'Juicio' a Zapatero en el Senado: del bulo de la mina de oro al contrato sospechoso con un imputado del 'caso Plus Ultra'
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se gana la vida desde hace años con su actividad privada: trabajos de consultoría para distintas empresas y conferencias bien remuneradas. Es autónomo y paga a Hacienda el 45% de lo que factura, según cuenta su entorno. La imputación de su cliente, amigo y empresario Julio Martínez en el caso Plus Ultra —el supuesto desvío para fines ilegales de parte del préstamo de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a esta compañía— le ha puesto en aprietos.
La empresa Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez, pagó desde su creación en febrero de 2020 y hasta 2025 unos 600.000 euros brutos al consultor Zapatero y a la empresa de sus hijas por trabajos de asesoría y mercadotecnia, según adelantó El Mundo. A la vez, Julio Martínez ha ingresado en este tiempo con Análisis Relevante casi medio millón de euros de Plus Ultra por asesorías externas relacionadas, entre otras cuestiones, con problemas de la compañía aérea en Venezuela.
El PP sospecha que Julio Martínez puede ser el testaferro de Zapatero para sus negocios en el país latinoamericano y ha citado en el Senado al expresidente del Gobierno para que responda sobre todas las sospechas de corrupción que han difundido contra él en los dos últimos años, entre ellas el supuesto regalo de una mina de oro en Venezuela.
El rescate de Plus Ultra: un préstamo de 53 millones a una compañía con tres aviones y 350 trabajadores. El 9 de marzo de 2021, casi un año después del decreto de alarma que cerró España por la pandemia, Plus Ultra recibió del Gobierno 53 millones de euros en dos préstamos (uno ordinario de 19 millones y otro participativo de 34 millones) para evitar su quiebra por inactividad.
El gestor y máximo responsable del Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas era Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, nombrado para ese puesto en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Lora declaró en el Senado que no había recibido presiones de ningún miembro del Gobierno para adjudicar los préstamos a empresas en crisis, entre ellas a Plus Ultra: “Tramitamos unos expedientes en base a las normativas europea y nacional, con un procedimiento riguroso y tasado”. Hasta el pasado diciembre, Plus Ultra había cumplido con las obligaciones comprometidas en la concesión de los dos préstamos y ya había devuelto nueve millones de euros en intereses.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consideró a Plus Ultra, con licencia tipo A concedida en 2015, una compañía esencial como las otras 19 del mismo tipo existentes en España. Plus Ultra “tuvo una facturación en 2019 de 100 millones de euros, generó empleo directo a 350 personas y empleo indirecto a 2.500. Por tanto, es una compañía relevante, estratégica por el nicho de mercado que ocupa, y cumple los criterios para recibir ayudas vinculadas al Fondo de Solvencia”, explicó Montero en el Congreso cuando le preguntaron por el rescate.
El PP consideró insultante y sospechosa la ayuda del Gobierno a una compañía con una flota de apenas tres aviones (dos A340-300 y un A340-600) y una cuota de mercado “de un 5,9%, con lo cual queda muy lejos de ser una empresa estratégica y, por tanto, susceptible del rescate concedido”. Plus Ultra realizó 765 operaciones en 2019 sobre un total de 1.155.070 operaciones de pasajeros internacionales desde los aeropuertos españoles; y en el año siguiente, en plena pandemia, hizo 220 de un total de 352.652 operaciones.
La formación conservadora preguntó a distintos ministerios si los accionistas de Plus Ultra estaban siendo investigados por blanqueo de capitales en Andcapital Bank Internacional, o sobre los préstamos que tenían en Gibraltar o Suiza, o sobre los vínculos de una parte de la propiedad con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. No obtuvo respuesta.
Zapatero niega ahora que hiciera gestiones con miembros del Gobierno español para el rescate de la aerolínea, y mucho menos que cobrara por nada relacionado con esa operación. La única reunión que mantuvo con José Luis Ábalos, exministro de Transportes, fue posterior a la aprobación de la ayuda a Plus Ultra, según su entorno, y no trató sobre esa cuestión. Los informes que elaboraba para Análisis Relevante, cuentan, no trataron aspectos relacionados ni con este rescate ni con Venezuela.
