La Ley Orgánica de Régimen Electoral General prevé que los diputados tengan que explicar el tamaño de sus bienes al llegar al Congreso y en el momento en el que se dejan sus cargos. Es la única manera de conocer fehacientemente la evolución patrimonial de sus señorías durante el desempeño de sus cargos y los salarios que hubieran podido percibir al margen de su actividad en el Congreso. Sin embargo, el Congreso permite que la transparencia se escape por una puerta trasera, al eximir a los diputados de presentar su declaración de bienes al abandonar el puesto.
En una comunicación dirigida a todos los parlamentarios, el Congreso les recuerda que tienen un plazo de 30 días desde la disolución de las Cortes para presentar una declaración actualizada pero les da instrucciones específicas para aquellos que prefieran no hacerlo. ¿Qué ocurre con los parlamentarios que no presentan su declaración en el plazo previsto? Nada. La Mesa no la reclama y da por hecho que no han registrado variaciones respecto a su primera declaración.
Así se explicita en el acuerdo adoptado por la Mesa el pasado 5 de octubre y a cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es. Según esa decisión, “en el caso de no presentarse declaración final de bienes y rentas (...) se considerará como tal, la resultante de las presentadas anteriormente por el parlamentario”.
Dicho de otro modo, si los diputados no actualizan su declaración de bienes, el Congreso da por sentado que sus cuentas corrientes y el resto de su patrimonio no ha sufrido variaciones en esos cuatro años.
En la práctica, esta decisión permite que los parlamentarios oculten al Congreso sus posibles incrementos patrimoniales. El objetivo de esta declaración es compararla con la que los diputados presentan al entrar en el Congreso, y controlar los posibles incrementos patrimoniales durante la legislatura.
La declaración que rellenan los diputados debe incluir las rentas percibidas, las viviendas en propiedad, el saldo de sus cuentas corrientes, sus vehículos, si poseen acciones de empresas o si tienen deudas con los bancos. Sin embargo, se trata de un formulario impreciso, en el que cada diputado decide la información que quiere detallar.
Desde la Cámara argumentan que el proceso de declaración de bienes se fundamenta “en el principio de confianza” hacia los diputados. El Congreso confía en que los parlamentarios rellenen el impreso con información veraz y detallada y entiende que aquellos que no presentan la declaración al final del mandato es porque no tienen nada más que añadir.