y 2016, según el cálculo realizado por elDiario.es a partir de los datos recabados por la Guardia Civil de los bancos y de la Agencia Tributaria. 

Entre las propiedades de Ana Millán Arroyo se encuentra un ático en la Plaza Mayor de Arroyomolinos que en 2008 le alquiló Francisco Roselló. Los 853,79 euros que le abonaba mensualmente, más 60 euros de gastos de comunidad reúnen dos características: equivalen a la hipoteca que estaba pagando la entonces concejala de Juventud y suponen aproximadamente el doble del precio de mercado en ese momento de un inmueble de esas características, tal y como demuestran los importes que pagaron los siguientes inquilinos.

Millán y Roselló explicaron en el juzgado el 22 de abril pasado, donde declararon en calidad de investigados, que acordaron un alquiler con derecho a compra, lo que elevaba el precio de la renta, porque el empresario lo veía como una inversión, pese a que finalmente rechazó quedarse con el inmueble. Durante el tiempo que su empresa Neverland pagaba a Millán, él se lo alquilaba a un empleado por 500 euros, es decir, perdiendo dinero. 

En total fueron 44.462,67 euros de pagos del empresario por el alquiler entre el 3 de noviembre de 2008 y el 13 de julio de 2012, más otros 6.642 euros que abonó de una vez también en 2012 y que la Guardia Civil no logra atribuir a un concepto claro, aunque tiene claro que Millán destinó también a pagar su hipoteca. Más de 50.000 euros para un ático que Millán compró por 180.000 euros, adelantando 50.000 y endeudándose en los 130.000 restantes.

Hasta aquí podría tratarse de una relación habitual entre arrendador y arrendatario si no fuera porque Roselló facturó 621.949,95 euros a la Concejalía de Juventud que dirigía Millán entre los años 2006 y 2011. En palabras del Grupo 3 de Delitos Económicos de la UCO: “Resulta llamativo que Ana Belén Milán Arroyo, durante el periodo en el que ostentó el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Arroyomolinos (2003-2014), percibiese ingresos de una mercantil receptora de ingresos del Consistorio (desde 2006)”. La alcaldesa, con dos años cotizados únicamente en el sector privado, había comenzado su carrera en el Consistorio en 2003.

Francisco Vicente Roselló Baldó es un empresario que tiene cuatro empresas dedicadas al ocio y la formación de niños y jóvenes y a la organización de eventos y espectáculos en general. En un reciente escrito de su defensa, Roselló asegura que el porcentaje de facturación al Ayuntamiento de sus cuatro empresas en el periodo investigado fluctúa entre el 0,83 y el 2,15% del total ingresado por las mismas por su actividad en ese lapso de tiempo. 

Asimismo, defiende la legalidad de las adjudicaciones y, en la línea de Millán o la propia Isabel Díaz Ayuso, el empresario asegura que su imputación y la de la alcaldesa responden a “meros motivos políticos de terceros con una total carencia de principios morales y éticos, con una publicidad agresiva y constante con falta de objetividad, sin adecuarse a la verdad”, lo que le está causando “unos graves perjuicios económicos y de reputación”. 

A la Guardia Civil le resulta “de interés” que en el correo electrónico interceptado por el nuevo equipo de Gobierno en 2015, y que dio origen al caso, Ana Millán “en ningún momento haga alusión a que los pagos obedezcan al pago de un alquiler, sino simplemente a la obligación de Neverland Eventos SL [sociedad de Roselló] de satisfacer la cuota hipotecaria y comunidad de una vivienda”. 

Los informes de la Guardia Civil se detienen en la figura de Beatriz Millán Arroyo, hermana de la alcaldesa y en el hecho de que fuera contratada por las empresas de Roselló en 2008, año del inicio de los pagos a la alcaldesa por el ático. Ana Millán dijo en el juzgado que su hermana superó un proceso de selección para un trabajo acorde a su formación de trabajadora social y Roselló añadió que él no supo en un principio de esa contratación porque en aquel momento sus empresas funcionaban a pleno rendimiento y tenía una gran cantidad de empleados y volumen de negocio. 

La UCO ha requerido información a la Agencia Tributaria en este sentido y ha encontrado que Beatriz Millán Arroyo comenzó a cobrar en 2008 de dos sociedades de Roselló, GE Escuelas Urbanas y Fundación GE Social. Compaginó los ingresos de ambas de tal manera que entre el citado 2008 y 2016 cobró de la primera 93.861,88 euros y de la segunda, solo entre 2008 y 2010, 34.093, 86 euros, según declaró a Hacienda. Un total de 127.955,74 euros en esos ocho años. 

En sus primeros informes del caso, los agentes de la UCO dieron con un hallazgo que les hizo pensar que podía estar relacionado con el caso. Ana Millán ingresó entre 2008 y 2017 un total de 52.950 euros metálico en el banco en distintas y repetidas visitas a su ventanilla. Ella le dijo al juez que su pareja, Juan Pedro Santos Ceballos, con quien convive desde 2007, trabaja en la “hostelería” y “el mundo de la noche” y que le entregaba a dinero en metálico para los gastos comunes. 

La Guardia Civil ha descubierto que a los pocos meses de irse a vivir con Ana Millán, en 2008, Santos Ceballos comenzó a trabajar para una UTE de empresas de Francisco Vicente Roselló Baldó, encargos por los que declaró 37.578,04 euros en tres años en concepto de “rendimientos del trabajo y de actividades económicas”. Como los pagos por el alquiler o los contratos de la hermana de la alcaldesa, los ingresos de la pareja de Millán procedentes de Roselló arrancan en 2008. La UCO ya ha solicitado al juez diligencias para esclarecer la relación comercial del novio de Millán y el empresario imputado.

La familia Millán Arroyo incorporó a sus vidas en el año 2008 a un empresario de nombre Francisco Vicente Roselló Baldó. Por aquel entonces, esa familia de Arroyomolinos tenía una peculiaridad: Ana, la hermana mayor, que conocía de antes a Roselló, ya era concejala del pueblo. A partir de ese año, tanto la edil, como el joven con el que llevaba algo más de un año conviviendo, y su hermana Beatriz, trabajadora social, empezaron a ingresar distintas cantidades de Roselló por distintos conceptos. El empresario también tenía su particularidad: sus empresas eran contratadas por la Concejalía de Ana Millán.

El juez investiga si una colaboradora de Ayuso disfrazó la mordida de un empresario como el pago de un alquiler

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En 2019, Ana Millán Arroyo se convirtió en alcaldesa de Arroyomolinos, la localidad madrileña que más ha crecido en los últimos años. Desde hace un mes y medio es, además, número 3 del PP de Madrid. Su amiga Isabel Díaz Ayuso ha confiado en ella para el decisivo puesto de vicesecretaria de Organización, pese a conocer que la relación de Millán y el empresario Roselló les valía a ambos una imputación por corrupción en un juzgado de Navalcarnero: tanto la alcaldesa como su hermana habían ingresado dinero de las empresas del empresario imputado, una por un alquiler bajo sospecha, y la otra, contratada por dos de sus sociedades. 

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