Cuatro años después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la Generalitat de Catalunya, las derechas vuelven a agitar el mecanismo que permite al Gobierno central hacerse con competencias autonómicas. Esta vez, a cuenta de la decisión del Tribunal Supremo de inadmitir un recurso del Govern contra las sentencias que obligan a fijar en el sistema educativo catalán un mínimo del 25% de clases en castellano. El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que active el procedimiento para asumir las competencias en Educación, y le ha ofrecido el apoyo de los senadores de su partido. Ciudadanos también ha hecho la misma petición.
La consecuencia de la providencia del Supremo, hecha pública el martes, es el final del sistema de inmersión lingüística tal y como estaba diseñado. Un modelo que ha estado en la picota judicial desde la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, emitida en 2010. Desde entonces han gobernado a nivel estatal los dos principales partidos, el PSOE y, sobre todo, el PP.
Casado acudió este miércoles a la puerta de la Delegación del Gobierno de Madrid, donde un puñado de policías nacionales se concentraron contra la reforma de la ley mordaza. El presidente del PP llegó, hizo declaraciones, un par de fotos y se volvió a marchar de un acto donde coincidió con el líder de Vox, Santiago Abascal, y los dirigentes de Ciudadanos Edmundo Bal y Begoña Villacís. Ninguno se cruzó palabra, al menos en público. De hecho, Casado y Abascal no estuvieron ni juntos en la foto oficial con los convocantes. Entre los asistentes destacaban las banderas de España y del pseudosindicato del partido ultraderechista.
“La Generalitat ya ha dicho que no va cumplir la resolución del Supremo y ha derivado la responsabilidad a los centros”, arrancó Casado, quien señaló a continuación la responsabilidad del Gobierno de coalición de “hacer cumplir las sentencias”. “Si la Generalitat se declara en rebeldía, Pedro Sánchez tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para que se cumpla”, continuó. “Le ofrecemos los votos para que España aplique directamente esa sentencia en la Educación en Catalunya”, añadió, para concluir que, si no lo hace, “Sánchez podría estar prevaricando”. “Le ofrezco los senadores para aplicar el 155”, zanjó.
También la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reclamado que se aplique el 155 y, de hecho, ha arremetido contra el PP por intentar apropiarse de esta propuesta. “Bienvenidos, porque el PP levantó el 155 en 2018 cuando todavía no se cumplían las sentencias, se adoctrinaba”, aseguró en una declaración en el Congreso. “Que actúen, porque nosotros ya advertimos de que no se habían solucionado los problemas”, ha añadido.
De hecho, en mayo de ese año, el por entonces líder de Ciudadanos reclamó al presidente del Gobierno, un Mariano Rajoy al que apenas le quedaban días en la Moncloa aunque por entonces no lo sabía, que extendiera la aplicación del 155 para controlar los Mossos, TV3, las finanzas y la política exterior de Catalunya.
Para entonces ya había un nuevo Govern en la Generalitat. Tras las elecciones de diciembre del 2017, convocadas por el Gobierno central precisamente en aplicación del 155, Junts, ERC y la CUP mantuvieron la mayoría absoluta del Parlament, pese a que Ciudadanos ganó aquellos comicios. Arrimadas fue la candidata, aunque en 2019 desembarcó en el Congreso para acompañar a Albert Rivera en la doble cita electoral de aquel año.
Aquella fue la época con los mejores resultados electorales de Ciudadanos: triunfo en Catalunya y tercera fuerza en el Estado, con 57 escaños, en abril. En la repetición de noviembre se desplomaron hasta los 10 diputados, por detrás incluso de ERC.
En cuanto a Vox, mantiene su posición maximalista. Si el pasado 10 de septiembre Abascal pidió un “155 permanente” que no tiene cabida en la Constitución, el martes dijo querer “suspender la autonomía” catalana.
De hecho, la aplicación del artículo 155 de la Constitución establece una serie de requisitos entre los que están, por ejemplo, que el Gobierno debe especificar qué se está incumpliendo por parte del ejecutivo autonómico, así como las medidas concretas que se quieren poner en marcha desde la administración central. La tesis de una aplicación generalizada o inconcreta que esgrimen Ciudadanos y Vox no tiene mucha cabida.
Para ponerlo en marcha es necesario el apoyo de la mayoría absoluta del Senado. En 2017 el PP la tenía, pero aún así el PSOE le dio su apoyo. Ahora, sería imprescindible que ambos partidos sumaran sus votos para llegar a la mitad más uno de los senadores, toda vez que es impensable que grupos como el de ERC o el del PNV se prestaran a promover la iniciativa.
La ofensiva de las derechas se produce justo cuando el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos han cerrado la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar los Presupuestos de 2022, que recogen ya las inversiones de los fondos europeos y que dotan a la legislatura de estabilidad para que Sánchez la alargue, si quiere, hasta su final natural previsto para 2023.
El Gobierno, de momento, ha señalado que es la Generalitat de Catalunya la que debe hacer cumplir las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. Pero el Govern ya ha dicho que no tiene intención de hacerlo, lo que puede anticipar una disputa entre ambos ejecutivos. Si la aprobación de las cuentas públicas del año que viene no peligra, sí lo hace el apoyo a otras materias. Por ejemplo, Pedro Sánchez ya asume el retraso de la Ley de Memoria precisamente por no poder atraer a ERC, que la consideraba insuficiente.
Pero en la agenda legislativa del Gobierno hay cuestiones cruciales, como la derogación de la reforma laboral o la redefinición del sistema de pensiones, para las que PSOE y Unidas Podemos sí precisan de los votos de los independentistas catalanes, entre otros. Y ambas forman parte de las leyes que España ha comprometido ante Europa.
La ministra de Educación, Pilar Alegría, aseguró este miércoles que “hay que ejecutar la sentencia porque es firme”. Desde el Ministerio apuntan que le corresponde al TSJC, y no al Gobierno, instar a que se aplique la resolución judicial, de acuerdo con la ley 29/1998 de la jurisdicción contenciosa administrativa. Si en dos meses no se cumpliese la sentencia y la Generalitat persistiese en la desobediencia, entonces las partes afectadas sí podrían solicitar la ejecución forzosa. También el líder del PSC, Salvador Illa, ha reclamado que se cumplan las sentencias.
Durante esos dos meses las derechas ejercerán una gran presión sobre el Gobierno, tal y como ha puesto de manifiesto la reacción a la resolución del Supremo. Pero ya será en otros escenario, con los Presupuestos aprobados y una tensión menor sobre Moncloa.