La propuesta, que está compuesta por nueve puntos para “combatir” la “lacra” de la corrupción en España, será defendida en el Parlamento extremeño a través de una propuesta de pronunciamiento para la que el Ejecutivo autonómico espera contar con el “acuerdo” del “conjunto” del arco parlamentario.
Entre otras medidas, el Gobierno regional apuesta por que la citada ley estatal incluya la expulsión “inmediata” a los acusados de soborno como “obligatoria” en partidos políticos, patronal y sindicatos; así como que contemple que los condenados por corrupción deban responder patrimonialmente con “todos” sus bienes personales hasta devolver la cantidad afectada por el soborno.
En la misma línea, el Ejecutivo extremeño plantea que el soborno en España esté penado hasta con 10 años de cárcel como en Reino Unido; así como que el plazo de la prescripción del soborno se amplíe de los cinco años actuales a 10 años.
De este modo lo ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico celebrado este martes en Mérida la vicepresidenta extremeña, Cristina Teniente, quien ha avanzado que el Grupo Popular registrará la propuesta de pronunciamiento en cuestión en el Parlamento regional en las próximas horas.