Políticos e intelectuales de América Latina piden a Castro una verdadera “apertura”

Casi 70 políticos, académicos, periodistas y activistas de América Latina firmaron una declaración, divulgada hoy, en la que se muestran a favor de la normalización de relaciones entre Cuba y EE.UU. pero reclaman al Gobierno de Raúl Castro “un verdadero proceso de apertura política y social”.

Convocados por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), con sede en Buenos Aires, participan en el texto los expresidentes de Costa Rica Óscar Arias -también premio Nobel de la Paz en 1987- y Laura Chinchilla o el exministro de Cultura de Chile, el escritor Roberto Ampuero.

“Celebramos el creciente proceso de normalización en las relaciones cubano-estadounidense y la disposición de otros estados democráticos para incrementar su interacción con las autoridades de La Habana”, señalan en la declaración, para añadir que ven en este proceso “una oportunidad para estimular una mayor inserción de Cuba en el mundo y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos”.

A la par, los firmantes condenan en el texto, facilitado por Cadal a Efe, “la sistemática y continuada violación de los derechos humanos en la isla”, así como la “persistencia” de un modelo político centrado “en el control” de un partido único y la “represión abierta contra quienes se aparten de las líneas oficiales”.

También “la persistente discriminación de los cubanos frente a los extranjeros, en ámbitos que van desde los derechos económicos hasta el acceso libre a las comunicaciones y la información”.

Fuentes de Cadal señalaron que el perfil de los firmantes es en general el de “progresistas-socialdemócratas”, varios con importante trayectoria en derechos humanos.

El economista y exdirector de la Comisión Sectorial y de la Secretaría General del Mercosur, el uruguayo José Manuel Quijano; el diplomático y ex vicecanciller de Argentina Fernando Petrella; y el exvicepresidente de la Cámara de Diputados de ese último país Rodolfo Rodil figuran entre los adherentes al texto.

Señalan que “ha llegado la hora” de que como “deber ineludible ante su propio pueblo, el régimen encabezado por Raúl Castro emprenda un verdadero proceso de apertura política y social”.

“Y escuche las iniciativas de cambio de sus ciudadanos, mientras reactiva los tímidos cambios económicos anunciados con entusiasmo, pero paralizados en medio de la rigidez, el temor y la burocracia”, remarca la declaración, apoyada también por el excandidato a presidente en El Salvador Facundo Guardado y la diputada argentina en el Parlasur Lilia Puig.

En su opinión, “ha llegado la hora de que Cuba se abra a su propio pueblo” y no existe justificación alguna para “continuar impidiendo que los cubanos hagan valer los derechos y libertades elementales que les pertenecen”, y que son “ampliamente reconocidos” por los instrumentos universales de derechos humanos.

“El camino hacia una democracia plena debe emprenderse sin dilaciones. Cada nuevo retraso prolonga las precariedades y limitaciones del pueblo, dificulta las posibilidades de éxito y eleva los riesgos de conflicto interno”, destaca el texto.

Entre los aspectos que enumeran como necesarios se encuentran “garantías” como la libertad de expresión, de asociación, reunión y manifestación, así como la de movimiento dentro y fuera del territorio nacional; el derecho de petición ante las autoridades y poderes públicos, y el de elegir y a ser elegido, “en un ambiente de pluralidad, para todos los cargos públicos”.

También el derecho “a no ser detenido y encarcelado arbitrariamente”, a tener juicios justos ante tribunales independientes y a contar con mecanismos de defensa eficaces.

“La responsabilidad directa de poner fin a esta situación”, subraya la declaración, “es de la elite que domina a Cuba desde su partido único y Estado monolítico”.

Sin embargo, “se extiende a los gobiernos de América Latina, hasta ahora actores pasivos e, incluso, cómplices, ante las crónicas arbitrariedades y la parálisis del régimen”, asevera un informe también apoyado por el jurista argentino Jaime Malamud o el politólogo y superintendente Ejecutivo del Instituto Fernando Henrique Cardoso, el brasileño Sergio Fausto.