La Fiscalía Anticorrupción presentó hace dos meses una querella por “uso indebido” de una parte del rescate de 53 millones de euros para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela. El pasado 12 de diciembre, la policía detuvo al presidente, cofundador y actual dueño de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; al consejero delegado, Roberto Roselli; y al asesor externo de la compañía y amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez. La Policía halló una especie de contrato por el que este empresario que contrató a Zapatero y a sus hijas cobraría de Plus Ultra una comisión del 1% (530.000 euros) en caso de que se lograra el rescate. También se hallaron 300.000 euros en billetes que Martínez Martínez atribuyó a la venta de una vivienda no declarada a Hacienda.
Análisis relevante: una empresa sin casi clientes que contrató a la familia Zapatero. Julio Martínez fundó la consultora Análisis Relevante en febrero de 2020, en vísperas de que España entrara en una larga pausa para combatir el coronavirus con un decreto que prohibió la mayoría de actividades económicas y encerró a los ciudadanos en sus casas.
Sergio Sánchez, un cargo relevante en el CNI durante el mandato del general Félix Sanz Roldan (2009-2019), adquirió por 1.000 euros el 25% de Análisis Relevante, una sociedad cuyo objetivo era conseguir clientes a los que vender informes geoestratégicos. Según ha explicado Sánchez a El Mundo y a El País, los clientes nunca llegaron, y él escribió los informes, por los que cobró apenas 18.000 euros mientras la empresa de las hijas de Zapatero se dedicaba a maquetarlos para enviarlos a los potenciales clientes.
Asegura que nunca supo que la empresa de la que era dueño en parte asesoraba a Plus Ultra. El entorno de Zapatero sostiene que Sánchez miente sobre los informes porque el expresidente escribió a mano muchos de ellos. Preguntado por esta circunstancia, Sergio Sánchez evita entrar en polémicas y se ciñe a lo explicado respecto a su participación en una empresa de la que ya no forma parte.
El falso regalo de una mina de oro en Venezuela. Hugo Armando el 'Pollo' Carvajal, exjefe de la contrainteligencia militar venezolana durante el mandato de Hugo Chávez y opositor al Gobierno de Nicolás Maduro desde 2019, desmintió desde la cárcel de Estremera (Madrid) un bulo que él mismo ayudó a difundir, que ya cumple cuatro años de vida y en el que se basan algunas de las denuncias presentadas y archivadas por la Audiencia Nacional contra Zapatero por narcotráfico y blanqueo de capitales, entre otros delitos. El 'Pollo' Carvajal envió en 2023 una carta manuscrita a Zapatero donde le pedía disculpas por las mentiras difundidas sobre el supuesto regalo de una mina de oro por parte del régimen venezolano y se comprometía a “subsanar el malentendido”.
La información publicada por primera vez en octubre de 2021 se basaba en un escrito del propio Hugo Armando Carvajal en el que denunciaba que “el hecho” de que una política colombiana, Piedad Córdoba, fallecida en 2024, señalara a Zapatero como “beneficiario de una mina donde predomina el oro y el diamante, ubicada en el extremo sureste del Estado Bolívar, fronterizo con la República Federativa de Brasil (…)” constituía “una prueba de cómo Nicolás Maduro privilegia, manipula y corrompe a políticos europeos que le dan reconocimiento internacional, a cambio de respaldar y avalar sus crímenes y violaciones de los derechos humanos en perjuicio del pueblo venezolano”. Una declaración confusa de Piedad Córdoba citando el nombre de Zapatero alentó una teoría conspirativa sobre la que no existía ni una sola prueba.
