El Ministerio de Defensa ha accedido a la petición de baja definitiva de la Guardia Civil de una agente de Vitoria que fue acosada por su jefe directo durante más de un año y que no fue ayudada por sus superiores cuando les relató la situación que estaba sufriendo en su puesto de trabajo. El departamento que dirige Margarita Robles le otorga la “incapacidad permanente” por pérdida de las condiciones psicofísicas en acto de servicio como consecuencia del acoso laboral que sufrió, según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es. En consecuencia, la agente accederá a la pensión máxima, de unos 3.000 euros al mes. El acosador fue condenado en firme a un año de cárcel y el Estado, a hacerse cargo de la indemnización de la víctima.
La resolución revierte la doctrina tanto de la Administración como de los tribunales que, por regla general, no califican como ocurridas en acto de servicio las situaciones de acoso —laboral o sexual— que tienen lugar en el ámbito laboral, según recoge el informe. La consideración habitual es que el servicio no es el “productor” o “autorizante” del acoso y que éste es imputable a título individual a su autor, no a la institución.
De hecho, esta es la posición que mantuvo en el expediente el director general de la Guardia Civil, que se mostró favorable a la declaración de incapacidad permanente pero “en acto de no servicio”. Sin embargo, la asesoría jurídica del Ministerio de Defensa sí ve en este caso una relación de “causalidad directa” entre el trastorno de estrés postraumático que sufre la víctima y las vicisitudes del servicio prestado en el instituto armado.
La resolución constata que la situación de acoso fue “prolongada en el tiempo, persistente, desarrollada siempre en el ámbito de la Guardia Civil y en horario laboral”. Y apunta que fue la conducta del teniente —que era su jefe directo— el “desencadenante” de su estado físico y psicológico actual. La víctima no tenía “rasgos predisposicionales” que la hicieran “especialmente psicovulnerable” y sólo empezó a sufrir síntomas tras el “trato denigrante” de su jefe directo, afirma. En el procedimiento judicial los médicos certificaron que padecía un trastorno de ansiedad y una depresión irreversibles e incapacitantes para volver a ejercer como agente de la Guardia Civil.
Además, la resolución de Defensa recuerda que los tribunales acreditaron que el superior de la víctima —un guardia civil con rango de capitán— era “conocedor” de la situación. La agente le contó lo sucedido y pidió un cambio de ubicación, pero este se negó, según recogen las sentencias del caso. La razón que alegó fue que en su puesto se necesitaba gente con mucha experiencia y que en ese momento no tenían ningún sustituto. Sí accedió a prohibir al teniente salir con ella en inspecciones y le exigió que dejara de contactar con ella aunque especificando que, fuera del trabajo, no tenía nada que decirle.
“Control permanente” de su vida
La situación de acoso se produjo en 2016, cuando ambos estaban destinados en la Intervención de Armas y Explosivos de Vitoria. Un año antes habían mantenido una breve relación a lo largo de unos pocos meses. Pero fue cuando coincidieron en ese emplazamiento cuando empezó lo que los jueces definieron de forma unánime como una “actitud de control permanente sobre su vida personal y profesional” a través de mensajes, llamadas y reuniones injustificadas en el despacho del teniente. Todo a pesar de que ella imploraba que le dejase en paz y de que lo bloqueó en el teléfono móvil.
El acoso se fue recrudeciendo y de nada sirvió acudir a sus superiores. De hecho, la actuación del capitán fue duramente criticada por los tribunales que examinaron el caso y se tradujo en la condena del Estado como responsable civil subsidiario. “La víctima se vio huérfana de amparo por parte de su superior, el Jefe de la Intervención de Armas y Explosivo”, dijo el Tribunal Militar, que determinó que la situación de acoso empeoró y nadie hizo nada hasta que la guardia civil cogió una baja por depresión y ansiedad. Los médicos que examinaron a la víctima afirmaron en sus informes que esta falta de apoyo cronificó la situación.
El teniente hizo caso omiso a las órdenes del capitán y siguió acosando por teléfono y en persona a la agente. Incluso aprovechó días en los que se quedaba al mando de la Intervención de Armas para salir con ella en las inspecciones que hacían en armerías y cartucherías y continuar con el acoso para que ella retomase la relación con él. La investigación por acoso no se inició hasta que los partes médicos de la agente llegaron a sus superiores.
Las sentencias del caso muestran, además, cómo el teniente intentó quitar hierro a su actuación y cómo los superiores de la víctima no tomaron ninguna medida efectiva para acabar con el acoso que estaba padeciendo la agente. De hecho, el condenado reconoció episodios de acoso pero llegó a afirmar que “era de broma” o que “igual era un poco pesado” con algunas formas de abordar constantemente a la víctima.
Las pruebas y testimonios descartaron por completo la versión del acosador. Un teniente coronel, por ejemplo, llegó a afirmar en el juicio que cuando conoció el caso entendió que era una situación similar a la violencia de género“. Varios compañeros de la comandancia relataron episodios de acoso y una agente relató cómo acompañaba al coche a la víctima al salir del trabajo para evitar que se encontrara a solas con el acosador.
Ahora, ocho años después y tras un largo procedimiento judicial, el Ministerio de Defensa ha concedido a la agente la pensión máxima al establecer una vinculación entre al acoso que sufrió y su trabajo como guardia civil.