El Frente Amplio plantea una ley para expropiar viviendas a los fondos buitre
La candidata del Frente Amplio a las elecciones generales, Ada Colau, anunció este viernes que el programa de la alianza incluirá entre sus propuestas una ley para expropiar viviendas a las empresas que las utilizan para hacer negocio con ellas. En una primera fase, explicó Colau, la norma afectaría a los fondos con más de 1.000 pisos en alquiler, pero posteriormente habría una segunda y una tercera fases para expropiar los inmuebles a las compañías que tengan la titularidad de más de 50 viviendas.
“Es intolerable que hayan fondos de inversión extranjeros que vienen a nuestras ciudades, compran viviendas a granel como si fueran manzanas, los compran a precios muy inferiores de los que podría comprarlos la gente que vivimos aquí, y encima lo que hacen es especular y poner precios absolutamente abusivos”, sostuvo Colau este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en Málaga. La candidata del Frente Amplio aseguró que la norma es perfectamente “viable”, y prometió que las expropiaciones se llevarían a cabo “inmediatamente” si la alianza “entra con fuerza el próximo 29 de noviembre al Congreso de los Diputados” y forma parte del Gobierno.
La ley propuesta por el Frente Amplio se dirige exclusivamente a personas jurídicas, es decir, a empresas, y no a los grandes tenedores que sean personas físicas. “Las familias que tienen su casa o un piso en alquiler quedan fuera, el objetivo son las grandes empresas que han convertido la vivienda en un activo financiero”, explicó Colau, que cargó contra PP y Vox porque, aseguró, “quiere seguir dando alfombras rojas a los especuladores, alfombras rojas para que sigan expulsando a nuestros vecinos de los barrios, poniendo apartamentos turísticos legales e ilegales por doquier y expulsando a una población trabajadora que ya no llega a final de mes por culpa del precio de la vivienda”.
De ponerse en marcha, la norma propuesta por el Frente Amplio se aplicaría en tres fases sobre el parque residencial de los grandes tenedores corporativos. En un primer momento, tan solo se verían afectadas por las expropiaciones las entidades con más de 1.000 viviendas en propiedad, “como Blackstone o Caixabank”, explica la alianza. En una segunda fase el ámbito de aplicación de la ley se ampliaría hasta los propietarios de más de 700 pisos, mientras en una tercera etapa serían los fondos propietarios de más de 50 inmuebles los que se verían afectados.
Asimismo, el Frente Amplio exige “adscribir obligatoriamente todas las fincas urbanas y suelos residenciales de la Sareb al parque público de vivienda”. La formación argumenta que, dado que “la sociedad se creó en 2012 para absorber los activos inmobiliarios de la banca rescatada”, “lo que se rescató con dinero de todos tiene que volver a todos en forma de vivienda”.