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El PP debe pagar 1,2 millones antes de 10 días si no quiere ser embargado en el caso de la caja B

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha requerido este lunes al Partido Popular para que abone 1,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria en el caso de la caja B. La decisión del magistrado se produce después de que los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como el antiguo gerente Cristóbal Páez no haya satisfecho el total de las cantidades requeridas. 

En una diligencia de ordenación, el magistrado asegura que los mencionados no han alcanzado a “cubrir la totalidad de las cantidades exigidas” en concepto de responsabilidad civil. El PP había sido citado hoy en el Juzgado de la Mata para comunicarle la cantidad y el plazo. 

En el auto de apertura de juicio oral, el magistrado estableció que el PP debería abonar 1.245.154,18 euros (1.024.987,14 por el delito fiscal de 2008 más 220.167,04 por el de 2007). De esta forma, si cualquiera de los tres exempleados del PP no cubrían el total de las cantidades exigidas, el PP sería reclamado, como ha ocurrido, para que cubra lo que falta hasta un máximo de 1,2 millones. 

El juez José de la Mata dictó apertura de juicio oral contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; el exgerente Cristóbal Páez; el arquitecto de las obras de Génova, Gonzalo Urquijo, su socia y una empleada. Todos ellos serán juzgados a consecuencia de la investigación de la caja B del PP, con la que la formación se financió irregularmente durante al menos dos décadas.

Los seis acusados responderán por delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública.

Para los seis restantes imputados, el juez fijó fianzas que oscilan entre los casi 9 millones de euros de Bárcenas y Lapuerta y los 6,1 millones para el arquitecto Gonzalo Urquijo y las empleadas Belén García y Laura Montero. Al sexto de los acusados le impuso una fianza de 7,4 millones de euros. Estas cantidades incluyen el concepto de multa, la responsabilidad civil y el tercio que establece la ley.