El Ministerio Público (MP-Fiscalía) de Honduras anunció hoy la creación de una unidad especializada para investigar a 562 policías dados de baja del organismo de seguridad por estar supuestamente involucrados en ilícitos.
La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial estará adscrita a la Dirección General de Fiscalía y bajo el mando de un fiscal jefe que será nombrado por el fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, indicó el Ministerio Público en un comunicado.
La Comisión para la Depuración y Transformación de la Policía de Honduras entregó a finales de agosto al Ministerio Público 66 expedientes por denuncias contra 562 miembros de la Policía hondureña, incluidos tres generales, por diferentes delitos.
Uno de los integrantes de esa Comisión, Omar Rivera, dijo este martes que esperaba que el fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, pusiera “su mejor empeño” en investigar a los oficiales supuestamente implicados en delitos.
“Confiamos en el fiscal, pero debe de apretar un poco el acelerador y darse cuenta que es anhelo de la población ver a los policías corruptos con juicio abierto y al que corresponda, sancionado”, afirmó.
El objetivo de la nueva unidad especializada de la Fiscalía será “velar por que se realicen, en forma exclusiva, las investigaciones conducentes a establecer la veracidad de los hechos denunciados, determinando en forma objetiva la existencia de delito y la responsabilidad de los denunciados”, apuntó el organismo judicial.
Los fiscales que integren esa unidad especial estarán bajo “la coordinación, supervisión y dirección técnica” del director general de Fiscalía, José Duarte, quien también tendrá la responsabilidad de elegir al equipo que investigará a los policías dados de baja.
El Ministerio Público “cumplirá con su deber constitucional en representación del interés general de la sociedad, garantizando que se hará una correcta interpretación de la Ley, certificando que se luchará para que la aplicación de la justicia sea igual para todos los hondureños”, señala la información oficial.
Desde que inició operaciones, en abril pasado, la comisión depuradora ha evaluado a 1.515 oficiales, de estos 628 han sido dados de baja, lo que representa el 41,4 % del total, según un informe de ese comité presentado este martes en Tegucigalpa.
La depuración de la Policía fue acelerada por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, tras la denuncia del diario hondureño El Heraldo y The New York Times, en abril, sobre oficiales y otros agentes que supuestamente participaron en el crimen en 2009 del zar antidrogas Julián Arístides González.
Según las publicaciones, el asesinato de González, por el que hasta ahora nadie ha sido enjuiciado, fue supuestamente planificado por la cúpula de la Policía y otros cargos a petición de un narcotraficante hondureño.
Agentes y oficiales también planearon el asesinato del ex asesor en materia de narcotráfico Alfredo Landaverde, en diciembre de 2011, y del fiscal Orlan Chávez, en abril de 2013, según la denuncia publicada por el diario El Heraldo, que se edita en Tegucigalpa.