El juicio del caso voto por correo, en el que figuran como investigados una treintena de dirigentes y exdirigentes del PSOE y de Coalición por Melilla por su supuesta relación con una trama de compra de votos en los comicios generales de 2008, arrancará el próximo 10 de octubre y se prevé que dure 9 meses.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado a Efe de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga con sede permanente en Melilla ha fijado el 10 de octubre como la fecha de inicio de este macrojuicio, y hasta el 18 de julio hay fechas señaladas para su celebración.
Por lo tanto, se prevé que el juicio se extienda durante algo más de nueve meses debido a la necesidad de espaciar las vistas orales con una frecuencia de unas dos semanales, aproximadamente, ya que si se celebraran todas en días consecutivos, la Audiencia Provincial no podría seguir atendiendo otros casos, han señalado fuentes judiciales.
Tres magistrados de la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla, presidida por Federico Morales, formarán parte del tribunal que se encargará de enjuiciar el denominado caso voto por correo.
Este caso, en el que figuran como investigados 17 dirigentes y exdirigentes socialistas y 13 de Coalición por Melilla (CPM) por su supuesta relación con una trama de compra de votos en las elecciones generales de 2008, ha celebrado hoy las cuestiones previas.
La Fiscalía de Melilla pide para los 30 investigados un total de 231 años de cárcel, además de 272 años de inhabilitación para empleo o cargo público y más de 1,1 millones de euros entre multas e indemnizaciones, por presuntos delitos electorales, de falsedad, asociación ilícita, prevaricación, y malversación de caudales públicos.
Durante la instrucción quedó de manifiesto la existencia de un “entramado” conformado por diversas personas que pretendieron la “obtención ilegítima” de votos a favor de la coalición que formaban entonces CPM-PSOE, incumpliendo los trámites establecidos para el voto por correo.
La Fiscalía señala “el desproporcionado incremento de votos por correo” que se dieron en aquellas elecciones, que se elevó hasta el 11,42 % del total, una cifra “desmesurada” pese a que cuatro años antes solo el 5,39 % del electorado envió su papeleta vía postal.