La expulsión de Teresa Rodríguez, el primer intento de los grandes partidos para aplicar el Pacto Antitransfuguismo más allá de los ayuntamientos

Teresa Rodríguez durante un pleno en el Parlamento de Andalucía en Sevilla.

La polémica expulsión de Teresa Rodríguez y otros ocho diputados (la mayoría anticapitalistas) del grupo de Adelante Andalucía del Parlamento andaluz, materializada el pasado jueves, se justificó por parte de los grupos que apoyaron dicha salida en la Mesa de la cámara autonómica –PSOE, Vox y Ciudadanos, el PP se abstuvo– en la acusación de "transfuguismo" realizada por Unidas Podemos contra su exdirigente autonómica, que abrió una nueva brecha en la izquierda andaluza hace dos semanas.

El Pacto Antitransfuguismo se extiende a todas las administraciones con el acuerdo de PSOE, PP, Podemos y Cs entre otros

El Pacto Antitransfuguismo se extiende a todas las administraciones

El argumento de la coalición confederal es que Rodríguez y los suyos abandonaron la agrupación y fundaron el partido Anticapitalistas con el que pretendían mantenerse en el mismo grupo parlamentario, lo que a juicio de la dirección de Unidas Podemos se ajusta a la definición de tránsfuga que, según la Real Academia Española de la lengua y los textos jurídicos vigentes, es toda "persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato". Los afectados, en cambio, rechazan la acusación de transfuguismo y llevarán la expulsión ante los tribunales.

La decisión adoptada por la mayoría de la Mesa del Parlamento de Andalucía ha sido, en la práctica, el primer intento por aplicar el Pacto Antitransfuguismo más allá del ámbito municipal o provincial. El acuerdo, suscrito por las principales fuerzas políticas en 1998 –en los últimos años se han ido adhiriendo los nuevos partidos– y actualizado en años posteriores, nació con el objetivo de reducir las situaciones de transfuguismo en las corporaciones locales.

Pero el pasado día 11 de noviembre, PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, PSC, PNV, Izquierda Unida, BNG, Partido Aragonés Regionalista, Foro Asturias y Galicia en Común aprobaron una adenda al texto inicial –la tercera– con el compromiso de extender el Pacto Antitransfuguismo a todas las administraciones públicas. Este nuevo acuerdo, al que por el momento no se ha sumado Anticapitalistas –el partido fundado por Rodríguez, origen del enfrentamiento con Unidas Podemos–, se adoptó en la Comisión de Seguimiento del Pacto que gestiona el Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige Carolina Darias.

"Una forma de corrupción"

Según Francisco Hernández Spínola, secretario de Estado de Política Territorial, esta extensión del pacto tanto al ámbito autonómico como a la administración central del Estado "representa un acuerdo por la estabilidad institucional y un firme compromiso de continuar combatiendo el transfuguismo en todas las esferas institucionales, como una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas".

"La actualización del Pacto representa un avance importante en la calidad democrática y además refuerza el criterio para que el tránsfuga no reciba premio o privilegio", señaló la semana pasada Hernández Spínola, que expresó la "satisfacción del Ministerio de Política Territorial y Función Pública por el acuerdo alcanzado y por las mejoras que se introducen para impulsar el trabajo de la Comisión de Seguimiento".

La adenda aprobada incorporó la voluntad de los firmantes de extender las medidas del acuerdo al ámbito autonómico y estatal, de forma que las fuerzas políticas se comprometen a impulsar la urgente modificación de los reglamentos de las cámaras legislativas y los reglamentos orgánicos de las corporaciones locales para adaptarlos a los Acuerdos del Pacto Antitransfuguismo. Asimismo, los partidos que suscribieron la actualización del pacto se comprometieron a impulsar una iniciativa legal en la que se modifiquen las normas cuyo contenido queda afectado por los acuerdos, como la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley Orgánica de Régimen Electoral o la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

Hasta que se aprueben las reformas, las fuerzas políticas se comprometieron, asimismo, a que las Mesas de los parlamentos autonómicos utilicen como criterio interpretativo la aplicación analógica de la normativa contenida en la Ley Básica de Régimen Local que plasmó negro sobre blanco el Pacto Antitransfuguismo, o cualquier otra que adecúe el sentido originario de que las personas tránsfugas adquieran la condición de no adscritas aun siendo mayoría en el grupo.

Una "aberración jurídica"

Precisamente este punto es el que ha sido esgrimido por Unidas Podemos para solicitar la expulsión de Rodríguez y los suyos del grupo de Adelante Andalucía. La dirigente de Anticapitalistas denuncia, de hecho, que su salida ha sido una "aberración jurídica", amparada en un Pacto Antitransfuguismo que se coció y aprobó en Madrid, y que ha redefinido el concepto de "tránsfuga" para que encajase como un calcetín a su marcha de Podemos para quedarse en Adelante Andalucía bajo el paraguas de otra formación, informa Dani Cela.

Los afectados acusan a los partidos firmantes de la Mesa de la Cámara de "prevaricar", y llevarán su expulsión a los tribunales, en última instancia ante el Constitucional, alegando que los propios servicios jurídicos del Parlamento andaluz advertían de una posible vulneración de sus derechos de representación política. A Rodríguez y los otros ocho diputados expulsados de Adelante Andalucía les afectará, también, otro de los puntos suscritos el día 11 por los firmantes del Pacto Antitransfuguismo, que se refiere a los ingresos y que contempla el refuerzo del criterio de que la persona tránsfuga no pueda disfrutar de los derechos económicos y administrativos que les corresponden a los grupos políticos.

En la adenda suscrita la semana pasada se contempla, asimismo, la extensión de las medidas del Pacto a los cargos públicos no electos por sufragio directo sino designados por mecanismos indirectos a través de las asambleas legislativas autonómicas o por las concejalías de su fuerza política en el partido judicial, así como los designados en instituciones y organismos dependientes o en los que existe representación de las administraciones públicas

En la reunión del Pacto, los partidos firmantes se comprometieron también a elegir en próximas reuniones a los miembros de la Comisión de Expertos Independientes que actuará en los casos en que, en el ámbito de la Comisión de Seguimiento del Pacto contra el Transfuguismo, y solo a solicitud de ésta, se produzcan discrepancias sobre la concurrencia de un caso de transfuguismo, y decidirá por voto mayoritario de 3/5 de la misma.

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Publicado el
22 de noviembre de 2020 - 21:54 h

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