La asociación ultraderechista HazteOír presentó hace dos meses una querella contra Zapatero que aireaba el bulo de la mina de oro. El magistrado Antonio Piña archivó la denuncia tras pedir opinión a la Fiscalía: “En la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva, sino que se recogen conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo”. “Ni se puede afirmar el incremento patrimonial que se indica en la querella, ni que el mismo tenga relación con una actividad delictiva (...). Tampoco puede sostenerse que la colaboración con el Gobierno de Venezuela que en determinados ámbitos haya podido tener Zapatero sea suficiente para considerar que ayudaba de forma consciente al sostenimiento de una organización criminal”, escribió el juez Piña.
Durante los dos años que Hugo Armando Carvajal pasó en las cárceles españolas trató de evitar su traslado a Estados Unidos para ser juzgado. Su principal instrumento de persuasión consistió en ofrecer al juez información sobre tramas de corrupción en Venezuela que implicaban a dirigentes de Podemos. Carvajal llegó a denunciar sin pruebas que la petrolera PDVSA había pagado cientos de miles de euros a políticos de Podemos y que incluso uno de sus dirigentes, Juan Carlos Monedero, había llegado a recoger en mano en un hotel de Caracas 600.000 dólares que habían salido de la embajada de Cuba en la capital venezolana. Estas maniobras para evitar la extradición a cambio de lanzar acusaciones contra políticos de los partidos que gobernaban entonces España resultaron inútiles.
Unos meses antes de ser extraditado a Estados Unidos, el 'Pollo' Carvajal escribió una carta dirigida a Zapatero en la que empezaba ensalzando “su altura personal y compromiso democrático” y agradeciéndole sus gestiones para lograr la libertad de Miguel Rodríguez, primer ministro del Interior del Gobierno de Maduro (2013-2014) que acabó detenido y encarcelado por el régimen venezolano (2018) y pasó cuatro años preso hasta que fue expatriado a España.
Zapatero lleva más de 10 años negociando con el régimen de Maduro la liberación de presos políticos en Venezuela. Ha conseguido la libertad de más de 100 personas. Uno de los últimos en salir libre el pasado enero, Enrique Márquez, líder opositor venezolano, agradeció así el trabajo del expresidente español: “Cuenta con todo mi amor y cariño. Se portó con mi esposa como un hermano mientras yo estuve preso, la atendió, la consoló y le habló de esperanza y posibilidades. Y hoy si creo que el presidente Zapatero juega un papel aún hoy en Venezuela y espero que el tiempo lo reivindique dentro de una guerra de intolerancia que hay no solo en Venezuela sino también en España”.
Hugo Armando Carvajal señalaba en su carta de 2023 que fue un error no desmentir las acusaciones contra Zapatero y ensalzaba el hecho de que el expresidente calificara “sabiamente” de “surrealista” la información difundida sobre la mina de oro. El 'Pollo' Carvajal explica que las declaraciones de la política colombiana Piedad Córdoba en las que él se basó para sus acusaciones estaban “sacadas de contexto” y se ofreció a aclarar la “situación incómoda” y “subsanar el malentendido”. El exjefe de contrainteligencia militar venezolano admite que “medios de derechas” le llamaron, pero no quiso contestar: “Se nota la mala intención cuando se refieren a usted”.
El 'Pollo' Carvajal, encarcelado en España desde septiembre de 2021 a julio de 2023, rompió en 2019 con el Gobierno de Maduro, a quien acusó de asesinar a cientos de jóvenes en las calles y de matar a otros muchos venezolanos por falta de medicamentos y seguridad. La Audiencia Nacional autorizó en 2023 su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico.
El pasado 25 de junio, el fiscal estadounidense Jay Clayton anunció que Hugo Armando Carvajal se había declarado culpable de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y de participar en actividades de narcoterrorismo para beneficio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), delitos castigados en Estados Unidos con penas que llegan hasta la cadena perpetua. Clayton acusó al 'Pollo' Carvajal de coordinar en 2006 el envío de 5,6 toneladas de cocaína a Estados Unidos desde Venezuela en un DC-9 con matrícula. El avión había despegado en Venezuela y aterrizado en México donde las autoridades frustraron la operación y se incautaron del cargamento de droga.