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Noticia servida automáticamente por la Agencia Europa Press

Fernández Norniella pide al juez que no le ponga fianza porque ha pagado los 175.400 euros de su 'tarjeta black'

EUROPA PRESS

MADRID —

En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la defensa de Fernández Norniella, quien entró en 2006 en el Consejo de Administración presidido por Miguel Blesa, aporta en esta pieza separada del 'caso Bankia' el resguardo justificativo de la transferencia efectuada el pasado miércoles por un notario de Madrid a favor de la cuenta de consignaciones del Juzgado Central de Instrucción número 4.

Fernández Norniella explica que entregó en depósito dicha cantidad al mismo notario el pasado 31 de octubre para que estuviera a disposición de la Fundación Caja Madrid y del juzgado, aunque la heredera de la caja de ahorros no ha reclamado los perjuicios ocasionados por el supuesto quebranto de 15,5 millones de euros ocasionado con las 'tarjetas black'.

Así las cosas, ha decidido transferir los 175.400 euros a la cuenta de consignaciones del juzgado y, por ello, entiende que es “de todo punto innecesaria” la adopción de ninguna medida cautelar sobre él.

LA FUNDACIÓN CAJA MADRID RECHAZÓ CINCO VECES EL DINERO

Durante su comparecencia ante el juez del pasado martes, Norniella explicó que trató de devolver en cinco ocasiones a la Fundación Caja Madrid los 175.400 euros que gastó con su 'tarjeta black' pero que siempre le devolvieron las transferencias y que la última vez le pidieron que no volviera a insistir. Según ha dicho, también hizo otra transferencia de 9.700 euros a Bankia.

Norniella, que ha intentado regularizar su situación con Hacienda a través de declaraciones complementarias, se mostró convencido de la legalidad de los “gastos discrecionales” que realizó con su visa y dijo que siempre pensó que la entidad se ocupaba de la tributación fiscal y que los cargos se incluían en el informe de gobierno corporativo de la caja.

Es uno de los 27 exconsejeros de Caja Madrid a los que el juez ha citado a declarar esta semana como imputados por un delito de administración leal, que habrían cometido por autorizar el uso de los plásticos, y otro de apropiación indebida, que se podría atribuir a los 82 exdirectivos que los utilizaron.